A nivel nacional el 75.6 % de los mexicanos tiene acceso a internet (hace apenas cinco años esa cifra sólo alcanzaba el 63.7 %). Prácticamente 8 de cada 10 mexicanos son usuarios de telefonía celular (en 2017 esa cifra era de 72.1 %) y 4 de cada 10 cuenta con una computadora (45.2 % en 2017). Aunque estos números suponen un avance, no permiten observar el estado en cada una de las entidades federativas, cuyas dinámicas son distintas dado su propio contexto.

Conocemos las necesidades de la población; conocemos la ubicación exacta de las localidades con mayores carestías; contamos con recursos de gasto federalizado cuya normatividad establece las prioridades de gasto de inversión, y, pese a todo, no hemos logrado disminuir el rezago social de las comunidades con mayor pobreza. ¿En qué estamos fallando?

Las consecuencias graves del cambio climático podrían evitarse si los gobiernos adoptaran medidas rápidas para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero. El poder o capacidad que tengan los gobiernos nacionales y subnacionales para implementar políticas efectivas podría llevar a alcanzar las metas previstas.

Los gobiernos que están iniciando su mandato tienen la oportunidad de comenzar con un buen paso, de avanzar hacia un pensamiento más estratégico y a lo largo de un proceso; no en función de un plazo limitado que culmina en un evento que presenta un documento de planeación a la sociedad.

El marco jurídico de los estados y municipios sigue insistiendo en la planeación como la base de la toma de decisiones. Pero este proceso pasa de largo al verdadero sentido que tienen las intervenciones públicas: la resolución de los problemas de la sociedad.