Los análisis sobre los programas sociales se concentran en la Federación. Las grandes transferencias nacionales, sus padrones masivos y su centralidad política han dejado en segundo plano otra capa del mapa social poco explorada, pero igual de relevante: la que construyen los estados.
Una revisión de los programas operados en 2025 por las 32 secretarías estatales de bienestar muestra que los gobiernos locales sí sostienen una oferta propia de intervención. Esa oferta, sin embargo, no aparece distribuida de manera homogénea entre derechos y ámbitos de atención. Más bien, se concentra en ciertas modalidades de apoyo, en algunos ámbitos de atención y en poblaciones específicas.
Como parte de una investigación en curso sobre política social subnacional, construimos una base de datos del repertorio de programas sociales a cargo de las secretarías estatales de bienestar en 2025. Para ello, revisamos exhaustivamente la información pública disponible y la contrastamos con los registros alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia; después, clasificamos cada programa por modalidad de apoyo, derecho o ámbito atendido y grupo poblacional.
La base clasifica 303 programas sociales operados por las 32 secretarías estatales de bienestar durante 2025. Ese universo no está repartido uniformemente: muestra diferencias importantes entre entidades, pero sobre todo revela tres concentraciones nacionales muy claras. La primera está en la forma de intervención, donde predominan los apoyos monetarios que conviven con una presencia importante de apoyos en especie y servicios; la segunda, en los ámbitos atendidos, donde infraestructura social e ingreso ocupan el primer plano; y la tercera, en la población objetivo, donde destaca la población en situación de marginación.
No se trata, entonces, de que los estados no hagan política social, sino de que la despliegan como una oferta focalizada: concentrada en ciertos instrumentos, en algunos ámbitos de atención y en poblaciones específicas. Analicemos los hallazgos.
Más allá del dinero: cómo intervienen los estados
El primer hallazgo tiene que ver con la forma de intervención. La modalidad monetaria es la más frecuente en la oferta estatal de las secretarías de bienestar estatales: la base registra 113 programas de este tipo. Pero el panorama no se agota ahí, pues también aparecen 77 programas de apoyos en especie, 74 de servicios y 39 de infraestructura social y desarrollo comunitario. La política social de los estados desplegada en sus programas sociales, por tanto, no puede leerse sólo como una réplica local de las grandes transferencias federales. Más bien, lo que se observa es una combinación de instrumentos en la que el dinero ocupa el primer lugar, pero convive con formas de provisión más directas y territorializadas.
Esa mezcla, sin embargo, no está distribuida de manera uniforme. Hay entidades donde la lógica monetaria es claramente dominante. Guerrero, por ejemplo, concentra 15 programas de este tipo y, además, los orienta hacia un nicho particularmente específico: el gremio periodístico. En el extremo opuesto, Chiapas rompe con el patrón nacional al registrar cinco programas de servicios y ninguno monetario dentro de la base.
También hay casos donde la modalidad monetaria se articula menos como nicho y más como ingreso dirigido a grupos amplios o definidos por ciclo de vida, como la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México o la Tarjeta Violeta en Baja California.
En otras palabras, la transferencia monetaria encabeza la oferta, pero no la agota: su peso convive con repertorios estatales distintos, donde bienes, servicios y pequeñas obras siguen teniendo un lugar relevante.
Pocos ámbitos concentran buena parte de la oferta
El segundo hallazgo aparece al mirar los derechos o ámbitos atendidos. Dos rubros concentran buena parte de la oferta programática estatal: infraestructura social, con 88 programas, e ingreso, con 67. Después vienen salud, con 29; vivienda, con 25; alimentación, con 24; seguridad social, con 22; y educación, con 20. Más abajo aparecen no discriminación, con 8, y justicia, con 4. En esta base, además, no aparece ningún programa clasificado principalmente en medio ambiente.
La distribución importa porque muestra que la política social estatal no cubre de manera balanceada el conjunto de derechos y ámbitos incluidos en la clasificación. Más bien, parece volcarse hacia la atención de carencias materiales visibles: vivienda, pisos, techos, cuartos, apoyos al ingreso o infraestructura comunitaria. Guanajuato es un buen ejemplo de esa concentración: en la base aparece con once programas inscritos en infraestructura social, entre ellos intervenciones como Embelleciendo mi colonia o Servicios básicos para la gente. Quintana Roo ofrece otro caso ilustrativo: su programa Obras del Bienestar se orienta a vivienda e infraestructura mediante apoyos en especie.
