Al realizar la compra de alimentos básicos (huevo, leche, frutas, verduras, pan, etc.) cada vez es más frecuente escuchar conversaciones sobre el alza en los precios, incontables explicaciones al respecto y múltiples quejas sobre este fenómeno tan sensible para la población. La inflación es definida como el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía. En México, de acuerdo con datos de Banco de México, a junio de 2022 la inflación fue de 7.99 %. En palabras sencillas, un producto que costaba 10 pesos en junio de 2021 hoy cuesta aproximadamente 10 pesos con 99 centavos. Esto es más drástico cuando observamos que de junio de 2019 a junio de 2022 los precios han aumentado en 18.15 %. Más que un simple dato macroeconómico, esto representa el cambiante contexto que enfrentan muchas familias mexicanas en el acceso a una canasta básica alimentaria.
En su acepción más básica, el trabajo es un conjunto de actividades que realiza el trabajador dentro del proceso de elaboración de un bien o servicio. A cambio de ello, recibe una remuneración que debe cubrir, por lo menos, las necesidades básicas de todo ser humano, entre ellas, la alimentación a través del acceso a una canasta básica. Pero, como suele ocurrir, la teoría no siempre refleja la realidad, pues existen hogares cuyo ingreso no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.
Esta situación es definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como pobreza laboral, misma que ocurre cuando la retribución ganada mediante un trabajo remunerado es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Es importante mencionar que la pobreza laboral no significa que los hogares no puedan alimentarse (como es el caso de los hogares en pobreza extrema), sino que el acceso a una canasta alimentaria ocurre a partir de ingresos complementarios llamados “no laborales”, como las remesas, transferencias o el acceso a programas sociales. La medición de este tipo de pobreza visibiliza al número de personas que no pueden alimentarse solamente con el ingreso que ganan por trabajar.
De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por Coneval en abril de 2022, correspondientes al primer trimestre de este año, en México prácticamente 4 de cada 10 personas se encuentran en pobreza laboral (38.8 %). A raíz del cierre de gran parte de las actividades económicas durante la pandemia, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria alcanzó su mayor nivel en el tercer trimestre de 2020 en el promedio nacional (46.0 %). Pero los datos son distintos en cada una de las entidades federativas: el primer trimestre de 2022 muestra que en Chiapas (65.3 %), Guerrero (60.9 %), Oaxaca (60.4 %) e Hidalgo (51.8 %) más de la mitad de la población sufre pobreza laboral. A diferencia de Baja California Sur (17.8 %), Baja California (17.8 %), Nuevo León (22.8 %) y Colima (24.7 %), en donde 2 de cada 10 habitantes viven en esta situación. Como se observa, la pobreza laboral durante 2022 ya es prácticamente similar a la que existía antes de la pandemia (cuarto trimestre de 2019) en todas las entidades.
Al comparar el porcentaje de la población en pobreza laboral durante el cuarto trimestre de 2019 (antes de la pandemia) con el primer trimestre de 2022, se observa que el promedio nacional se encuentra en el mismo nivel previo a la pandemia: 38.9 y 38.8, respectivamente. La entidad que mayor reducción presentó durante este periodo fue Nayarit (de 35.9 a 26.9), seguida de San Luis Potosí (de 45.7 a 40.9), Campeche (de 41.5 a 37.9) y Baja California (de 20.7 a 17.8). En cambio, las que aumentaron dicho porcentaje fueron Guanajuato (de 33.9 a 38.7), Ciudad de México (de 31.8 a 35.9), Puebla (de 46.2 a 49.2) y Durango (de 34.5 a 37.1).
Además de mostrar los desiguales ingresos obtenidos mediante el trabajo en los distintos estados de la República, la información expuesta obliga a reflexionar sobre la forma en que este problema debe ser atendido. Si bien es cierto que una manera de reducir la pobreza laboral es manteniendo el poder adquisitivo estable —es decir, que la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir sea relativamente similar en el tiempo—, esta no es, ni debe ser, la única estrategia para combatirla. Las políticas públicas implementadas entre los diferentes niveles de gobierno son esenciales para disminuir esta condición que afecta al 40 % de la población mexicana.
