Imaginemos por un momento no tener a la mano un teléfono celular, una computadora o un televisor. A ese escenario imaginario sumemos no contar con acceso a internet. El resultado sería una vida con comunicación lenta, un limitado y difícil acceso a la información, trámites engorrosos, y hasta un menor conocimiento de cómo se encuentran nuestros seres queridos o cercanos. Hace cuatro décadas, eso era totalmente normal dado el avance tecnológico de la época. Pero hoy es prácticamente imposible desarrollar nuestra vida sin alguno de estos dispositivos que permiten conectarnos a internet y por ende con el mundo.
Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos permiten realizar gran parte de las actividades en el día a día. Tal es su importancia, que la Declaración de Principios de Ginebra (conjunto de normas que constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario) recomienda a los países establecer la infraestructura suficiente para dotar de conectividad a la sociedad a través de las TIC, y reconocer que todas las personas deben tener acceso a éstas. En México, desde 2013, el artículo sexto constitucional señala que el Estado debe garantizar el derecho al acceso a TIC a través de una política de inclusión digital universal.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que a nivel nacional el 75.6 % de los mexicanos tiene acceso a internet (hace apenas cinco años esa cifra sólo alcanzaba el 63.7 %). Prácticamente 8 de cada 10 mexicanos son usuarios de telefonía celular (en 2017 esa cifra era de 72.1 %) y 4 de cada 10 cuenta con una computadora (45.2 % en 2017).
Porcentaje de la población mexicana con acceso a TIC
Aunque estos números suponen un avance sólo reflejan un promedio nacional, mismo que no permite observar el estado del ejercicio de este derecho en cada una de las entidades federativas, cuyas dinámicas son distintas dado su propio contexto. La realidad indica que el acceso a las TIC es muy desigual. Al desagregar los datos a nivel estatal se muestra que en entidades como Chiapas y Oaxaca apenas la mitad de los hogares tienen acceso a dichas herramientas. En cambio, dentro de la Ciudad de México, Sonora y Baja California, prácticamente 8 de cada 10 hogares cuentan con acceso a internet, una computadora o un teléfono celular.
Hogares con acceso a TIC por entidad federativa
Si analizamos estos mismos datos, pero ahora considerando el tipo de tecnología con el que cuentan los hogares, se observa que el dispositivo más frecuente es el teléfono celular. En todos los estados de la República, por lo menos 8 de cada 10 casas cuentan con uno. Nuevamente, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan los últimos lugares, aunque los niveles que presentan son muy cercanos a los de la Ciudad de México, Baja California y Nuevo León, que son las entidades que mejores números tienen en cuanto a presencia de telefonía celular. Cabe destacar que, de acuerdo con un reporte sobre la cobertura móvil elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 83 % de los municipios en México tienen cobertura de estas tecnologías móviles, situación que facilita su uso en prácticamente cualquier región.
Hogares con acceso a telefonía celular por entidad federativa
En cuanto a la presencia de por lo menos una computadora en los hogares mexicanos, se observan grandes diferencias entre los estados e incluso es el dispositivo tecnológico con menor uso. Mientras que, de nueva cuenta, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero sólo 3 de cada 10 hogares cuentan con un ordenador, en entidades como Ciudad de México, Baja California y Nuevo León el 60 % de los domicilios tiene alguno.
Hogares con acceso a computadora por entidad federativa
Pese a que el teléfono celular y la computadora pueden utilizarse sin internet, su uso se potencializa cuando pueden acceder a la red. Debido a que permite realizar múltiples actividades, la conexión a internet incluso puede ser considerada como un facilitador de derechos, por ejemplo al de la información (que conlleva aprendizaje y por ende favorece el ejercicio del derecho a la educación), o al de la libertad de expresión. En consecuencia, la conexión a internet debe ser la principal variable para medir el avance que se tiene, en cada entidad federativa, sobre el acceso a las TIC.
