La historia de México está llena de momentos en los que los municipios han demostrado su capacidad para ser laboratorios de democracia y progreso. Como en tantas otras latitudes del país, las elecciones en Durango no sólo eligen a 39 alcaldes, sino que dibujan los contornos de una identidad política y social. Este proceso electoral 2025 se perfila como un capítulo en la reconfiguración del poder local y su relación con las dinámicas nacionales. Desde 2022, Morena y sus aliados tienen presencia en dieciocho municipios. La alianza PRI-PAN-PRD controla veinte municipios, y Movimiento Ciudadano está a cargo de un municipio. Así, la contienda se libra en un contexto donde la alianza PRI-PAN busca conservar su bastión en el estado. Y frente al avance de Morena y su coalición, así como de Movimiento Ciudadano, lo que está en juego no sólo se circunscribe a la narrativa de resistencia, sino también a una de reconfiguraciones sociales en la vida municipal.
En 2025 se renovarán los ayuntamientos de 251 municipios en el país, 212 en Veracruz y los 39 en Durango. De todos ellos, el más grande en términos poblacionales es la capital duranguense, donde no sólo se concentra el peso demográfico, sino también una parte significativa del dinamismo económico y político del estado. Con una lista nominal que asciende a 1 443 780 personas, el proceso electoral en Durango no sólo será un ejercicio democrático, sino también una medición del pulso cívico y político. Se trata de la primera elección local posterior al sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la que Morena busca mantener su hegemonía territorial bajo una nueva dirigencia nacional, aún en proceso de consolidación interna y con la exigencia de obtener resultados inmediatos.
En lo social, las elecciones municipales de Durango representan más que hacerse del poder; son un espacio donde se negocian las prioridades de una sociedad marcada por desafíos estructurales. En un estado con 641.1 (34.3 %) miles de personas en pobreza y 117.8 (6.3 %) miles de duranguenses en pobreza extrema, el desafío por una sociedad próspera prevalece. Dado que Durango posee uno de los municipios más pobres del país, Mezquital (91.1 % de la población en pobreza y 65.5 % de la población en pobreza extrema), cada proceso electoral se convierte en la esperanza de miles por un mejor futuro. Además, ante el discurso adverso sobre el migrante que impulsa el gobierno de Estados Unidos, la llegada de connacionales que requerirán servicios y políticas municipales es un escenario real.
Las exigencias de la comunidad insisten en la seguridad pública, el desarrollo económico y la mejora de los servicios básicos. Para los habitantes de Durango, la inseguridad es el principal problema que los aqueja (46.9 % de la población de dieciocho años y más); la salud, el segundo (36.3 % de la población mayor de edad); la escasez de agua, el tercero (35.5 % de la población adulta); el aumento de precios y el desempleo, como el cuarto y quinto problema, respectivamente. En manos de los candidatos y las candidatas estarán las administraciones municipales que pretenderán abordar estas exigencias. No será un asunto menor, pues los problemas complejos de las comunidades requerirán soluciones complejas, a menudo reforzadas o impedidas por las relaciones con otros órdenes de gobierno.
El municipio mexicano ha sido siempre un reflejo de las contradicciones de la nación: cercano al pueblo, pero distante de la fortaleza institucional; depositario de anhelos democráticos, pero atrapado en las redes de un centralismo persistente. Enfrenta desde hace décadas una encrucijada de debilidades fiscales y administrativas que lo confina a una fragilidad crónica, a medio camino entre la aspiración de autonomía y la realidad de la dependencia. Estos problemas, lejos de ser fenómenos recientes, hunden sus raíces en el diseño mismo del municipio y en las incrustaciones que, a lo largo del tiempo, se le han colocado en nombre de la descentralización.
La debilidad fiscal de los municipios aparece como síntoma de la subordinación al poder central. La dependencia municipal de las transferencias federales, que en Durango va de 84 % a 99 % de sus ingresos, los convierte en instancias con escasa autonomía financiera. Esta dependencia no sólo limita su capacidad para decidir sobre los recursos, sino que los sume en una vulnerabilidad estructural: cuando los caudales federales se retrasan o disminuyen, los ayuntamientos quedan a la deriva, incapaces de resolver el alumbrado, la recolección de basura o la seguridad pública. La recaudación propia, que debería ser el pilar de la autonomía municipal, es ínfima. El impuesto predial, principal fuente de ingresos locales, flaquea por catastros obsoletos, una cultura de incumplimiento, y políticas de “borrón y cuenta nueva” a las cuentas pendientes de los contribuyentes. En suma, no hay incentivos políticos para recaudar con eficiencia. La evidencia es clara: una cuarta parte de los municipios de Durango recauda apenas cincuenta pesos o menos por persona al año por concepto de predial, muy por debajo del promedio nacional de 179 pesos. Así, el predial ha sido relegado a un papel marginal en las finanzas locales.