De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en todas las entidades federativas de nuestro país existe legislación vigente sobre el fomento y la protección del empleo que precisamente tiene por objetivo garantizar que los trabajos generados sean dignos, decentes y con salarios que aseguren el acceso a una canasta básica alimentaria. A pesar de ello, subsisten factores como bajos salarios, un sistema de protección social deficiente, falta de seguros de desempleo y una creciente informalidad, agravada por la pandemia, que contribuyen a que la pobreza laboral no disminuya. Especialmente, la informalidad provoca que los trabajadores perciban ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral, por lo que es imposible asegurar que su percepción se apegue a lo estipulado en la ley.
Con base en los Indicadores de Ocupación y Empleo publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de abril de 2022, la mitad de la población (55.5 %) que desempeña alguna actividad económica la realiza en el sector informal. Además, una investigación de México, ¿cómo vamos? demostró que los niveles más altos de pobreza laboral en el país se presentan en aquellas entidades que también tienen proporciones elevadas de trabajadores en la informalidad laboral. Esto muestra que las acciones gubernamentales para atender este problema deben trascender las transferencias en especie o servicios, e incluso las corresponsabilidades que los ciudadanos deben cumplir para acceder a estos apoyos; los cuales principalmente están diseñados bajo la premisa de que el Estado debe complementar los ingresos de los hogares para que estos puedan acceder a la canasta alimentaria. Aunque pertinente, esta medida resulta insuficiente debido a que el objetivo central debería ser la correcta regulación del mercado laboral para asegurar que ocurra bajo condiciones óptimas.
Para comenzar a planear esa regulación es necesario, en primera instancia, pensar alternativas que amplíen la protección social para que no dependa exclusivamente del empleo asalariado formal. En este sentido, el Banco Mundial propone a los países en desarrollo como México implementar el llamado “ingreso básico universal”. Es decir, una herramienta que consagre la noción de un mínimo social garantizado establecido mediante un único programa, cuyo diseño: no esté focalizado y por ende sea dirigido a todos los individuos, independientemente de su ingreso o su situación laboral; exente a los participantes de cumplir alguna condición u obligación para seguir siendo beneficiarios, y brinde asistencia en efectivo y no mediante transferencias de algún tipo. Su objetivo sería otorgar a la población un ingreso común que, entre otras cosas, permita cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Cabe destacar que la propuesta no es una alternativa a los servicios de salud, educación o prestaciones sociales de otra índole, sino que sería el componente central de una política integral que detone acciones de regulación en materia laboral.
Sin duda, algunas cuestiones del “ingreso básico universal” generarán debate; entre ellas, la carga fiscal que generaría, el monto del ingreso, los programas específicos que reemplazaría, las estructuras tributarias vigentes, la decisión de fragmentar el monto de acuerdo al lugar de residencia (nivel estatal o municipal) u otorgar uno solo a nivel nacional, la manera en que se implementaría y hasta de qué forma recuperar el dinero que se entregaría a los ricos. Precisamente por ello esta propuesta debe estar presente en la agenda pública: para que se discuta su viabilidad y funja como un paradigma que permita pensar y repensar alternativas que articuladamente combatan la pobreza laboral presente, en distintas magnitudes, dentro del territorio mexicano.
Las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral obligan a buscar estrategias que brinden mejores resultados. Los gobiernos locales deben asumir la responsabilidad creativa para intervenir en un mercado laboral cada vez más cambiante y a la vez desigual. El aprovechamiento de las vocaciones productivas debe ser un pilar esencial en el diseño de cualquier intervención que pretenda mejorar las condiciones de trabajo. A través de dichas vocaciones pueden incrementarse las habilidades y los conocimientos de las personas que desean encontrar un empleo, aumentando las posibilidades de que éste sea bien remunerado. De esta forma se contribuye a disminuir el número de personas que, a pesar de trabajar, no tienen un ingreso suficiente para alimentar a su familia.
Luis Javier Cortés Adame
Licenciado en Ciencia Política por la UAM y maestro en Admistración y Políticas Públicas por el CIDE