La realidad federal en el sureste yucateco

La historia de Yucatán incluye algunos episodios de tensión con el gobierno nacional. El más conocido, a mediados del siglo XIX, cuando proclama su independencia. El más reciente, a principios de este siglo, cuando el gobernador del estado y el congreso local cayeron en desacato al incumplir determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acciones por las que se hablaba de una posible desaparición de poderes. Pero no todos saben las principales motivaciones de aquel primer episodio. Yucatán era federalista y, al perder la batalla política y constitucional frente a los centralistas, decidió separarse de la República.

Más allá de identidades y episodios históricos, esta entrada busca analizar cómo se vive el federalismo desde uno de las entidades federativas más emblemáticas del sureste mexicano: en lo político (primer estado de la región gobernado por un partido de oposición), en lo social (por mucho, es el estado con la mejor percepción de seguridad en el país) y en lo económico (la única entidad de la región que mantiene cierto crecimiento).

Ilustración: Belén García Monroy

Para ello, me centraré en dos aspectos: el político y el fiscal.

En el ámbito político debo comenzar recordando que el actual gobierno estatal lo encabeza un joven gobernador de oposición, Mauricio Vila Dosal, que goza de la mejor reputación entre los mandatarios estatales del país. Lo anterior resulta relevante, pues en este espacio nos han recordado que el “vínculo local” que mantiene la ciudadanía hacia el desempeño de los gobiernos locales refuerza la percepción que ésta tiene del sistema político nacional y la democracia.

Pese a su capital político, el gobierno estatal ha decidido ser una oposición respetuosa, aliada del gobierno federal en ciertos momentos (por ejemplo, en el desarrollo del Tren Maya) y, a diferencia de otros mandatarios, ha evitado ser protagonista mediante la confrontación directa. Esto ha permitido una adecuada colaboración entre órdenes de gobierno que se materializa en la coordinación para el despliegue de proyectos y la transferencia de buenas prácticas locales al ámbito nacional (por ejemplo, en materia de seguridad, como describiré).

Tal vez esta buena relación sea el motivo por el que una figura como el “superdelegado”, que fue altamente criticada al inicio de gobierno de López Obrador por violentar el régimen federal, no sea percibida como una amenaza política al poder del mandatario estatal. Es más, en la entidad, todavía no queda clara la función de esta nueva estructura federal ni de los cambios que se han generado a través de ella.

En sentido inverso, el contrapeso político de los gobiernos estatales hacia el Ejecutivo federal se ha desplegado en los últimos tres sexenios a través de la Conago. Sin embargo, en la actualidad, esta estructura se ha visto desdibujada. Un ejemplo han sido las distintas posturas y negociaciones que realizaron el bloque de mandatarios del PRI, PAN y MC frente al esquema del INSABI, pese a que es notorio que lesiona los intereses locales, por falta de claridad en sus reglas de operación, abre la puerta para la discrecionalidad y, por tanto, a otro esquema de premios y castigos hacia las entidades federativas. Yucatán, junto con los otros gobiernos panistas, ha manifestado su oposición.

El diseño federal implica la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios). Luego entonces, para un correcto funcionamiento, aquellos órdenes de gobierno deben contar con instituciones sólidas que ejerzan sus facultades cabalmente. En este sentido, más allá de su Poder Ejecutivo, es importante resaltar que Yucatán renovó el diseño de su Poder Judicial en 2011, estableciendo una instancia de revisión constitucional local que permite mayores frenos y contrapesos entre los órganos locales. Asimismo, el sistema de justicia penal acusatorio es evaluado como el quinto mejor del país. Y, en este punto, es interesante el esquema multidisciplinar que se ha establecido en la entidad para homologar los criterios entre jueces, ministerios públicos y agentes de seguridad, disminuyendo la polémica “puerta giratoria” (esquema que comienza a promoverse en otras entidades). No obstante, el estado adolece de un mal nacional: una estructura judicial insuficiente para la atención de todos los casos.

Los puntos débiles de la estructura institucional local se viven en los municipios y los órganos constitucionales autónomos (OCA). Fuera de Mérida, el resto de los 106 ayuntamientos cuentan con un insuficiente aparato gubernamental que pone en riesgo la adecuada prestación de los servicios públicos municipales. Por su parte, los OCA no cuentan con el presupuesto requerido para el desarrollo de sus actividades y quedan relegados a la estadística de cumplimiento estatal de entidades que deben ser establecidas, pero sin un eficiente funcionamiento en beneficio de la ciudadanía.