Precisamente, al examinar dicha variable, se encuentra la mayor desigualdad entre territorios. En Oaxaca y Chiapas sólo 3 de cada 10 hogares cuentan con conexión a la web, en tanto que lugares como Sonora y Ciudad de México tienen un acceso cercano al 90 %. En pocas palabras, por cada vivienda que tiene internet en Chiapas, existen tres en Sonora o Ciudad de México con esa condición. Además de esta tremenda diferencia, es importante hacer notar que existen diez estados que tienen a la mitad de sus viviendas sin acceso a internet.
Hogares con acceso a internet por entidad federativa
Los datos revelan que la política de inclusión digital universal, establecida en el artículo sexto constitucional, no ha tenido el mismo grado de avance en todo el territorio nacional. A raíz de estipularse el derecho al acceso a las TIC, el gobierno de Enrique Peña Nieto echó a andar el programa “México Conectado”, cuyo principal objetivo era instalar puntos de acceso a internet en espacios públicos como escuelas, bibliotecas, clínicas, hospitales, centros de salud básicos, oficinas de gobierno, particularmente en lugares apartados y de difícil acceso. De acuerdo con los lineamientos del programa, la instancia encargada del mismo era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), que fue la máxima responsable de la ejecución de dicha política.
Con base en una evaluación externa, se instalaron más de 100 000 puntos de acceso a internet en todo el país, aunque originalmente el objetivo de instalación eran más de 250 000. Pese a ello, una investigación periodística reveló que desde 2019 el 47 % de los puntos instalados ya no tienen el servicio debido a que los contratos para brindar conectividad llegaron al término de su vigencia y no fueron renovados. Las entidades más afectadas fueron el Estado de México, con 8177 sitios sin servicio; Nuevo León, con 4899; y Tabasco, con 4230.
En retrospectiva, la decisión de no renovar los contratos obedeció a que, en 2021, la actual administración desapareció “México Conectado” para sustituirlo por el programa “Internet para Todos”. Este último a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro. En pocas palabras, la estrategia de inclusión digital universal pasó de instalar puntos de conexión en sitios públicos a llevar esa conexión a las viviendas mexicanas. En teoría, el objetivo de este nuevo programa parece loable porque llevaría el internet hasta los usuarios a través de la instalación de antenas que amplíen la cobertura de internet móvil gratuito, en lugar de sólo hacerlo en sitios públicos.
Aunque fue anunciado en mayo de 2021, el programa aún no cuenta con reglas de operación que permitan delimitar la población objetivo, las comunidades a atender y en general la manera en que operará. Además de ello, al igual que en “México Conectado” no se establecen con claridad las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos locales y ayuntamientos en esta estrategia nacional para contribuir al uso de las TIC. En una breve revisión a los programas implementados por las entidades federativas, se observa que la repartición de dispositivos (principalmente computadoras y tabletas electrónicas), acompañada de la instalación de accesos a internet en oficinas gubernamentales son las principales herramientas para fomentar el uso de las TIC, sin embargo, son esfuerzos aislados que cada entidad lleva por su cuenta.
Por ello, es crucial una verdadera política nacional que contribuya a hacer efectivo nuestro derecho de acceso a TIC a través de la coordinación e integración de las acciones, tanto del sector público (en todos sus niveles de gobierno) como de la iniciativa privada y la sociedad civil, a fin de acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en México. Sólo mediante ella, podremos avanzar equitativamente en el uso del internet, que representa una pieza clave para el fortalecimiento de los derechos humanos. De lo contrario, temas como salud digital, educación a distancia, eficiencia gubernamental, gobierno abierto, inclusión financiera, por mencionar algunos, seguirán pendientes y el acceso a TIC se convertirá en un derecho ejercido sólo por algunos, ampliando la, ya de por sí, gran desigualdad que se vive entre las entidades federativas.
Luis Javier Cortés Adame
Licenciado en Ciencia Política por la UAM y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE