En las últimas semanas, el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, ha sido señalado en México y el mundo como un sitio donde prevalece el horror y se desvanece la sensibilidad humana. Se ha hecho público el hallazgo de un presunto campo de entrenamiento —según las autoridades— o campo de exterminio —según la opinión pública— operado por el crimen organizado. Este descubrimiento no sólo reafirma la brutalidad del narco, sino que obliga a plantear una pregunta inevitable: ¿qué significa para una democracia que existan territorios donde operan poderes armados fuera del control del Estado por incapacidad, omisión o complicidad?
La respuesta revela algo igual de preocupante y perturbador: la corrosión lenta y silenciosa del Estado mexicano en partes cada vez más amplias del territorio.
Zonas marrones: donde la democracia se oxida
Guillermo O’Donnell definió las “zonas marrones” como aquellos espacios donde, a pesar de que hay elecciones periódicas, la ley y el orden estatal no se aplica, no tiene presencia efectiva y por tanto los derechos ciudadanos no están garantizados.[1] Así, los estados nacionales se fragmentan en islas de legalidad —generalmente las grandes ciudades— e ilegalidad —los municipios y comunidades pequeñas—, generando una democracia fragmentada —e incluso fracturada—.
Lo que Teuchitlán nos muestra en estos días es que estas zonas se encuentran por todo México y que las condiciones de su existencia son la cotidianeidad para muchos mexicanos. La autoridad estatal ha sido desplazada —por omisión, incapacidad o colusión— por poderes criminales que controlan el territorio. Pero esta situación no ocurre en el vacío ni aparece de pronto: el diseño federal, la fragmentación institucional, la ausencia de control sobre los gobiernos estatales y locales, la falta de capacidad en seguridad, entre muchos otros factores, facilitan esa coexistencia.
La autoridad estatal y los vacíos
La estructura y las dinámicas de relación entre los niveles de autoridad profundizan la corrosión: superposición de competencias, responsabilidades sin capacidades, obligaciones sin recursos, vacíos de autoridad efectiva, generan un sistema perverso de dilución de la responsabilidad y abdicación en la obligación de garantizar derechos. En el México de hoy, la fragmentación territorial del poder —bajo el esquema federal vigente— no significa autonomía ni descentralización: significa abandono.
Es común, entonces, escuchar declaraciones de los gobernadores donde dicen que los delitos son de orden federal, o bien, culpar a los municipios por no atender y controlar los territorios, mientras que los alcaldes suelen decir que el gobierno estatal los deja solos y no cuentan con personal ni recursos para combatir al crimen. A su vez, el gobierno federal culpa a los gobernadores por su inacción y repite como mantra que trabajarán en la coordinación de las fuerzas de los tres niveles. Algo de verdad hay en todas las posturas pero las excusas no resuelven los problemas.
Además, entre más bajo el nivel de autoridad, más cercano y más vulnerable se está a las redes y alianzas de interés territorial. Y no es que las agencias estatales desaparezcan, es que el poder real lo detentan las fuerzas fácticas paralelas. Este poder queda oculto en el silencio hasta que la dimensión de los hechos supera las censuras y autocensuras.
El narco como poder paralelo
El campo de entrenamiento/exterminio de Jalisco no es una excepcionalidad, acaso ha encontrado resonancia mediática. En diversos estados se han encontrado lugares de entrenamiento, reclutamiento forzado y desaparición de personas, lo que evidencia una práctica planeada y con diseño logístico.
Esta presencia continua nos permite considerar la efectividad del control territorial que tienen estos grupos de la delincuencia organizada que suplanta funciones del Estado: impone normas, controla comunidades, ofrece protección, cobra impuestos. Nos indica la existencia de un sistema paralelo que ejerce autoridad sobre y en la vida cotidiana de esos territorios y sus habitantes.
El crimen organizado no desafía abiertamente al Estado, lo va carcomiendo desde dentro, minando su legitimidad, su capacidad y su sentido básico: proteger a sus habitantes.
Así, la gente que vive en estos lugares no tiene muchas opciones: huir, resistir y morir, integrarse pasivamente al orden fáctico —concediéndole legitimidad de facto y acatando su legalidad en silencio a cambio de una frágil y mínima garantía: mantener la vida—, o integrarse activamente en forma consentida aprovechando las oportunidades económicas que ofrece aun si el costo es la vida misma o bien en forma forzada.
La neblina de la guerra
Esta degradación estatal y social opera bajo lo que en su momento Andreas Schedler, siguiendo a Clausewitz, llamó la “neblina de la guerra”.[2] Es decir, la autoridad estatal enfrenta al crimen organizado sin tener claro quién es el enemigo, cómo opera ni qué estructura tiene. A veces el enemigo está incluso dentro del Estado; en otras ocasiones las redes familiares y sociales diluyen los bandos y generan alianzas de interés. Hay lugares en los que todos saben quién forma parte de la delincuencia, pero nadie confía en nadie y el silencio los protege. Surge entonces una ignorancia y una ceguera institucionalizada —por incapacidad, omisión o colusión— que impide las respuestas coherentes al problema.
Así, la neblina de la guerra lleva a desconocer los datos de quienes integran las fuerzas policiales. Por ejemplo, en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Inegi de 2023, no es posible encontrar datos consistentes sobre cuántas personas integran las fuerzas de seguridad municipal en muchos municipios del país. En el caso de Teuchitlán, no se cuenta con datos certeros al respecto, acaso reporta una persona adscrita a Seguridad Pública, la razón puede ser múltiple, pero lo cierto es que esta opacidad no permite tener información sobre la presencia policial en el territorio. De acuerdo con información del Secretariado de Seguridad Pública en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (2019), 650 de los 2446 municipios del país (26.5%) ni siquiera tenían policía municipal.
Ante ello, las fuerzas del Estado actúan como si tuvieran el control, tolerando o negociando la ocupación territorial, administrando la inseguridad. Cuando algún hecho delictivo ocurre la policía estatal y la Guardia Nacional se presentan pero después se van, por lo que el orden se recupera de forma pasajera y no se mantiene. Bajo la simulación la corrosión estatal avanza en silencio, a la sombra.
Conclusión
Teuchitlán es un golpe de realidad, un grito desesperado. El Estado mexicano tiene sus estructuras corroídas. En muchas regiones del país no hay condiciones para vivir: no hay seguridad, no hay justicia, no hay Estado. Donde no hay Estado no puede haber democracia funcional. Puede haber elecciones pero no ejercicio pleno de derechos, comenzando por el derecho a la vida en un día y lugar cualquiera. Puede haber autoridades electas, pero que no ejercen autoridad real ni control sobre el territorio. Puede haber programas sociales pero que impulsan el mercado interno de las drogas. No, no somos el país más democrático y tampoco el más feliz. La descomposición estatal está avanzando municipio a municipio mientras se sigue queriendo mantener la apariencia de normalidad. Donde el federalismo sirve sólo para dispersar responsabilidades, el pacto democrático se disuelve. Donde hay simulación de Estado no hay democracia, hay miedo, silencio y muerte.
Javier Contreras Alcántara
Profesor-investigador y coordinador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
[1] O’Donnell, Guillermo,, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales”, Desarrollo Económico, 33(130), 1993, pp. 163-184.
[2] Schedler, Andreas, La neblina de la guerra: el Estado frente al crimen organizado, CIDE, 2015