El pasado 11 de septiembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos en Materia de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, marcando el inicio de una nueva etapa en la agenda de apertura informativa en México. Esta publicación forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración institucional que incluye la entrada en vigor del nuevo marco de transparencia, la creación de nuevas autoridades garantes y del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, la transferencia de la rectoría de los datos abiertos a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el lanzamiento de la nueva Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA).
Con la publicación de estos lineamientos, emerge un cambio de paradigma en la manera en que el Estado mexicano busca gestionar, publicar, distribuir y reutilizar datos públicos de forma estratégica. Los datos abiertos pasan a constituir una infraestructura esencial del gobierno digital. Bajo esta lógica, la política de apertura de datos impulsa criterios técnicos, estandarizados e interoperables orientados a maximizar el valor social de la información. Este nuevo modelo invita a examinar la relevancia de esta agenda, la trayectoria que México ha recorrido en este ámbito y los retos que enfrenta para convertir los datos abiertos en una herramienta efectiva de fortalecimiento democrático.
De herramienta técnica a infraestructura estratégica
En los últimos años, los datos abiertos pasaron de ser un tema secundario a ocupar un lugar central en el acceso a la información. Su importancia creció no solo por la digitalización gubernamental, sino porque tecnologías como la inteligencia artificial requieren datos estructurados, accesibles y de calidad para amplificar su impacto. Según la Open Data Charter, los datos abiertos son aquellos que cualquier persona puede usar, reutilizar y compartir libremente. Pero más allá de la definición, lo relevante es su capacidad de generar beneficios concretos como servicios públicos más responsivos, políticas basadas en evidencia, mecanismos de rendición de cuentas más efectivos y oportunidades de innovación que impulsen un crecimiento inclusivo. Organismos internacionales, como el Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU, han subrayado que los datos abiertos son mucho más que archivos disponibles en línea: son un recurso estratégico para modernizar al Estado, fortalecer la democracia y acercar a la ciudadanía con sus instituciones.
Trayectoria institucional: avances normativos y debilidad estructural
La trayectoria institucional de los datos abiertos en México ha estado marcada por la producción de diversos instrumentos normativos y estratégicos que han buscado consolidar esta agenda como política pública. Estos esfuerzos han permitido formalizar principios y establecer marcos de acción, pero también han mostrado límites derivados de la falta de continuidad, la fragmentación operativa y la escasa articulación entre niveles de gobierno.
Entre los múltiples hitos que pueden señalarse, destacan algunos ejemplos ilustrativos: el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal (2011), que definió formalmente los datos abiertos como información pública digital, accesible y reutilizable, y estableció un marco técnico y organizacional para su implementación; la Estrategia Digital Nacional (2013) que reforzó esta visión al reconocer los datos abiertos como infraestructura para la innovación colectiva y el diseño de políticas basadas en evidencia, incluyendo iniciativas de participación social y mecanismos de evaluación transversales; la adhesión de México a la Carta Internacional de Datos Abiertos (2015), que reafirmó el compromiso del país con esta agenda, alineando sus prácticas con estándares globales y fortaleciendo su legitimidad como política pública.
En 2021, la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021 – 2024 (PTGAyDA) propuso un marco administrativo integral estructurado en tres ejes, con énfasis en la publicación proactiva de información útil, estructurada y de alto valor social. Finalmente, la publicación de la Política Nacional de Datos Abiertos (ConDATOS) en noviembre de 2023 consolidó un enfoque estratégico y colaborativo, resultado del proceso de co-creación iniciado en la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 2021. Esta política incorporó mecanismos de coordinación liderados por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia (ambos ya extintos), así como guías de implementación dirigidas a sujetos obligados de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Más que una política pública consolidada, la trayectoria de los datos abiertos en México muestra una sucesión de esfuerzos normativos sin continuidad ni arraigo institucional. Esa fragilidad ha mantenido la apertura informativa como una promesa recurrente, más cercana a la aspiración que a la práctica estructural.
Diagnóstico: avances frágiles y brechas persistentes
Las limitaciones institucionales señaladas en la trayectoria normativa encuentran un reflejo directo en los resultados empíricos. Las mediciones de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) (2019, 2021 y 2023), permiten dimensionar con mayor precisión la distancia entre el diseño formal y la implementación práctica, tanto a nivel estatal como por tipo de sujeto obligado.
