En México —y en muchos otros países— el poder se ha ido soltando poco a poco de sus amarras. Los mecanismos que debían contenerlo, vigilarlo y equilibrarlo, se han ido debilitando o de plano nunca lograron asentarse. La historia de cómo los gobiernos locales en México perdieron—o nunca lograron solidificar—sus contrapesos ayuda a entender un fenómeno global: cuando el poder se desata, no solo la corrupción deja de ser un accidente y se convierte en una forma de gobierno, sino también se erosiona la democracia.
Durante décadas, la democracia se entendió como un sistema que reparte el poder y lo somete a vigilancia constante. Pero en los hechos, muchos gobiernos han aprendido a convivir —e incluso a mantenerse— sin esos límites. En México, esto ocurre todos los días en cientos de municipios donde los alcaldes concentran tanto poder que los órganos locales que deberían fiscalizarlos se vuelven meros adornos institucionales.
Una reciente investigación nuestra (Power Unleashed), realizada con encuestas a más de 1,100 funcionarios municipales en todo el país, muestra una tendencia clara: las presidencias municipales dominan por completo a sus cabildos, a las contralorías internas y a las oficinas de recursos humanos. Estas tres instituciones —el ayuntamiento municipal, el órgano interno de control y la gestión del personal— forman una especie de ecología básica de los llamados balances y contrapesos democráticos. Cuando se debilitan, el poder se desata y esto tiene consecuencias.
El cabildo, que debería ser un espacio de deliberación plural, opera bajo un principio simple: el alcalde manda. En la mayoría de los municipios, su partido también controla la mayoría de los regidores. Los opositores, cuando existen, son ignorados o excluidos de las decisiones. Las contralorías internas —encargadas de auditar el uso de los recursos públicos— suelen depender directamente del alcalde, quien decide sus nombramientos, presupuestos y funciones. Y las oficinas de recursos humanos, lejos de establecer un servicio civil profesional, se han vuelto instrumentos para premiar lealtades políticas y castigar disidencias.
El resultado es un ecosistema político donde la corrupción deja de ser una anomalía y se consolida. Este terreno es poco fértil para cualquier intento de consolidación democrática, donde además los gobernantes sucumben a la tentación autoritaria como modelo para gobernar.
En muchos municipios mexicanos, la corrupción funciona como un lenguaje común. Las redes clientelares, el uso discrecional del presupuesto, el intercambio de favores o empleos por lealtad política se han normalizado. Los funcionarios saben que su estabilidad depende de obedecer, no de hacer las cosas correctamente. La ciudadanía, por su parte, aprende que para conseguir un permiso o resolver un trámite, algunas veces hay que valerse de diferentes estrategias, ya sea el uso de conocidos (palancas), de pagos extraoficiales (mordidas), o el uso de gestores o coyotes. Estos hechos son tan normalizados que de acuerdo con las estadísticas oficiales de INEGI el municipio es una de las entidades donde la ciudadanía más experimenta corrupción. Lo que es peor, en otra encuesta realizada a nivel ciudad, las personas “están tan acostumbradas a los procesos corruptos que sus actitudes se moldean en consecuencia: 51 % “está muy de acuerdo” en que “es normal sobornar”; 49.6 % en que “quien no hace trampa, no avanza”; 47.6 % en que “sobornar es a veces la única salida”; y 38.5 % en que “a veces es justificable pagar un soborno”. En general, las personas no denuncian la corrupción en la Ciudad A porque 33 % “cree que no sirve de nada”, 21 % piensa que “toma demasiado tiempo”, y 15 % por “miedo a represalias”. Cuando todos entienden las reglas no escritas, el sistema se estabiliza: nadie confía en el gobierno, pero todos aprenden las sutiles formas de supervivencia. La corrupción, en este sentido, organiza la vida política y social. Las sociedades forman expectativas, establecen reglas informales del juego y diseñan tácticas de supervivencia en torno a ella. La corrupción deja de ser un hecho aislado y se vuelve parte de la cotidianeidad.
Este tipo de corrupción no se corrige únicamente con más portales de transparencia ni con nuevas leyes que ofrezcan sanciones más elevadas para los perpetradores. Este tipo de corrupción está incrustada en la cultura política y en las estructuras de poder. Es lo que denominamos corrupción sistémica: un modo de funcionamiento que se sostiene a sí mismo y que es resiliente a los cambios y políticas anticorrupción. La condición que la hace posible es, justamente, un ecosistema de contrapesos debilitado. En nuestro estudio identificamos tres mecanismos que explican cómo los alcaldes capturan los contrapesos locales:
- Fusión de poderes. A diferencia de otros países, los municipios mexicanos no tienen un poder legislativo separado. El alcalde preside el cabildo y, por tanto, es juez y parte de las decisiones. Los regidores opositores quedan reducidos a una presencia casi decorativa.
