Entre 2018 y 2024, la pobreza multidimensional en México disminuyó en 13.4 millones de personas en el agregado nacional. Pero este avance no se distribuyó por igual en toda la población. En el caso de los adultos mayores, los datos muestran logros importantes, aunque todavía enfrentan rezagos que los mantienen como uno de los sectores vulnerables. En este grupo, la pobreza multidimensional casi se redujo a la mitad al bajar de 42.5 % en 2016 a 23.6 % en 2024. También la pobreza extrema descendió de 8.5% a 3.8%. Uno de cada cuatro adultos mayores sigue viviendo en pobreza.
Las carencias sociales ofrecen un panorama mixto. El acceso a la seguridad social mejoró de manera notable, pasó de 41.1 % en 2016 a 22.5 % en 2024, gracias a las transferencias públicas. En contraste, la falta de acceso a servicios de salud aumentó hasta 34% en 2022, aunque después retrocedió a 25 % en 2024. Además, el rezago educativo sigue siendo alto, pues afecta a 40 % de los adultos mayores. Por una parte, los adultos mayores han mejorado sus condiciones de vida, pero el acceso a la salud y la educación continúan siendo sus principales desafíos.
Estos rezagos no sólo reflejan desigualdades por edad, sino también la forma en que el arreglo federal mexicano condiciona la provisión de derechos, dada la dependencia de estados y municipios en materia de salud y educación. En un contexto federal, estas carencias se ven agravadas por las capacidades diferenciadas de los gobiernos subnacionales, responsables de garantizar buena parte de estos servicios. Como se aprecia en la gráfica 1, en 2016 Chiapas tenía casi ocho de cada diez personas de 65 años y más en situación de pobreza (79.6 %), y aunque para 2024 esta proporción se redujo a 53.1%, sigue siendo el estado con mayor rezago. Oaxaca y Guerrero presentan trayectorias similares, al pasar de 69.6 % y 61.2 % a 45.0 % y 41.9 %, respectivamente. Puebla, en cambio, registró un repunte en 2018 que lo llevó a 67.9 %, pero cerró en 37.2 %.
En contraste, los estados del norte y la Ciudad de México muestran los niveles más bajos. En Baja California Sur la pobreza en adultos mayores cayó de 29 % en 2016 a sólo 6 % en 2024, mientras que en Nuevo León pasó de 24.1 % a 7.4 %. Baja California redujo la proporción de 23.7 % a 8.3 % y la capital, que ya partía con el nivel más bajo, pasó de 17.7 % a 11.5 %. Estos resultados muestran amplias heterogeneidades a nivel subnacional.
Fuente: INEGI, 2025.
En cuanto a los ingresos, el porcentaje de adultos mayores con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema disminuyó de 14.7 % en 2016 a 6.6 % en 2024. No obstante, casi tres de cada diez personas de este grupo etario aún perciben ingresos inferiores a la línea de pobreza. En este periodo, la mejora salarial y la expansión de programas sociales fueron factores clave para elevar el ingreso corriente y reducir carencias (ver la gráfica 2).
Fuente: INEGI, 2025.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) ha jugado un papel central en estos resultados. Si contrastamos las carencias de los adultos mayores con la población menor de 65 años se observa que el denominador común continúa siendo los ingresos laborales más no así las carencias. Así, la población menor a 65 años enfrenta una estructura distinta de carencias, relacionadas con acceso a la alimentación y condiciones de vivienda. Por tanto, la edad opera como un factor estructural de la pobreza que, al combinarse con la salida del mercado laboral y la baja cobertura de pensiones, coloca a los adultos mayores en una situación de mayor precariedad, pese a las mejoras en el promedio nacional.
Sin embargo, el impacto fiscal de la PBAM es considerable. En 2024, esta pensión no contributiva representó 86 % del presupuesto del Ramo 20; con una contribución de $6,000 pesos bimestrales por persona a partir de ese año. Actualmente el paquete económico para 2026 previó que el gasto neto del Gobierno ascendiera a 10.2 billones de pesos, de los cuales 8 billones corresponden a pensiones, deuda participaciones y empresas públicas. Comparando los años 2018 y 2024 se observa que el gasto en pensiones contributivas creció 41 % mientras que el PBAM lo hizo en 879%. Si bien la transferencia ayudó a reducir la pobreza por ingresos, este gasto oneroso e ineludible, no resolvió los rezagos en salud ni sustituyó la cobertura contributiva del IMSS o ISSSTE.
Esta dinámica abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal. En 2024, el costo de las pensiones duplicó lo destinado al sistema de salud universal. Las proyecciones indican que, sin cambios legales, el gasto en pensiones alcanzaría 7.1 % del PIB en 2030; con las reformas propuestas en 2024 podría llegar a 7.8 %. En el Proyecto de Presupuesto 2026, por ejemplo, se plantea que el gasto en pensiones será 2.3 veces lo destinado a salud, 1.9 lo destinado a educación y 1.8 lo asignado a inversión. Esto refleja cómo el crecimiento del gasto en pensiones ha desplazado recursos de otros rubros sociales esenciales.
En este contexto, resulta clave plantear un federalismo social que promueva un mayor equilibrio vertical mediante la articulación entre ramos presupuestales y la complementariedad de programas federales y estatales. Sólo de este modo podrían ofrecerse respuestas diferenciadas a la vulnerabilidad de los adultos mayores. Hoy la Federación concentra ingresos y gasto, mientras que los gobiernos locales deben proveer bienes y servicios con recursos insuficientes, lo que agrava las desigualdades territoriales, especialmente en regiones rurales, indígenas y en el sureste del país (ver gráfica 1).
En balance, los adultos mayores han tenido mayores avances en ingresos, donde la PBAM ha contribuido a contener la pobreza mediante dos vías (ingreso y seguridad social), pero necesita complementarse con inversión en salud y un sistema de cuidados. De lo contrario, el creciente gasto en pensiones puede desplazar recursos de otros derechos como la salud y la educación o incrementar la deuda pública.
Finalmente, la medición de la pobreza debe entenderse no sólo como un requisito legal ni como un estandarte político, sino como una herramienta para orientar la política social hacia nuevas formas de vulnerabilidad y precarización, con el fin de mejorar efectivamente el bienestar de quienes menos tienen, sin dejar a nadie atrás.
Brenda Gisela Coutiño Vázquez
Investigadora Asociada C en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
Oscar A. Martínez-Martínez
Investigador del EQUIDE y del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, Ciudad de México
BRNDA Y OSCAR: La pobreza, con calificativo o sin él, en esta chulada de país, lo siento, pero no vemos por ningún lado, que haya disminuído, quizá retórica o demagógicamente sí, sobre todo si lo dice morena o la 4T, pero el hecho de darle a los pobres o a los miserables, un puñado de monedas, jamás acabará con su pobreza, quizá esos pocos centavos le permita «al pueblo bueno y sabio» comerse un taco o dos, palear un poco el hambre, pero seguirán sumidos en su estatuos de necesitados y le problema se agrabará, cuando al gobierno se le termine el dinero que recauda de los contribuyentes cautivos, quienes con su trabajo y esfuerzo diario, crean la riqueza de esta país, riqueza que todos los gobiernos han derrochado, con tal de mantenerse en el poder, primero revolucionario y ahora regenerativo. En fin. Vale.