En 2019, el valor promedio del componente de datos abiertos fue de 0.10, con ocho estados sin datos disponibles. Para 2021, el promedio ascendió a 0.16 y sólo una entidad federativa quedó fuera del registro. Sin embargo, en 2023, el promedio cayó nuevamente a 0.08 y cinco estados no alcanzaron el umbral mínimo de publicación, lo que evidencia la fragilidad de los avances a nivel local. Aunque el gobierno federal ha mantenido una posición destacada en las tres mediciones, únicamente algunas entidades —como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas— han logrado niveles altos de cumplimiento (ver Figura 1).
Figura 1. Resultados del Componente de Datos Abiertos en distintas ediciones de la Métrica de Gobierno Abierto, por entidad federativa
Fuente: elaboración propia, con base en la MGA 2019, MGA 2021 y MGA 2023.
Aun entre las instituciones con mejores resultados, los conjuntos de datos publicados muestran carencias técnicas que reducen su valor práctico. Estas limitaciones dificultan su aprovechamiento y debilitan la utilidad de la transparencia como mecanismo de vigilancia democrática. La política de apertura informativa continúa dependiendo de decisiones discrecionales, sin estructuras sólidas que aseguren continuidad, calidad o beneficio público.
Por tipo de sujeto obligado, los resultados de la MGA confirman la persistencia de brechas estructurales. Dentro del conjunto evaluado, las entidades del Poder Ejecutivo han mostrado un desempeño relativamente superior, con valores promedios de 0.17 en 2019, 0.31 en 2021 y 0.18 en 2023, aunque sin alcanzar el cumplimiento óptimo. En contraste, partidos políticos y sindicatos han permanecido al margen del ecosistema, con registros escasos o nulos (ver Figura 2).
Figura 2. Resultados del Componente de Datos Abiertos en distintas ediciones de la Métrica de Gobierno Abierto, por tipo de sujeto obligado
Fuente: elaboración propia, con base en la MGA 2019, MGA 2021 y MGA 2023.
En suma, la MGA revela que, pese a avances puntuales, la apertura de datos en México carece de la solidez necesaria para convertirse en política pública estructural. Este déficit no solo limita su impacto inmediato, sino que plantea la necesidad de repensar los mecanismos de coordinación, exigibilidad y continuidad que podrían darle un carácter verdaderamente transformador.
Rediseño institucional: centralización técnica y coordinación en clave federal
La política de datos abiertos en México entró en una nueva etapa al colocar a la federación en el centro de la estrategia. En este nuevo esquema, la ATDT, a través de su Dirección General de Inteligencia de Datos (DGID), asumió el papel de instancia rectora, con atribuciones para formular políticas, emitir lineamientos, definir estándares técnicos, evaluar la viabilidad de publicación y coordinar acciones en la materia. Esta centralización busca superar la fragmentación operativa y profesionalizar la apertura informativa bajo criterios técnicos y estratégicos.
Los Lineamientos consolidan esta arquitectura institucional. Tienen carácter vinculante para la Administración Pública Federal (APF), pero permiten la adhesión voluntaria de poderes locales, órganos autónomos y entidades que ejerzan recursos públicos. De este modo, además de su aplicación en la APF, funcionan como referente nacional al ofrecer un marco técnico y metodológico que facilita alinear catálogos, fortalecer la interoperabilidad y potenciar el valor social de la información.
Para garantizar su operatividad, cada dependencia debe contar con un Área Coordinadora de Datos Abiertos, responsable de conducir los procesos de apertura, validar conjuntos y asegurar su incorporación en la PNDA. El Catálogo de Datos Abiertos opera como inventario único, estructurado bajo formatos estandarizados que aseguran calidad contextual, accesibilidad e interoperabilidad, preservando la independencia de cada institución y garantizando la actualización continua de la información. Además, cada institución tiene la obligación de elaborar un Plan Institucional de Publicación con fechas de actualización y prioridad en conjuntos de alto valor social —como registros oficiales, sistemas institucionales y datos utilizados en herramientas digitales—, asegurando que su apertura cumpla con criterios de utilidad, estructura, disponibilidad sin restricciones y protección de datos personales.
Asimismo, los Lineamientos regulan el funcionamiento de la PNDA como herramienta que concentra las bases de datos de la APF en un portal interactivo de consulta entre gobierno y ciudadanía. El instrumento define perfiles de usuario, tipos de acceso y establece que la PNDA opere de forma independiente de los portales institucionales, con prioridad en la publicación dentro de ella. También fija procesos de gestión y validación, módulos de búsqueda y visualización, así como medidas de seguridad para la protección de la información, bajo la administración de la DGID de la Agencia.
