El pasado 29 de abril, comenzaron las campañas para la renovación de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. Ese mismo día, fue asesinado a balazos Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui, al norte de la entidad. Menos de dos semanas después, la noche del domingo 11 de mayo, mientras realizaba un recorrido por las calles de Texistepec, al sur de la entidad, fue asesinada de la misma manera Yesenia Lara Gutiérrez, quien quedó tendida sobre la calle, con su cuerpo cubierto con una bandera de Morena, bajo la cual asomaba la sangre que escurría. Imagen que representa de manera dramática y explícita la situación de un estado al garete y que provocó un llamado de auxilio de la gobernadora Rocío Nahle García al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le mandó 3,500 elementos de la Guardia Nacional para intentar preservar el orden.
Al momento de escribirse estas líneas, más de 400 candidatos han renunciado a mantener sus aspiraciones a cargos edilicios y alrededor de 80 habían solicitado protección ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplever) por razones relacionadas con la inseguridad, principalmente amenazas. Las solicitudes son remitidas al gobierno estatal que, a su vez, se “encarga” de brindar el apoyo. Aunque no es gratuito.
El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, se quejó el pasado viernes 16 de mayo –después de interponer una denuncia en la Fiscalía estatal por la vandalización de la sede priista, ocurrida un día antes, a mediodía y a unas cuadras del palacio de gobierno, en Xalapa– de que si algún candidato o candidata solicita protección, la autoridad le asigna uno o dos elementos a los que les tienen que pagar alimentos y hospedaje. “Hoy la seguridad pública en Veracruz tiene precio”.
En ese contexto de inestabilidad, los grupos políticos en Veracruz transitan de un partido a otro, de preferencia hacia el oficialismo, como “camaleones” que se mimetizan con el discurso y las formas políticas en boga, pero que en esencia son lo mismo y los mismos de siempre.
El clan
Con una parte de la oposición totalmente desfondada y otra desempeñando el papel de “tonto útil” del régimen, el camino para Morena en el estado de Veracruz en estas elecciones pareciera estar completamente despejado. Al menos eso es lo que se desprende de la mayoría de las encuestas que circulan. Al más puro estilo del viejo PRI –partido que hoy está en peligro de perder su registro en el estado–, el nuevo partido oficial aspira a un carro casi completo en la elección municipal, ganando casi todos los principales ayuntamientos, a excepción de unos cuantos en los que quedan resabios de los bastiones que solían ser para el PRI o el PAN, o bien en donde hay fuertes cacicazgos que se imponen electoralmente más allá de las siglas partidistas que los abanderen.
La verdadera disputa por el poder, como también ocurre en el ámbito nacional, se libra a nivel interno, entre los distintos grupos políticos de Morena que se canibalizan a la menor oportunidad. Un punto de quiebre fue la insólita incorporación de la familia Yunes a la 4T. Operada por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. La “bienvenida” al senador Miguel Ángel Yunes Márquez al morenato –pagada con impunidad en los casos penales que tiene pendientes– a cambio de su voto en favor de la reforma judicial, fue rechazada de manera tajante por Rocío Nahle, al grado de llevar a una ruptura total con el exsecretario de Gobernación.
Nahle culpa a los Yunes –en especial, al jefe del clan, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares– de estar detrás de la exhibición de su patrimonio inmobiliario durante la campaña por la gubernatura, lo cual ha calificado como una estrategia de “guerra sucia”, aunque lo cierto es que nunca logró explicar de manera clara ni satisfactoria el origen de mansiones, rentas y propiedades de las que disfrutan ella y su familia.
Rocío Nahle no era la candidata de Adán Augusto López Hernández para la gubernatura. En el proceso interno de Morena apoyó al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, un político sin arraigo alguno en Veracruz que, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, dispuso de sus recursos para promover una candidatura que al final no prosperó. Como tampoco la de López Hernández para la Presidencia de la República. Rocío Nahle se anotó una victoria política al impedir la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena. Sin embargo, esa familia extendió ya sus tentáculos dentro de la “cuarta transformación”, al mismo tiempo que sigue manejando al PAN en Veracruz, con una dirigencia estatal afín a sus intereses y una dirigencia nacional omisa, que les permitió colocar a representantes de su grupo en candidaturas panistas en municipios importantes, como el puerto de Veracruz y su bastión, Boca del Río.
