Afirmar que una política pública conecta un problema con una solución está lejos de ser una obviedad en la práctica. Cuando pensamos en combatir la contaminación ambiental, a muchos de nosotros nos viene a la mente implementar restricciones a la circulación vehicular. ¿Es lo más adecuado? Para los episodios de contaminación elevada, quizás. Para el largo plazo, seguro que no. Debemos pensar en una mezcla de distintas acciones como definir regulaciones más estrictas, alejar la industria de las ciudades, proveer más y mejor transporte público y promover su uso. Y eso en contextos como la Ciudad de México. En otras coordenadas, el problema se asocia más con la quema de cultivos provenientes de zonas rurales (como en Delhi), o incluso el humo de chimeneas (en la región parisina). Lo que quiero enfatizar con este ejemplo simple es que los problemas públicos deben de definirse y entenderse antes de intentar solucionarlos. ¿Otra obviedad? Algunas estimaciones muestran que menos de la mitad de los funcionarios públicos están capacitados para ello.

Si el problema no se define de manera correcta existe el riesgo constante de intentar solucionar los problemas con las herramientas habituales o ya conocidas, en lugar de buscar los instrumentos adecuados para abordarlos. Recordando el famoso martillo de Maslow: “Si la única herramienta que tienes es un martillo, puedes tratar cualquier cosa como si fuera un clavo”. Estar consciente de esto ayuda también a no caer en la trampa de las modas. Pongo el ejemplo de los famosos “empujones” (o nudges). Popularizados por Richard Thaler y Cass Sunstein como elementos de políticas públicas conductuales, los nudges implican guiar de manera sútil las elecciones de las personas de forma que mejore su toma de decisiones, sin restringir su libertad de elección.

Un ejemplo bastante próximo de este tipo de intervenciones es retirar los saleros en las mesas de los restaurantes para disminuir el consumo de sodio dado su papel como precursor de enfermedades cardiovasculares. En este caso, la opción por defecto cambia: al estar ausente el salero la probabilidad de su uso se reduce. No obstante, las personas tienen la libertad de pedirlo si así lo desean. Aún cuando la intervención no se llevó a cabo sin sustento conceptual, su impacto en México al parecer ha sido bastante limitado. Esto se debe a que la mayor parte del sodio consumido proviene de alimentos procesados (ya preparados) como el pan y los embutidos, por lo que la sal añadida por las personas representa sólo una fracción menor del total. Tenemos así un problema más complejo de lo que aparenta, pues no sólo se trata de ajustar el comportamiento de las personas en un contexto particular, sino de una política integral que cambie el comportamiento también en el hogar, los hábitos de consumo general y, a su vez, regule la industria alimenticia en cuanto a la calidad de los ingredientes.

Ahora bien, un completo entendimiento del problema es sólo el primer paso para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Se trata de un proceso iterativo que vincula problema y solución, o lo que llamaremos un enfoque de solución de problemas.

¿Qué significa adoptar un enfoque de solución de problemas?

Esto significa que las organizaciones públicas deben dejar de adaptar los problemas a sus capacidades y a herramientas conocidas o preestablecidas, y empezar a ajustar sus capacidades e instrumentos a los problemas. Es un cambio de mentalidad que implica flexibilidad, escucha activa y experimentación. Solucionar problemas requiere una combinación de creatividad con capacidad de análisis para generar ideas buscando entender el problema y construir una solución factible.

Estos “nuevos” modelos enfatizan definir el problema a partir de un conocimiento profundo de la situación que se pretende resolver. Esto implica dos aspectos relevantes: por un lado, centrarse en las personas o grupos involucrados en el problema mediante un entendimiento exhaustivo de su situación. Más que empatizar, se busca un proceso interactivo y colaborativo en el que la comunidad participe con el analista de políticas o funcionario en el entendimiento del problema y proponga, también, elementos que permitan solucionarlo.

Esto es crucial para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Una encuesta reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, en sus países miembros, sólo cuatro de cada diez ciudadanos confía en sus gobiernos; los ciudadanos perciben que no se les toma en cuenta en los procesos consultivos (tres de cada diez), y menos de la mitad ve oportunidades de colaborar en los procesos de política pública.

Así pues, para recuperar la confianza en los ciudadanos, entender sus problemas, y solucionarlos la pregunta pertinente no es cuántos beneficiarios atiende un programa público; más bien, debemos preguntarnos si estamos realmente resolviendo los problemas que más aquejan a los ciudadanos. Y eso sólo podremos saberlo entendiendo las necesidades de la población, comprendiendo cómo “viven” los problemas y conociendo sus experiencias en la interacción con la autoridad pública. Por ello, la pregunta última debe ser: ¿en verdad estamos resolviendo el problema?

Por otro lado, este proceso implica el análisis de datos que permite cuantificar la magnitud del problema y utilizar, por ejemplo, herramientas de geolocalización para ubicar a las personas o zonas más afectadas e identificar prioridades en cuanto a su atención. Así, el producto de este proceso se prueba rápidamente y se redefine de forma constante. Un aspecto importante que si bien está presente en la literatura, no se enfatiza lo suficiente, es el análisis de la factibilidad política, institucional y transectorial de las acciones para incrementar las posibilidades de éxito de las iniciativas.

Si bien es posible aplicar este marco general a distintos contextos y niveles de gobierno, es en los locales, sobre todo en las ciudades, donde es más frecuente ver iniciativas con estas características. Un ejemplo claro es el papel de los laboratorios (o agencias) de innovación, cuyo propósito es adaptarse a los problemas públicos, y no al revés. Esta estructura o lógica de adaptación les permite hacer políticas públicas utilizando “nuevos” instrumentos o metodologías basadas en el pensamiento de diseño (design thinking), centradas en el usuario o en análisis del comportamiento, como se detalla en el libro Pensar fuera de la caja burocrática. Laboratorios de innovación pública en América Latina (Debate, 2025). Como ejemplos tenemos el MVD Lab de Montevideo, Uruguay (innovación, diseño y prototipado) o el LABNL en Nuevo León, México (colaboración y experimentación).

Cabe señalar que estos postulados para resolver problemas no están exentos de cuestionamientos. Por ejemplo, cabe preguntarse si este proceso es aplicable a todos los problemas públicos o si su utilidad se restringe a la provisión de servicios en contextos locales. Asimismo, la literatura al respecto cuestiona si los procesos colaborativos son aplicables en todos los ámbitos o si éstos no se contradicen con el principio de testeo rápido pues convocar y coordinar actores de distintos sectores puede ser tardado. Lo cierto es que la visión para abordar los problemas públicos tiene que cambiar para hacer frente a problemas públicos cada vez más complejos, involucrando a la sociedad y recuperando su confianza en el gobierno.

¿Estamos capacitados para resolver problemas?

El mercado laboral evidencia la importancia de contar con habilidades de solución de problemas. Según el Foro Económico Mundial, el pensamiento analítico y creativo son dos de las habilidades más solicitadas por los principales actores encargados en resolver problemas públicos; es decir, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG). El pensamiento analítico es la primera prioridad para ambos (77 % de las oficinas gubernamentales y 83 % de las ONG), mientras que el pensamiento creativo ocupa el segundo lugar en el sector gubernamental con 68 % y el tercero para las ONG con 59 %.

Pero tenemos un dilema: si bien la resolución de problemas destaca por ser la habilidad más demandada por el mercado laboral, es también aquella con el mayor nivel de insatisfacción. Un reporte de la empresa Quacquarelli Symonds (QS) sobre capacidades, arroja que para los empleadores globales “la resolución de problemas destaca por recibir el mayor nivel de insatisfacción y, a su vez, el mayor déficit de competencias entre los empleadores mundiales”. Estos datos parecen reflejarse en el sector público a nivel local. Beth Noveck, profesora en la Universidad Northeastern y experta en innovación social, encontró que sólo una tercera parte de los funcionarios públicos en los gobiernos subnacionales se encuentra capacitado en habilidades de solución de problemas relacionadas con el pensamiento analítico y creativo.

¿Qué podemos hacer?

Para enfrentar los desafíos contemporáneos en la resolución de problemas públicos en ciudades, debemos actuar en tres ámbitos clave: investigación, formación superior y recualificación profesional.

Investigación

Debe centrarse en identificar y desarrollar las capacidades necesarias para resolver problemas complejos en el ámbito local. Esto incluye estudiar la interacción entre pensamiento analítico y creativo, fomentar metodologías multidisciplinarias, explorar enfoques colaborativos y participativos, y cerrar la brecha entre investigación académica y política pública urbana.

Formación superior

Las instituciones educativas deben rediseñar sus currículos para formar profesionales capaces de entender y definir problemas públicos. Se requiere un enfoque práctico y multidisciplinario que integre teoría y práctica, que fomente habilidades analíticas, creativas, críticas, empáticas y éticas, y fortalezca la colaboración con actores del sector público y privado.

Recualificación profesional

Es fundamental actualizar las competencias de los funcionarios públicos locales. Los programas deben enfocarse en el análisis profundo de problemas, el uso de indicadores de proceso e impacto real, que respondan a preguntas tales como: ¿estamos solucionando el problema?, ¿el problema se resuelve en el perímetro administrativo o requerimos un enfoque metropolitano? Asimismo, que consideren capacitar para fomentar la colaboración intersectorial y formatos de aprendizaje flexibles. Esto debe estar respaldado por políticas públicas y alianzas estratégicas.

Estas tres líneas de acción permitirán cerrar la brecha entre competencias existentes y necesidades reales, fortaleciendo la capacidad de resolver problemas públicos con el objetivo último de mejorar la calidad de vida ciudadana.

Este texto es una adaptación breve del capítulo 8, “Premisas y capacidades para adoptar un enfoque de solución de problemas en las ciudades”, incluido en Gómez-Álvarez, D. y Rentería Marín, C., Pensar fuera de la caja burocrática. Laboratorios de innovación pública en América Latina. (Debate, 2025). En dicho capítulo, el tema se desarrolla con mayor profundidad y cuenta con un respaldo bibliográfico más amplio.

Roberto Rodríguez R.

Investigador en el laboratorio interdisciplinario para la evaluación de políticas públicas de Science Po.