La otra gran concentración está en el ingreso. Programas como el Ingreso Ciudadano Universal en la Ciudad de México, Apoyo a la Palabra en Veracruz o Microcréditos del Bienestar en Yucatán muestran que, junto con la infraestructura, la protección de la economía de los hogares ocupa un lugar central en la oferta estatal. Lo que estas experiencias sugieren no es la inexistencia de otros derechos, sino una jerarquía muy clara en las prioridades estatales.
El bienestar se organiza, sobre todo, alrededor de poblaciones
El tercer hallazgo es quizá el más importante. La categoría poblacional con mayor presencia en la base es la de población en situación de marginación, con 85 programas. Le siguen personas adultas y población en general, con 59; niñez, adolescencia y juventud, con 37; y mujeres, con 25. En el otro extremo aparecen grupos mucho menos frecuentes, como colectivos LGBTQ+, periodistas o instancias gubernamentales.
Esto sugiere que una parte importante de la oferta estatal se ordena menos por una lógica de cobertura equilibrada de derechos que por la identificación previa de poblaciones objetivo. El punto de partida no siempre parece ser qué derecho debe garantizarse, sino a quién se busca atender. Esa lógica se vuelve especialmente visible cuando se observan casos que pueden describirse como de hipersegmentación. Guerrero concentra 13 programas dirigidos exclusivamente a periodistas. Chihuahua, por su parte, organiza parte de su oferta alrededor de la población indígena, con metas explícitas de atención en sus programas.
La segmentación también se expresa en portafolios exclusivos para mujeres, visibles en programas como Tarjeta Rosa en Guanajuato, Mujeres Renacimiento en Yucatán o Fuerza Rosa en Coahuila, así como en intervenciones dirigidas específicamente a colectivos LGBTQ+, como Diversifómetro en Michoacán.
Incluso cuando los estados atienden ámbitos similares —salud, ingreso, alimentación o vivienda—, lo hacen con padrones y puertas de entrada distintas. Esto no significa que los derechos desaparezcan del diseño. Hay programas que articulan dos o más ámbitos de atención a la vez y otros que ofrecen servicios relativamente abiertos. Pero la fotografía de conjunto muestra una política social subnacional fuertemente atravesada por la focalización.
Un federalismo social con perfiles propios
Vistos en conjunto, estos patrones permiten matizar una idea muy extendida: que los estados sólo administran los márgenes de la política social nacional. La evidencia reunida aquí sugiere algo más complejo. Las entidades federativas sí despliegan una oferta propia de bienestar, pero lo hacen con combinaciones muy distintas de instrumentos, prioridades y poblaciones objetivo. En unas domina la transferencia monetaria; en otras, la infraestructura o los servicios; en algunas, la focalización en grupos amplios en situación de marginación; en otras, la atención a nichos muy específicos.
Conviene no exagerar el alcance del hallazgo. Esta base permite mapear de manera trazable programas, modalidades, ámbitos atendidos y poblaciones objetivo, pero no mide cobertura efectiva, presupuesto ejercido ni impacto social. Tampoco permite concluir que un estado atienda mejor que otro a su población.
Lo que esta base deja ver no es una ausencia de política social estatal, sino una manera específica de construirla. En 2025, los estados sostuvieron una oferta propia de bienestar, pero no como un repertorio equilibrado de derechos, sino como una arquitectura focalizada que privilegia ciertos instrumentos, concentra esfuerzos en infraestructura social e ingreso y organiza buena parte de su intervención alrededor de poblaciones segmentadas. Vista así, la política social subnacional no es una simple sombra de la Federación: es un terreno propio del federalismo mexicano, donde cada entidad define de manera selectiva qué atender, cómo hacerlo y a quién priorizar.
Programas sociales de las Secretarías de Bienestar de las entidades federativas en 2025
Manuel Ignacio Martínez Espinoza
Rodrigo Alejandro Corzo Hernández