A la debilidad fiscal, se suma una capacidad administrativa frágil. En un país donde la alternancia política es una conquista reciente, los municipios padecen los estragos de una burocracia improvisada y efímera. Cada tres años, como seguramente volverá a ocurrir, se produce una ruptura traumática de la gestión pública: los proyectos se abandonan, los avances se diluyen y la memoria institucional se desvanece. Los cargos técnicos, lejos de estar ocupados por profesionales capacitados, suelen ser botín de lealtades políticas. Y sin formación de capacidades de los funcionarios locales, los ayuntamientos quedan mal equipados para enfrentar los desafíos propios del nivel de gobierno. Lo que debería ser una fortaleza del municipio, su cercanía, se vuelve un espejismo; la proximidad no se traduce en eficacia, sino en una gestión errática que alimenta la desconfianza.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, del Inegi, en Durango se ubicaron 18 295 trabajadores adscritos en los 39 municipios. Del total, 2100 (16.06 %) poseen una base que les permite estabilidad y continuidad. El resto (83.94 %) se clasifica como personal de confianza, eventual o de honorarios, que, al terminar la administración, muy probablemente abandonará su encargo. Con esta estructura, es difícil pensar en la continuidad de políticas y programas y en el aprovechamiento de la experiencia. La ruptura traumática sucede y vuelve a empezar el ciclo. Por grado de estudios, de los 18 295 funcionarios municipales, el 29.40 % no tiene la educación básica concluida. Apenas, el 27.25 % de los funcionarios municipales tienen alguna formación de educación superior o de posgrado. Y como ejemplo, ningún funcionario municipal de Durango adscrito a la oficina de recaudación municipal reportó haber recibido capacitaciones relacionadas con la gestión catastral.
Quienes encabezarán las próximas administraciones municipales en Durango tendrán un desafío para evitar que estas debilidades fiscales y administrativas sean un destino inexorable. A la fecha de esta entrada, de las 308 candidaturas registradas para el proceso electoral, sólo 286 se han capturado en el sistema informático desarrollado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) para facilitar a los votantes el acceso a la información curricular y de identidad de las personas que pretenden acceder a los 39 ayuntamientos.
De las 286 candidaturas con información en el proceso electoral, 158 son mujeres y 128 son hombres. 25 candidaturas están representadas por jóvenes de 21 a 29 años; 80 por personas entre 30 y 40 años; 76 tienen entre 41 a 50 años; 74, entre 51 y 60 años; y 31, de 60 años y más. Por grado máximo de estudios, 150 candidaturas tienen hasta el bachillerato concluido. Sólo 51 tienen licenciatura y 61 tienen algún tipo de posgrado. En menor medida, dos candidaturas tienen hasta la educación primaria concluida, 18 hasta secundaria, y cuatro tienen una educación técnica. De las candidaturas registradas, cinco candidaturas se autoidentificaron como indígenas, sólo una candidatura pertenece a la población con discapacidad, tres personas se autoidentificaron como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Ninguna candidatura manifestó ser persona migrante, ni tampoco afromexicana.
Los que lleguen a gobernar asumirán la tarea de la gestión pública para administrar el erario, atender las demandas y poner a punto los servicios públicos. Las alcaldesas y los alcaldes deberán ser diestros equilibristas, capaces de tender puentes entre intereses, a menudo, divergentes, sin perder de vista las necesidades comunitarias. Frente a un gobierno estatal priista, la figura que encabece el ayuntamiento deberá apelar a los intereses compartidos, como el desarrollo económico o el desarrollo social, para negociar recursos o proyectos. Por otro lado, el gobierno federal morenista, con su visión centralista y retórica de transformación, exige al alcalde un enfoque distinto: demostrar que sus proyectos locales encajan en la narrativa de la “Cuarta Transformación”, incluso si el municipio está gobernado por otra fuerza política. Esta dualidad requerirá de las presidentas y los presidentes municipales una sensibilidad en extremo diplomática, de una capacidad para hablar el lenguaje de cada interlocutor, sin traicionar los intereses de su comunidad. El poder de los alcaldes no reside en el cargo, sino en la capacidad para movilizar recursos y crear consensos en un tablero político donde los niveles estatal y federal juegan con sus propias reglas. En los votos de los duranguenses se jugará no sólo el control de los ayuntamientos, sino la posibilidad de construir un pacto social que responda a los clamores de una sociedad que, entre la sierra y los valles, sigue anhelando la justicia, la seguridad y la prosperidad.
Sergio Humberto Chávez Arreola
Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Rafael Rodríguez Vázquez
Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango.