La corrupción es uno de los grandes males de nuestro país. Este fenómeno ha sido estudiado hace décadas desde una perspectiva nacional, lo cual ha dejado fuera a los gobiernos municipales. Este vacío en la literatura ha sido llenado por el surgimiento del Marco de Consolidación de la Corrupción (MCC) en Gobiernos Locales.

El combate a las brechas de género requiere de información desagregada, accesible y oportuna. Sin embargo, como muestra este análisis, la disponibilidad de la información es heterogénea y, en muchos casos, insuficiente para tomar decisiones informadas.

Trasladar las atribuciones del Inai a la SFP y los órganos internos de control carece de sustento empírico y de lógica pública: no se puede ser juez y parte, especialmente cuando no se cuenta con la especialización y cuando los cuestionamientos pudieran derivar en hallazgos políticamente sensibles para la autoridad.

Las intervenciones de las entidades federativas dirigidas a las personas con discapacidad tienen dos problemas centrales. En primer lugar, las líneas de acción no corresponden a las barreras de los infantes y adolescentes. En segundo lugar, no existe una clara definición de la problemática, la población a atender, ni los objetivos que persiguen. En este sentido, la discapacidad se aborda de forma generalizada, sin hacer hincapié en cada una de las barreras (discriminación, pobreza, servicios y políticas públicas insuficientes, acceso limitado a la educación).

¿Cuáles son los efectos de la corrupción en las políticas públicas? Esta pregunta ha estado en la mira de diversas investigaciones y no ha obtenido una respuesta contundente, sobre todo a nivel municipal.