Recetario para una designación pública

Las instituciones públicas del Estado están sujetas a un permanente y, a veces, poco discreto juego de estira y afloja entre la influencia política y la racionalidad técnica. Aunque los reflectores de la lucha por la democracia en el país han centrado su atención en los mecanismos electorales para elegir a nuestros representantes políticos, la otra cara de la moneda nos ha mostrado la necesidad de apostar por construir instituciones sólidas y especializadas con la presencia de personal competente e independiente para garantizar no sólo los derechos fundamentales sino también ideales democráticos del país. En ese aspecto, ya sea mediante servicios profesionales de carrera o designaciones públicas, el ámbito estatal es decisivo. Ahí es donde la abstracción institucional se vuelve experiencia tangible y cotidiana de gobernanza para la ciudadanía.

A diferencia de los presidentes municipales o diputados electos a través de las urnas, en muchos casos los responsables de las instituciones del Estado son nombrados por medio de una designación pública (INE, CNDH, ASF o la FGR). Este procedimiento está sujeto a fuertes tensiones político-administrativas, así como a violaciones u omisiones que llevan a un punto de quiebre para la integridad, autonomía y legitimidad institucional; y afecta a las labores y capacidades operativas, como se ha señalado con múltiples casos de fiscalías estatales o dentro del mismo sistema nacional anticorrupción en el que más de dos tercios de las designaciones están pendientes.

Aunque parte de la literatura anglosajona asocia las designaciones públicas con el patronazgo, éstas deben entenderse de forma procedimental y con un enfoque funcionalista que nos permita estudiar a este mecanismo de selección como una herramienta para la integración de instituciones transparentes, con capacidades técnicas y políticas, adaptable al dinamismo de las demandas sociales que hay en el país; en otras palabras, un instrumento para la gobernanza.

Las designaciones públicas son procesos que deben ser diseñados, implementados y monitoreados de forma meticulosa para avalar la idoneidad, integridad y profesionalidad de aquellas personas designadas y, a su vez, garantizar la utilidad político-social construida mediante el intercambio entre las partes interesadas en la designación: político, sociales y privadas.

Aquí presentamos un recetario para definir los mecanismos institucionales necesarios para elaborar un buen platillo de designaciones públicas a la luz de los hallazgos publicados en el estudio sobre la discrecionalidad en designaciones públicas estatales en México en el que se presenta el Sistema de evaluación de los mecanismos institucionales. La receta por sí misma es simple y, en menor o mayor medida, cada caso incluye uno de sus seis ingredientes; aunque en cada designación las etapas son diferentes (convocatoria, documentación, entrevistas, evaluaciones, deliberación, entre otras), la forma en que se integran estos ingredientes en las etapas determina la legitimidad del platillo final.

La existencia y calidad de descripciones formales del puesto al que se designa es el primer ingrediente; aunque algunos prefieren improvisar al cocinar, este condimento debe estar claramente medido ya que da la sazón técnica al cargo. No se trata del lanzamiento de una convocatoria pública que identifique el puesto vacante, sino que se requiere estipular los requisitos y las cualificaciones necesarias para ocupar el puesto, así como los medios de verificación y los criterios de evaluación para cubrir el perfil. Aunque parezca evidente el uso de este ingrediente, la evidencia de los casos de designaciones públicas estudiados muestra que, en su mayoría, la descripción del puesto y los requerimientos son mencionados pero se omiten los medios requeridos para verificar la idoneidad al cargo o no se cuenta con una métrica que permita la evaluación y comparación de los aplicantes a la vacante.

Hay variaciones importantes a la receta que buscan entender el contexto y las restricciones sociales que un puro y llano discurso por el “mérito” y “capacidades” puede llegar a omitir. Por medio de acciones afirmativas existen casos importantes de designaciones como el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en 2018 o el proceso de designación a miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas del 2022.

El segundo ingrediente son los medios de comunicación y de difusión pública confiables, permanentes y estipulados en la convocatoria. Éste es el que le da aroma a la designación y anticipa lo que se está preparando en la cocina. Aunque este mecanismo institucional se garantiza en la mayoría de los casos en plataformas como el sitio web o las redes sociales oficiales de las autoridades responsables, existen casos en los que no se clarifica los canales por los que se difundirán las actualizaciones al proceso, afectando en la confianza y capacidad de involucramiento de la sociedad civil o la academia.

