Actualmente, todas las entidades han incorporado a sus constituciones los derechos indígenas. Y, a contracorriente de la legislación federal, veintidós reconocen a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

En síntesis, el federalismo favorece al tiempo que entorpece la obtención del derecho al aborto en México: todo depende del tipo de actores en el sistema y la calidad de la representación política.

El proyecto de descentralización en México creó un entorno político-administrativo favorable para el surgimiento de la sociedad civil organizada como un sector independiente. Sin embargo, la actual administración ha partido del supuesto de que el gobierno federal es el único actor que puede y debe hacerse cargo de los problemas sociales.

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo local es crucial para entender por qué algunas iniciativas sobre aborto se han traducido en leyes mientras que otras no han logrado atravesar las distintas etapas del proceso parlamentario. En un tema del más alto impacto para las mujeres y para la agenda feminista, como el acceso al aborto legal y seguro, ni las reformas paritarias ni la sola presencia de gobiernos de izquierda son elementos suficientes para asegurar este tipo de legislación.