Thomas Hobbes fue uno de los precursores de la teoría del contrato social, uno de los temas fundamentales de la teoría política. El contractualismo tiene su origen en la idea de que las personas de una sociedad primitiva, donde prevalece la violencia, deben pactar, y este pacto es fundacional para una nueva sociedad basada en el orden y algún tipo de justicia. Si bien éste último es complejo y requiere un análisis por separado, la idea de lograr una sociedad donde unos y otros no se aniquilen sigue siendo el norte de las sociedades políticas, donde ha quedado atrás el “estado de naturaleza”, una de las ideas centrales en Hobbes, y hemos evolucionado a Estados de derecho, al menos teóricamente. Recordemos que los politólogos analizamos lo que sucede a partir de las distancias generadas entre las ideas y las realidades, y a partir de esta separación podemos señalar el avance civilizatorio o no de las unidades de análisis, sean países, estados o municipios.
El caso de Michoacán, tras el cobarde asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, invita a reflexionar con mirada hobbesiana los alcances del Estado mexicano en materia de seguridad, sobre todo cuando el problema, en buena parte, sigue siendo de diseño institucional, y considerando que la solución no depende de un solo frente de batalla, sino de la articulación de esfuerzos por parte de las tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Culpar a un gobierno de lo sucedido es volver a la historia de agravios que, como país, tanto nos ha costado superar; ahora que, por ejemplo, se revive la tesis del segundo tirador de Luis Donaldo Colosio, aún cuando su propio hijo se ha pronunciado por el perdón y el cierre de un expediente tan ominoso como doloroso para la nación mexicana de los últimos treinta años. En el desafortunado recuento de nuestros magnicidios, deberíamos marcar distancia de la conmoción para pensar en términos estructurales, antes de sugerir teorías conspirativas.
Carlos Manzo fue privado de la vida, pero antes también fue ejecutado Bernardo Bravo Manriquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que había solicitado seguridad para los productores, que sólo después del aguacate, es el principal producto del campo de Michoacán. El día de su asesinato no llevaba la camioneta blindada y la escolta que solía usar. Desde hace años ser limonero o aguacatero en esa zona ha representado una serie de riesgos que, en una sociedad de leyes, no deberían existir, y sin embargo el problema se profundiza: la falta de seguridad equivalente a la ausencia del Estado, ahí donde grupos del crimen organizado imponen su propio orden; situación constante también en estados como Jalisco, pues basta recordar el lamentable caso de los jóvenes secuestrados y obligados a matarse unos a otros en Lagos de Moreno en 2023. Tácticas con referentes claros en el terrorismo de otras partes del mundo, pero que están instaladas en México, sobre todo después de la guerra contra el crimen organizado declarada por el presidente Felipe Calderón en 2007, cuando las masacres se hicieron casi cotidianas.
Si bien ha sido tratado en extenso, declararle la guerra al crimen organizado, después de asumir la presidencia de la República, no fue una estrategia de coordinación con poderes subnacionales;[1] hay que traer a la memoria el episodio conocido como Michoacanazo, que significó la aprehensión de una decena de presidentes municipales por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, decisión que pasó por alto la autoridad del gobernador en ese momento, Leonel Godoy; su antecesor, Lázaro Cárdenas Batel había establecido una coordinación inicial con el nuevo presidente que no prosiguió con Godoy. El proceder de Calderón fue errático en su estado natal, como errática era la estrategia de seguridad al mando de Genaro García Luna. Años después, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, la estrategia en Michoacán y otros estados “calientes” siguió las directrices formuladas desde el centro del país, para no aterrizar o hacerlo de forma accidentada, en las realidades locales. Se planeaba sin concretar, mientras aumentaban los homicidios dolosos, y delitos como el secuestro y la extorsión iban al alza.
No fue sólo Michoacán, Guerrero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y Jalisco con la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y enfrentamientos de mayor escala con el Ejército mexicano, dan cuenta de que al centro se le complicaron diferentes estados, fueran de su mismo signo partidista, el caso de Jalisco bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, o de diferente partido como en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre tuvo que dimitir después del escándalo de los normalistas desaparecidos.
En Michoacán, la falta de coordinación llevó también a la renuncia del gobernador priista Fausto Vallejo, que había sido un presidente municipal exitoso en Morelia, pero que no pudo con el encargo de pacificar al estado. Su reemplazo resultó una figura sui generis, que le inventaron a Alfredo Castillo, quien se instaló como gobernador de facto para articular una estrategia con conexión directa a Los Pinos. No importaba la nula experiencia del funcionario (empezó en la Profeco y terminó dirigiendo la Conade), sino la confianza que el presidente en turno le tenía. Castillo encabezó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán en 2014, mientras Salvador Jara, ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se convertía en gobernador sustituto. Hubo dos figuras, la protocolaria, en el caso del sucesor de Vallejo, y la del verdadero encargado de enfrentar a los reductos de La Familia Michoacana convertidos en Caballeros Templarios, y que poco a poco se sumaron a la hegemonía del CJNG: el mexiquense Castillo. Éste es el Michoacán que recibió en 2015 el nuevo gobernador Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia y uno de los últimos en enfrentarse abiertamente por diferentes temas, en especial la inseguridad, con el presidente de la República, pero ya en la era del lopezobradorismo.
