Los principales hallazgos de este ensayo sugieren que la cancelación del Seguro Popular en México y su reemplazo por el Insabi tuvieron efectos negativos en el acceso de las personas sin seguridad a los servicios de salud, especialmente cuando estos eran de mayor importancia debido a la crisis sanitaria de 2020.

Las políticas económicas en las entidades federativas mexicanas configuraron agendas locales para enfrentar la pandemia. Las medidas intentaron contrarrestar los efectos económicos de las políticas de “permanece en casa” y del cierre de negocios. A pesar de la pronta respuesta, los gobiernos estatales tuvieron dificultad para establecer agendas amplias y diversas acordes a su estructura administrativa.

Esta nueva serie de reformas en materia de salud confirma el regreso a un modelo antifederalista que concentrará ahora, no solo la infraestructura sanitaria de la mayoría de los estados, sino también los recursos etiquetados para atender a las personas sin seguridad social.

Los gobiernos municipales tienen la capacidad de contribuir de forma significativa con las políticas públicas para el fomento de la innovación tecnológica. Deberían ser considerados aliados esenciales por el gobierno federal o los estatales que usualmente se concentran más en el financiamiento de proyectos específicos o en la construcción de infraestructura pertinente.

La Ciudad de México tiene un total de 51 077 manzanas; 28 016 no cuentan con rampas para silla de ruedas. Es decir, el 54.8 % de las calles de esta ciudad no son transitables para las personas cuya discapacidad les dificulta moverse.