Fuego amigo
Aunque pertenecen al mismo movimiento, la llegada al poder de Rocío Nahle en Veracruz significó el desplazamiento del grupo que gobernó el anterior sexenio. La evidente corrupción en la administración de Cuitláhuac García –2,400 millones de pesos le reclama la Auditoría Superior de la Federación sólo en la Cuenta Pública de 2023– fue el pretexto ideal para Nahle para deslindarse de compromisos políticos y de responsabilidades. Tanto así, que la Contraloría General del Estado presentó una denuncia penal por un desfalco en los servicios de salud de Veracruz, aunque por un monto muy menor: apenas 200 millones de pesos. Pero fue suficiente para generar la percepción de una ruptura entre la actual gobernadora y su antecesor; atajada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió a declarar que “tengo la mejor opinión de Cuitláhuac, la mejor opinión, está trabajando con nosotros en Cenagas, está haciendo un gran trabajo”, dándole un fuerte espaldarazo. Más tardó Sheinbaum en decir eso, que Nahle en salir a “aclarar” que “no hay rompimiento contra el gobernador Cuitláhuac García”, con quien “tengo una buena relación”.
Sin embargo, hay otro personaje del sexenio anterior que se mueve en las sombras y a quien señalan como quien podría estar detrás de la inestabilidad política y social en Veracruz: el exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Originalmente parte del grupo político de Rocío Nahle, Cisneros Burgos –que fungió el sexenio pasado como una especie de “vicegobernador”, ante la frivolidad, indolencia y desinterés de Cuitláhuac García– se creyó con el capital político y financiero suficiente para disputarle la candidatura a la gubernatura. Ingenuamente, pues la decisión de favorecerla estaba tomada desde el principio.
Caído en desgracia política luego de la postulación de Nahle, Cisneros Burgos tuvo que autoexiliarse de Veracruz para no ser perseguido. Pero desde Yucatán ha seguido operando sus intereses en territorio veracruzano.
Poco antes de que comenzaran las campañas municipales, Eric Cisneros se apareció por Veracruz, con el pretexto de las fiestas patronales en su pueblo natal, Otatitlán, luego de lo cual se dejó ver por Xalapa y Coatepec. Por coincidencia, en esos días se recrudeció la violencia en la entidad.
La alianza con la “Fidelidad”
La alianza del morenismo con el grupo político llamado de la “Fidelidad”, por su identificación con el recien fallecido exgobernador Fidel Herrera Beltrán, no es nueva. Y en buena medida, es una de las razones por las que están gobernando en Veracruz desde 2018.
Gran parte de los operadores fidelistas, antes priistas, están hoy en Morena y en su aliado, el Partido Verde, cuyo líder real en el estado es uno de los hijos del exmandatario, el diputado federal Javier Herrera Borunda, quien en la campaña por la gubernatura del año pasado apoyó públicamente a Rocío Nahle. Esa alianza política explica las deferencias del gobierno de Nahle con la familia de Herrera Beltrán, que no se limitaron a las condolencias oficiales tras su fallecimiento el pasado 2 de mayo, sino que llegaron hasta el punto de hacerle un homenaje de Estado al exgobernador en el Congreso de Veracruz, a donde llevaron sus cenizas para una ceremonia póstuma el pasado 11 de mayo, a pesar de la oposición del ala más radical de los morenistas en la entidad.
El orador principal en ese acto político fue Javier Herrera Borunda, quien agradeció a la gobernadora Rocío Nahle su “sensibilidad y generosidad” por brindar las facilidades para llevar a cabo el homenaje, que generó controversia por la figura de Fidel Herrera como el gobernador en cuyo sexenio comenzó la descomposición de la seguridad en el estado y se extendió la violencia de la delincuencia organizada por todo el territorio estatal. En estas elecciones en Veracruz, Morena y el Partido Verde van coaligados en la mayoría de los municipios. Pero el proyecto del PVEM para la gubernatura en 2030 es Javier Herrera Borunda. Con o sin alianzas.
“Veracruz está en paz”
A menos de dos semanas de las elecciones municipales –que se celebrarán junto con las elecciones judiciales federales y locales el próximo 1 de junio–, la violencia asociada directa o indirectamente con el proceso no cesa en Veracruz. El lunes 12 de mayo dos agentes de investigaciones de la Fiscalía General de la República murieron en un enfrentamiento armado con delincuentes en la vía pública, a mediodía, en el turístico municipio de Boca del Río, tras lo cual se reforzó el envío de efectivos de seguridad al estado.
Este sábado 17 de mayo, circuló el video de una ejecución brutal de un presunto jefe de plaza en el municipio de Nanchital, al sur de la entidad, en el cual señaló al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Elvis Ventura, de estar vinculado con grupos criminales de esa zona. Lo cual, por supuesto, el señalado negó. Pero para la gobernadora Rocío Nahle, “Veracruz está en paz” y la población “no siente miedo”. Mientras las balas no le pasen cerca.
Aurelio Contreras Moreno
Periodista y docente. Director de La Clave online