El tercer ingrediente, inseparable del anterior, define si el proceso se cocina a la vista o a puerta cerrada. La transparencia no es un adorno normativo, es lo que nos permite saber cuál es el proceso por seguir, quién está postulándose, cuál es su perfil, cómo y bajo qué criterios se evalúa. Aquí hay que hacer una nota aclaratoria: no se trata sólo de definir los medios de comunicación, lo que se busca en una designación pública es la máxima publicidad de la información que lleva a la autoridad a designar a tal o cual persona. Una designación que limita la información trastoca la integridad del proceso permitiendo una mayor discrecionalidad de la autoridad. En otras palabras, no basta con dejar oler; hay que mirar cómo se cocina. La transparencia muestra si el guiso lleva mérito o dedazo.

El involucramiento de actores clave, como organizaciones de sociedad civil, sector privado o la academia son la sal del proceso de evaluación y deliberación de los aspirantes. Este mecanismo ha demostrado ser fundamental para garantizar la gobernanza del proceso cumpliendo una función doble. Por un lado, da seguimiento y evaluación al involucrarse en entrevistas o procesos de evaluación de los perfiles. Por el otro, tiene una función de exigencia social a la autoridad responsable de las etapas y debido proceso de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria pública y al fin mismo de la designación, es decir la idoneidad del perfil al puesto y su rol integrativo de los intereses políticos y sociales.

En esta línea resaltan los casos que aparentemente cumplen con los ingredientes para una designación pública legítima, pero en lo sustantivo se observaron vicios y conflictos de intereses que gracias a la presencia de sociedad civil, sector privado y la academia se hicieron notorios, entre otros destaca la designación de la secretaria del sistema anticorrupción de Sinaloa en 2023 o la del consejo de la judicatura de Jalisco en 2020.

Un escrutinio al proceso por parte de expertos es el quinto ingrediente; su función es la de dotar de equilibrio al platillo entre su carácter político y el técnico. Esta figura, por desgracia, es escasa dentro de los procesos de designación en el país. Se caracteriza por ser un cuerpo técnico responsable de evaluar los perfiles en concurso y emitir su opinión técnica a valoración de la autoridad o designar de forma directa.

Los ejemplos más cercanos a esta figura son los del comité de selección de los sistemas anticorrupción, aunque también se aprecia en los comités de participación ciudadana dentro de las designaciones del titular de la secretaría ejecutiva de los sistemas anticorrupción en Coahuila, 2022 y Jalisco, 2018 y 2023. Su rol ha sido el de fungir como un garante de la profesionalidad y un canal de diálogo para involucrar la opinión pública de profesionistas, académicos y activistas sociales en todas las etapas de la designación desde la convocatoria hasta el momento de deliberación. 

Por último, la receta incluye a la innovación digital como ingrediente clave; la cereza del pastel que le da atractivo y garantiza la accesibilidad e involucramiento ciudadano agilizando el tiempo de cocción del plato. La incorporación de herramientas tecnológicas puede verse en la emisión de la convocatoria y recepción de documentación de aplicantes a través de un sitio, la difusión de documentación o notificaciones por medio de redes sociales oficiales o el uso de almacenamiento en la nube para el acceso, intercambio y evaluación de información relativa a las candidaturas al puesto. En conjunto, la función de este ingrediente es la de hacer eficiente la comunicación (autoridad-aspirante-sociedad civil) y mantener el proceso disponible y a salvo del olvido burocrático por papeleo.

La suma de estos ingredientes en las designaciones públicas del país es desafiante dada la ambigüedad y falta de regulación en materia de designaciones. Hoy las designaciones públicas en México siguen una receta imprecisa, donde predominan la discrecionalidad y el gusto político. En los estados, donde la legitimidad tiende a disfrazarse de procedimientos y legalidad, abrir la cocina de las designaciones no es un capricho técnico, es una defensa mínima de las instituciones democráticas.

Calep Pimienta González

Candidato a Doctor por la Willy Brandt School of Public Policy, Alemania.