A la mitad del camino establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los limitados resultados alcanzados en las diferentes regiones del país deben ser un llamado de atención para mejorar las políticas públicas con miras al vencimiento de la Agenda 2030.

Los datos de la ENCIG muestran que sí es posible mejorar la provisión de servicios públicos. Esto es, de hecho, lo que han estado haciendo la mayoría de las entidades a un paso lento, pero generalmente consistente. Hay dos aspectos sobre los que hay que poner la lupa.

Más allá de los aciertos y resultados de la actual política de desarrollo social, debe quedar pendiente en la agenda impulsar la perspectiva de cargas administrativas, a fin de que los programas sociales de México continúen diseñándose e implementándose cada vez de formas más efectivas e incluyentes para todas las personas.

Veracruz tiene grandes retos en materia de administración pública. Esto implica profesionalizar la burocracia, adoptar políticas públicas integradas y una gestión orientada al ciudadano.

Si hay en el horizonte un consuelo para presenciar, en tiempos de alta polarización política, algún proceso reivindicador del debate público sustancioso, vale la pena seguirle el rastro a lo que sucede con la evaluación, ahora en un rol dinámico y creciente en la política de los estados.