En materia electoral, los órganos locales (tribunal e instituto) tienen las mismas deficiencias que el resto de sus pares estatales: los nombramientos desde el Senado para el órgano judicial se dan por pactos políticos que cuestionan su independencia. Si bien el proceso de selección de quienes integran el instituto electoral es más profesional desde el INE, hay una afectación al cumplimiento de sus funciones por la asignación presupuestal que reciben del congreso estatal.

Por otro lado, en el ámbito legislativo, Yucatán podría clasificarse como una entidad conservadora por el promedio de reformas que realiza en comparación con otras entidades y con las modificaciones a la Constitución federal, lo que deja entrever la autonomía legislativa de la entidad. Pero también, recientemente, es muestra de los claroscuros de esa autonomía. En los últimos meses, el Congreso de Yucatán rechazó, en dos ocasiones, ampliar las garantías de no discriminación hacia el colectivo LGTTBI+, negándose a reconocer el matrimonio igualitario.

El federalismo, en la teoría, es considerado una segunda garantía de los derechos humanos. La primera resulta de la distribución del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial; ello disminuye la acumulación de poder y, por consecuencia, reduce los abusos que dicha acumulación genera. Así, el sistema federal redistribuye una vez más el poder entre los órdenes de gobierno, difuminando más los cotos de poder. Lamentablemente, en la práctica, en casos como el señalado, nuestro sistema federal permite los derechos humanos se ejerza de manera diferenciada, dependiendo del estado en el que residas.

Se dice que el federalismo o es fiscal, o no es federalismo. Y en este rubro, el sistema mexicano deja mucho que desear. En la letra, la Ley de Coordinación Fiscal estructura un sistema nacional con diversos órganos que buscan la armonización fiscal y la distribución de participaciones y aportaciones. En la práctica, el formato rígido de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en donde Yucatán comparte la zona ocho con Campeche, Quintana Roo y Tabasco, impide la negociación desde los gobiernos locales y el replanteamiento de fórmulas y esquemas para la distribución de los ingresos. Al final dichas fórmulas no se pueden cuestionar y, toda vez que la bolsa presupuestal está bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ninguna entidad quiere enfrentar al órgano que puede castigarla.

Por señalar un ejemplo, el diseño de los fondos genera incentivos perversos. Es el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), en donde se otorga más recursos a los que más necesidades tienen, sin premiar a aquellas entidades que están realizando una labor adecuada y mantienen o alcanzan objetivos de seguridad, como es el caso de Yucatán.

Al final, la definición de las participaciones y aportaciones se define en la negociación presupuestal que los funcionarios locales establezcan con la SHCP, así como la que ocurre en la Cámara de Diputados. Los resultados para una entidad con gobierno de oposición son previsibles: si bien no hay grandes recortes gracias a la buena relación entre gobiernos, la entidad tampoco reporta aumentos significativos.

Pero el federalismo fiscal no sólo depende de las decisiones que la SHCP o la Cámara de Diputados adopten. Las entidades federativas tienen facultades para establecer ciertas contribuciones a la ciudadanía. Sin embargo, históricamente, los gobiernos locales renuncian a dicha facultad para evitar el costo político que resulta de imponer nuevas cargas fiscales a la población.

Esa era la dinámica que se había mantenido en Yucatán en los últimos años, hasta que durante la discusión del presupuesto estatal para el presente año se planteó y aprobó un derecho por seguridad pública. Por desgracia para las arcas estatales, frente al malestar social que se generó, el derecho no se cobrará.

Finalmente, creo que en este rubro es interesante señalar un mecanismo de rendición de cuentas que podría extrapolarse a otras entidades federativas como buena práctica y, tal vez, al orden federal: el Consejo Consultivo del Presupuesto y Gasto. Esta instancia, integrada por empresarios y organismos de la sociedad civil, resulta un espacio ideal para la sensibilización de los diversos sectores respecto a las finanzas estatales, por el que se asume una responsabilidad colectiva y se fortalece la participación ciudadana.

Yucatán es sólo una muestra, de treinta y dos, de la realidad de nuestro sistema federal. Un estado con un gobierno políticamente opositor al actual Ejecutivo federal, que goza de la aprobación ciudadana y que ha sabido establecer una relación cercana al presidente, evitando el garrote político, pero sin obtener, por el momento, la preciada zanahoria presupuestal. La Hermana República de Yucatán goza de algunas de las virtudes del federalismo mexicano, pero también sufre de varios de sus defectos.

José Pablo Abreu Sacramento
Director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.