Por todo lo anterior, volver a Hobbes puede ofrecer lecciones muy interesantes que, aunque fueron escritas hace cuatro siglos, dibujan lo esencial de nuestra situación. El Estado surge de un pacto entre iguales, y los hombres que establecen este pacto son conscientes de que ceder parte de su libertad al Leviatán les permitirá vivir con seguridad, porque la creación humana limitará lo que es propio de nuestra especie: el egoísmo, la avaricia, y la desconfianza de unos hacia otros. Se domina el instinto del miedo y se le reemplaza por la confianza, ya no hacia otras personas sino hacia el Estado, eje rector de la nueva convivencia, pues éste se instala con la capacidad de ejercer la fuerza contra quien rompa el pacto establecido. Parece sencillo, pero a Hobbes lo inspiró una situación imprevista para un país que había avanzado bajo el canon civilizatorio: la guerra civil inglesa del siglo XVII. Aunque Juan sin Tierra había firmado la Carta Magna en 1215, cuatro siglos después la violencia desatada entre realistas y parlamentarios sometió por cuatro décadas la vida pública, obligando al autor del Leviatán a exiliarse en Francia.
En la teoría de Hobbes: “El deseo de seguridad es […] inseparable del deseo de poder, medio actual de conseguir bienes futuros aparentes” y en su obra cumbre afirma que: “la inclinación general de la humanidad entera [es] un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente con la muerte”. Un deseo de seguridad, que después de tres sexenios de exacerbación de la violencia en México sigue siendo sobre todo un anhelo de los habitantes de contextos locales como Uruapan, en la medida que es en las geografías de provincia donde hay más ausencia estatal, y mayores incentivos para cometer crímenes como los que sacudieron al país en los últimos días. Como lo ha dicho Grecia Quiroz, viuda de Manzo: “Todo el mundo sabe en qué cerros alrededor de Uruapan están los delincuentes”.
También, Hobbes señala que:
La causa final, fin o designio de los hombres […] es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza.
Una condición de guerra silenciosa que en México tiene su propia actualidad, al no olvidar que ya han transcurrido casi dos décadas de conflicto fuera de proporción entre cárteles de la droga, con su correspondiente saldo ingente de personas asesinadas y desaparecidas.
Una visión hobbesiana del problema de seguridad pública en México implica rechazar la fácil atribución de culpas por consideraciones de grupo o partido político. Volver a la discusión acerca de nuestro diseño de país, de nuestra propia conservación y del contrato social en el que se fundamenta. Esta visión implica discutir y reafirmar las responsabilidades que competen a los distintos órdenes de gobierno bajo un Pacto Federal. Los desafíos que éste plantea en cuanto a falta de profesionalización y fácil cooptación de las policías municipales; analizar a fondo el recorte de recursos federales que antes formaban parte del Fortaseg y que después de 2019 se canalizan a través de otras partidas presupuestales sin poner al centro la decisión de los gobiernos municipales. La hoy presidenta municipal Grecia Quiroz afirma que a su esposo le dejaron tres patrullas inservibles. Por supuesto, también se debe fortalecer el trabajo de las Fiscalías estatales, y disminuir la cifra negra de delitos no denunciados, aunque esto de nada servirá si los delitos no se persiguen con eficacia y los delincuentes siguen actuando con impunidad.
La seguridad pública, como problema nacional, debe repensarse a partir de las realidades locales; desde la mirada de un presidente municipal o líder limonero plantándole cara al miedo en escenarios de confrontación directa donde ser autoridad no garantiza nada; desde una mujer que no se deja vencer por la adversidad y, sin dejar de ser madre de familia, asume en medio del duelo personal la responsabilidad que, junto con la vida, le fue arrebatada a su esposo. En suma, implica no perder de vista la pertinencia del pensador inglés que desentrañó la máquina de comportamiento humano y esa línea en la que convergen la psicología y la política, en la medida que Homo homini lupus, es decir: “El hombre es el lobo del hombre”. Es de lamentar, pero muchos lobos andan sueltos y lejos del centro del país.
Bruno Torres Carbajal
Maestro en ciencia política por El Colegio de México.
[1] En el análisis del problema del incremento de la violencia en México en la época de Calderón, existe la hipótesis de que las trayectorias de violencia fueron parcialmente problemas de coordinación entre el gobierno federal y las autoridades subnacionales de oposición. Bajo esta visión, los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno compartían el objetivo de acabar con la violencia entre cárteles de la droga, pero fracasaron porque no lograron coordinarse toda vez que tenían visiones distintas del problema y el presidente en turno no pudo disciplinar a los funcionarios subnacionales —gobernadores y alcaldes principalmente— de oposición.