2. Contralorías sin autonomía. En casi siete de cada diez municipios, el personal de la contraloría cambia por completo con cada administración. Los responsables de auditar al alcalde son designados —y despedidos— por él mismo.
3. Empleo público como botín. Ocho de cada diez servidores públicos municipales temen perder su trabajo cuando cambia el gobierno. La mitad reconoce que la contratación depende de vínculos partidistas o familiares.
Pero las estrategias de los ejecutivos para crear un ecosistema de balances y contrapesos debilitados no son un panorama exclusivo de México. Desafortunadamente forma parte de una tendencia global que recorre democracias viejas y nuevas, del norte y del sur. Hoy en día, de acuerdo con el seguimiento que realiza V-Dem, el año 2024 se caracteriza por tener más países viviendo en autocracias que en democracias desde el año 2002. Por poner algunos ejemplos. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha desmantelado la independencia de los medios y del Poder Judicial; en El Salvador, Nayib Bukele sustituyó a todos los jueces de la Corte Suprema y al fiscal general; en Estados Unidos, Donald Trump propuso debilitar la protección laboral del servicio civil para despedir a funcionarios “desleales”; y en Argentina, Javier Milei presume haber cortado con motosierra la burocracia federal.
Todos estos casos comparten una lógica: debilitar la ecología de los contrapesos que limitan las acciones del Ejecutivo. A veces se hace con reformas legales; otras, con el control del presupuesto o con campañas de desprestigio contra quienes cuestionan al poder. En cada caso, la excusa es la misma: eliminar la “burocracia ineficiente” o “los obstáculos para gobernar”. Pero el resultado final es una concentración de poder sin precedentes y un debilitamiento del Estado de derecho que paradójicamente es aplaudido por buena parte de la ciudadanía.
Las reformas recientes en México siguen una dinámica similar. La eliminación de organismos autónomos como el INAI o la Comisión Federal de Competencia Económica, la reforma al Poder Judicial y el reemplazamiento de burocracias por cuerpos leales al poder son parte de la misma historia. En los municipios, el fenómeno se replica con menos reflectores, pero con consecuencias igual de graves: ahí se fabrican las condiciones de impunidad que luego escalan al nivel nacional. Es en el nivel local donde nos educamos como ciudadanos que después tomamos decisiones, con votos o manifestaciones, que afectan al país y al futuro de nuestra sociedad.
La corrupción sistémica y el autoritarismo no son fenómenos completamente desligados. Uno alimenta al otro. Cuando un alcalde controla el cabildo, la contraloría y los nombramientos de su personal, deja de rendir cuentas. Con el tiempo, ese control absoluto sobre los recursos públicos se convierte en poder político: financiar campañas, comprar voluntades, silenciar opositores. Así se consolidan élites locales que se perpetúan en el poder, incluso bajo apariencia democrática.
Paradójicamente, los líderes que promueven esta concentración del poder suelen presentarla como una forma de “liberación”. Liberarse de los burócratas, de los jueces, de los críticos, de los periodistas. En esa narrativa, los contrapesos son obstáculos para “gobernar con eficacia” o para “cumplirle al pueblo”. Es una retórica atractiva porque promete acción y resultados, pero oculta un costo enorme: el poder sin límites termina devorando la libertad que dice proteger.
Frente a este panorama, la pregunta no es solo cómo combatir la corrupción, sino cómo reconstruir los ecosistemas que la contienen. Reforzarlos exige autonomía institucional, transparencia y profesionalización, pero también un cambio cultural. Necesitamos revalorar el conflicto político como algo legítimo, no como una traición. Los regidores opositores no son enemigos del progreso; los contralores que señalan irregularidades no son saboteadores; los burócratas que se niegan a obedecer órdenes ilegales no son desleales. Son, en realidad, los guardianes silenciosos de la democracia.
Cuando el poder se desata, las instituciones se convierten en escenarios vacíos y la corrupción se vuelve una rutina. Lo que nuestra investigación muestra en los municipios mexicanos es una microfotografía de una transformación global: la persistencia de los hombres fuertes, el descrédito de los contrapesos, la sustitución de la ley por la voluntad.
Modificar este fenómeno implica algo más que diseñar nuevas políticas anticorrupción. Requiere devolver sentido político al equilibrio, al límite, a la idea de que nadie —por legítimo que sea su mandato— debe concentrar todo el poder.
Oliver Meza
Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara
Elizabeth Pérez-Chiqués
Profesora visitante de la Universidad de Nuevo México, y profesora del CIDE Región Centro
Aldo Martinez-Hernandez
Posdoctorante del CIDE Región Centro