Radiografía de la salud en las entidades federativas

“El Seguro Popular, no es seguro ni es popular; va a desaparecer. La gente que hoy lo tiene, va a tener un mejor servicio”, dijo Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018, durante el tercer debate presidencial. La frase fue una promesa y a la vez, un adelanto del viraje que sufriría el sistema de salud mexicano en los años posteriores.

Una vez en la presidencia, cumplió con su premisa: en noviembre de 2019 se publicó el decreto que extinguió el Sistema de Protección Social en Salud —conocido como Seguro Popular— para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El nuevo modelo centralizaba la atención de las personas sin seguridad social bajo control directo del gobierno federal.

La historia no terminó ahí. Apenas tres años más tarde, en 2022, un nuevo decreto desapareció el Insabi para transferir sus funciones al también recién creado IMSS-Bienestar. Con el mismo espíritu centralista, la federación asumió la operación de hospitales, clínicas, nóminas, contrataciones y compras de medicamentos en los estados, y para aquellos que firmaron convenios de colaboración, la consecuencia fue clara: cedieron su infraestructura, personal y presupuesto. Sus tareas quedaron reducidas a identificar beneficiarios y enviar un padrón cada dos meses al IMSS-Bienestar. No sólo perdieron atribuciones legales que habían ejercido durante décadas, también se desaprovechó la experiencia acumulada en la gestión de sistemas locales de salud. Y, de paso, los estados renunciaron a buena parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que fueron transferidos al control federal.

De 2018 a 2024, la salud en México transitó así hacia un modelo antifederalista. Hoy, 22 entidades están ya adheridas al esquema de IMSS-Bienestar: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Yucatán podría sumarse, aunque aún no lo ha hecho oficial. El saldo de este proceso se conoce bien: desabasto de medicamentos, carencia de personal suficiente, lentitud en la atención, crecimiento del mercado privado y aumento del gasto de bolsillo.

Lo que hasta ahora faltaba era una visión integral del periodo 2018-2024. Esa fotografía llegó con los resultados más recientes de pobreza multidimensional y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Inegi). Las cifras nacionales son elocuentes y muestran con claridad el retroceso:

• La población sin acceso a servicios de salud se incrementó más del doble, al pasar de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024. Hoy, tres de cada diez mexicanos carecen de este derecho.
• El gasto de bolsillo en salud creció 43 % en términos reales en el mismo periodo.
• La población con seguro médico privado aumentó 67.1 %, al pasar de 974 mil personas en 2018 a 1.6 millones en 2024.

Detrás de estos promedios nacionales se esconden realidades muy distintas por estado.

En carencia por acceso a servicios de salud (Gráfica 1), los aumentos fueron dramáticos en el sur del país. Chiapas encabezó con un incremento de 45.7 puntos porcentuales, lo que colocó al 63.3 % de su población en esta condición. Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca e Hidalgo también superaron los 40 puntos de deterioro. En contraste, la Ciudad de México y Nuevo León apenas aumentaron tres puntos porcentuales, manteniéndose cerca de los niveles de cobertura que habían alcanzado con el Seguro Popular.

En gasto de bolsillo (Gráfica 2), la capital fue el caso más extremo: entre 2018 y 2024 se triplicó, con un aumento de 197 % en términos reales. Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas lo duplicaron. En cambio, Campeche, Nuevo León y Chiapas lograron reducirlo en más de 10 %. En estados como Aguascalientes, Veracruz y Jalisco, no cambió.

En cuanto al seguro médico privado (Gráfica 3), su presencia creció en la mayoría de las entidades. En Baja California, Ciudad de México y Nuevo León ya lo tienen tres de cada cien personas, con aumentos de más de 1.3 puntos porcentuales. Sólo en Aguascalientes, Guerrero, Durango, Zacatecas y Morelos la proporción se redujo ligeramente.

El contraste es claro: mientras algunos estados lograron contener los efectos del desmantelamiento institucional; en otros, la población quedó mucho más expuesta a pagar de su bolsillo o a quedarse sin atención. Lo cierto es que, con pocas excepciones, las entidades no registraron mejoras sustantivas respecto a 2018.

Los datos permiten cerrar un ciclo de observación: seis años después de la desaparición del Seguro Popular, el sistema de salud mexicano opera de manera centralizada, resulta más costoso para los hogares y evidencia mayores desigualdades. El federalismo en salud, que durante casi cuatro décadas permitió construir capacidades locales y acercar servicios a la población, fue reemplazado por un esquema rígido en el que las decisiones se toman en la capital y las entidades ejecutan sin margen de maniobra.

El diagnóstico es contundente: entre 2018 y 2024 México retrocedió en cobertura, protección financiera y equidad territorial en salud. El regreso al centralismo no trajo la promesa de un “mejor servicio”, sino un sistema frágil, desigual y cada vez más dependiente de la capacidad de pago de las familias.

La política sanitaria volvió a colocar la mesa en el centro, sin reconocer que los problemas de Chiapas, Oaxaca o Guerrero no se resuelven con la misma receta que los de Nuevo León o la Ciudad de México. El costo lo están pagando millones de personas que hoy carecen de acceso a la salud. El gran reto de esta administración será revertir esa tendencia: recuperar la coordinación entre niveles de gobierno, reconstruir capacidades locales y, sobre todo, devolver a la población la certeza de que la salud es un derecho y no una mercancía.

Luis Javier Cortés Adame

Licenciado en Ciencia Política por la UAM y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE.