La creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se fundamentó en el artículo cuarto de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la garantía por parte del Estado para hacer respetar este derecho. El objetivo principal de la Semarnat es promover y coordinar políticas y acciones para el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente en México, incluyendo la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad, así como el ordenamiento territorial para asegurar un desarrollo equilibrado, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales, conciliando el crecimiento económico con la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad y atendiendo temas relacionados con el cambio climático y los recursos hídricos nacionales.
A pesar de los avances de la Semarnat en política ambiental, esta institución ha sido señalada en los últimos años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones ambientales por auspiciar proyectos inmobiliarios para desarrollos turísticos, así como proyectos extractivos de explotación y aprovechamiento de materiales minerales, en los que hay violaciones e incumplimientos en la protección efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano. A lo largo del país, hay casos documentados de irregularidades en la evaluación y autorización de proyectos con impactos negativos en ecosistemas importantes, así como omisiones en la prevención de daños ambientales acumulativos provocados por megaproyectos turísticos como Puerta al Mar, construido en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an en el estado de Quintana Roo, y el Tren Maya. Las violaciones al derecho ambiental se relacionan con la falta de permisos para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la deforestación sin estudios y sin manifestaciones de impacto ambiental, así como la realización de las obras a pesar de suspensiones judiciales, imponiéndose así los intereses económicos.
Baja California Sur no ha sido la excepción. En los últimos cinco años hubo tensiones entre la promoción de desarrollos turísticos y la protección ambiental. La región promovió la captación de inversiones turísticas con un flujo considerable de capital extranjero, impulsó la infraestructura turística y economía local. Esto generó una presión para la construcción de inmuebles en zonas costeras, humedales y áreas naturales protegidas dirigidas al turismo extranjero de alto nivel y no a las comunidades regionales. Lo anterior se refleja en los procesos de consultas públicas para las autorizaciones publicadas en la Gaceta Ecológica en el Estado de Baja California Sur del año 2025. Hay 49 procesos de cambio de uso de suelo para la construcción de desarrollos inmobiliarios turísticos; 25 para extracción y aprovechamiento de recursos naturales como grava o pétreos de cauces de ríos; seis de regulación de obras; once de infraestructura pública y dos para actividad acuícola. Las cifras de las consultas públicas anteriores reflejan una política estatal enfocada al desarrollo de megaproyectos turísticos a costa de la violación a los derechos fundamentales a un medio ambiente sano de la población regional. Semarnat pareciera que tiene un papel secundario en la preservación y protección del ambiente, puesto que las Manifestaciones de Impacto Ambiental son autorizadas sin considerar el daño ambiental. El desarrollo de estos proyectos ha puesto en evidencia que no hay protección efectiva al medio ambiente de zonas costeras, profundizando su destrucción y creando una imagen artificial de playas en zonas costeras, en donde sobre lo natural de la zona se establece una arquitectura a imagen y modelo de zonas turísticas de otros países, mostrando una falsa realidad del México turístico costero. Por esta razón, para la aprobación de proyectos turísticos inmobiliarios como “La Abundancia”, “Baja Bay Club” y proyecto Saguaro no suelen tomarse en cuenta las opiniones de las comunidades ni los dictámenes de inviabilidad ambiental emitidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Otro ejemplo que se encuentra en el proceso de regularización en la Gaceta Ecológica con clave 03BS2025TD048 es el desarrollo inmobiliario “Balaena Costa Apartments”, construido en un área de conservación de aves migratorias denominado sitio RAMSAR 1816 (https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=131®=1) y en un cauce intermitente de un arroyo sin nombre. Este proyecto se encuentra con una “clausura total y definitiva” por parte de la Profepa de acuerdo con su comunicado del 9 de julio del 2025.
Como este caso, una gran cantidad de inmobiliarias en Baja California Sur suelen iniciar actividades de obra de construcción, impactando de manera negativa las zonas costeras y ecológicas sensibles e incumpliendo las normativas vigentes. Estos hechos refuerzan la sospecha de conductas negligentes y desconsideradas hacia los procesos legales y las reglamentaciones federales, estatales y municipales. Estos comportamientos sugieren que las inmobiliarias priorizan la ejecución de sus proyectos a pesar de la falta de permisos, confiando en sanciones económicas superficiales para poder continuar las construcciones, en lugar de cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la legalidad y seguridad en las obras.
A propuesta de los vecinos, la autoridad federal fue obligada a realizar la consulta pública, dentro del proceso anormal de “Regularización ambiental Balaena Costa Apartments”. En esta consulta, se identificaron incongruencias en la Manifestación de Impacto Ambiental, como la mención de que el sitio de construcción era un área con relleno de material de construcción inexistente de vegetación, ni su cercanía con una zona de manglares. De manera contradictoria, la ficha técnica del sitio Ramsar, menciona que además de las aves migratorias también hay presencia de mamíferos, reptiles y anfibios. Por tal motivo, los noventa vecinos participantes en el proceso de consulta pública solicitaron a la Semarnat negar la autorización y reconocer la resolución de “clausura total y definitiva” por parte de la Profepa, así como la demolición y restitución del ambiente. (https://app.semarnat.gob.mx/consulta-tramite/#/resultado-busqueda)
En casos como el de “Balaena Costa Apartments”, la consulta pública debiera tener un peso preponderante sobre las decisiones en el cambio de uso de suelo para proyectos inmobiliarios. Sin embargo, con la reforma en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur se incorporó la figura de Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico como instrumento focalizado a solucionar el déficit de vivienda social, en donde se facilita la regularización del suelo sólo con la declaración del gobernador del Estado, sin consulta pública. El problema de la gentrificación en el estado es visible en ciudades como Los Cabos y La Paz, donde hay desplazamiento de la población local debido al aumento exponencial de precios de vivienda y llegada masiva de inversionistas extranjeros.
Este fenómeno ha convertido barrios populares en zonas exclusivas con viviendas de lujo, lo que dificulta que los residentes tradicionales puedan acceder a la vivienda y mantener su estilo de vida. Este proceso va acompañado de un crecimiento demográfico acelerado, incremento en la desigualdad urbana y la precarización del acceso a servicios para la población regional que sostiene la economía turística local. Esta falta de regulaciones estatales y la especulación inmobiliaria han convertido la vivienda en un objeto de privilegio para inversionistas o fraccionamientos de exclusividad extranjera que agravan la gentrificación, exclusión social y deterioro ambiental. La población local enfrenta desplazamiento residencial y dificultades para afrontar el costo creciente en la calidad de los servicios y vivienda. Además, el desarrollo inmobiliario desmedido ha desbalanceado el mercado, concentrándose en el sector premium y reduciendo la oferta.
Derivado de los proyectos de desarrollos inmobiliarios en Baja California Sur y de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, actualmente las políticas ambientales parecen obedecer a la inversión turística, enfocada al crecimiento económico, con menor énfasis en fortalecer la vigilancia y el control ambiental efectivo. Sin embargo, esta política ambiental tampoco defiende el derecho fundamental a un medio ambiente sano decretado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es claro que el Estado mexicano no ha podido resolver la contradicción entre el desarrollo turístico de alto nivel y la protección al medio ambiente. Se requiere elaborar una política de Estado transparente y precisa que permita el balance entre el desarrollo turístico de altos vuelos y el respeto al derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Violeta Gleaves López
Técnica Titular C en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste