Trasladar las atribuciones del Inai a la SFP y los órganos internos de control carece de sustento empírico y de lógica pública: no se puede ser juez y parte, especialmente cuando no se cuenta con la especialización y cuando los cuestionamientos pudieran derivar en hallazgos políticamente sensibles para la autoridad.

Las intervenciones de las entidades federativas dirigidas a las personas con discapacidad tienen dos problemas centrales. En primer lugar, las líneas de acción no corresponden a las barreras de los infantes y adolescentes. En segundo lugar, no existe una clara definición de la problemática, la población a atender, ni los objetivos que persiguen. En este sentido, la discapacidad se aborda de forma generalizada, sin hacer hincapié en cada una de las barreras (discriminación, pobreza, servicios y políticas públicas insuficientes, acceso limitado a la educación).

¿Cuáles son los efectos de la corrupción en las políticas públicas? Esta pregunta ha estado en la mira de diversas investigaciones y no ha obtenido una respuesta contundente, sobre todo a nivel municipal.

A la mitad del camino establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los limitados resultados alcanzados en las diferentes regiones del país deben ser un llamado de atención para mejorar las políticas públicas con miras al vencimiento de la Agenda 2030.

Los datos de la ENCIG muestran que sí es posible mejorar la provisión de servicios públicos. Esto es, de hecho, lo que han estado haciendo la mayoría de las entidades a un paso lento, pero generalmente consistente. Hay dos aspectos sobre los que hay que poner la lupa.