Al derogar políticas previas como ConDATOS (2023) y la PTGAyDA 2021–2024, los Lineamientos actualizan el marco normativo y sientan las bases para un modelo de gobernanza más robusto, interoperable y orientado al valor público. Su consolidación dependerá de la capacidad institucional para sostener su implementación más allá del diseño técnico, mediante mecanismos efectivos de coordinación, supervisión, capacitación y participación ciudadana. Este nuevo andamiaje normativo, sin embargo, abre interrogantes sobre su alcance real y sobre las condiciones necesarias para que trascienda el plano central.
Desafíos del nuevo modelo federal: fragmentación, capacidades y sostenibilidad
El rediseño institucional supone un avance en la consolidación normativa de los datos abiertos, pero su implementación abre tres desafíos centrales. El primero corresponde al alcance normativo: los Lineamientos son obligatorios sólo para la APF, mientras que la adhesión de otros poderes, órdenes de gobierno y organismos autónomos depende de decisiones voluntarias. Esto puede reproducir la fragmentación y generar distintos niveles de compromiso. En otras palabras, mientras la federación ya cuenta con una política y con instrumentos claros, el reto consiste en determinar cómo —y si— otros niveles de gobierno (en especial las entidades federativas) participarán en este esfuerzo. De esa decisión dependerá que los datos abiertos sean adoptados como una política transversal y un verdadero ecosistema nacional, en lugar de una suma dispersa de iniciativas confinadas al ámbito central.
El segundo desafío está vinculado con las capacidades técnicas. La centralización en la ATDT exige especialización, pero también demanda que cada institución publicante desarrolle competencias propias. La heterogeneidad entre estados es evidente: algunos han avanzado en prácticas de apertura, mientras otros mantienen rezagos por falta de infraestructura, experiencia o personal especializado. Para evitar que la política quede confinada al centro, es necesaria una estrategia de transferencia de capacidades que equilibre el terreno institucional y permita a estados y municipios actuar como actores activos del modelo federal.
El tercer desafío es la sostenibilidad. La permanencia del modelo depende de que las instituciones preparen, validen y difundan datos de calidad de manera continua. Sin mecanismos que trasciendan los ciclos administrativos y la voluntad política, los avances corren el riesgo de diluirse. En un país federal, esta fragilidad se multiplica: sin incentivos claros ni arreglos de coordinación intergubernamental, los estados y municipios pueden fragmentar la política. La clave está en construir esquemas de cooperación que aseguren continuidad y consoliden a los datos abiertos como una práctica estable y compartida en todo el territorio.
Entre promesa técnica y transformación democrática
La evolución de los datos abiertos en México muestra una tensión constante entre el diseño normativo y la práctica institucional. En dos décadas, esta agenda pasó de ser un recurso técnico marginal a convertirse en infraestructura estratégica para la gestión pública y la innovación democrática. Sin embargo, su consolidación ha estado marcada por avances fragmentados, discontinuidades y brechas que limitan su potencial transformador.
El nuevo modelo impulsado por la ATDT y los Lineamientos configuran un cambio de paradigma en la gobernanza de los datos abiertos. Ya no existe una política nacional unificada y el tema se desvincula de la agenda de transparencia para articularse bajo criterios técnicos, estandarizados e interoperables del gobierno digital. Esta arquitectura normativa busca corregir deficiencias y proyectar una política más robusta, especializada y orientada al valor público.
Pero en un país federal, el verdadero punto de inflexión no está en el diseño central, sino en su capacidad de irradiar hacia los estados y municipios. La sostenibilidad de la política dependerá de trascender administraciones, equilibrar capacidades institucionales y generar incentivos que integren a todos los niveles de gobierno en un mismo ecosistema.
En última instancia, la promesa de los datos abiertos como herramienta de transformación democrática no depende únicamente de su sofisticación técnica, sino de su capacidad para responder a necesidades sociales concretas, habilitar decisiones informadas y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones públicas. En ese sentido, el desafío no es sólo normativo, sino político y federal: construir una gobernanza plural, sostenible y territorialmente equilibrada, que convierta a los datos abiertos en un bien público compartido en todo el país.
Parte de las reflexiones aquí presentadas son desarrolladas con mayor profundidad en un artículo académico próximo a publicarse en la Revista Estudios en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Luis Edoardo Alpizar Vázquez
Maestro en Derecho, con especialidad en Derecho a la Información y Protección de Datos Personales por la UNAM.