La descentralización desempeña un papel clave en la provisión de bienes y servicios públicos, principalmente a través de transferencias federales como el Ramo 33 y su Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Este mecanismo constituye uno de los principales instrumentos mediante los cuales la Federación transfiere recursos a los estados y municipios, utilizando una fórmula de distribución basada en la población y el índice de marginación. El FAIS se conforma de un 2.5 % de la Recaudación Federal Participable; 12.1 % se destina a las entidades federativas y el 87.9 % a los municipios. Con la reforma fiscal de 2014, dicha fórmula incorporó un componente enfocado en la reducción de los niveles de pobreza, lo que ha generado que los recursos del FAIS hayan crecido en promedio 3.5 % cada año en términos reales. Como se observa en la gráfica siguiente, entre 2010 y 2020 los recursos del FAIS mantuvieron un crecimiento sostenido y, tras la pandemia, retomaron esta tendencia.
Fuente: elaboración propia con información de cuentas públicas 2010-2023.
La agenda de los gobiernos subnacionales, su presupuesto y la ejecución de obras con recursos de este fondo, deberían estar enfocados en atender las necesidades más apremiantes de su entorno con el objetivo de lograr una distribución óptima de bienes y servicios públicos para el desarrollo de las capacidades de su población. Si bien un incremento en el gasto público destinado a infraestructura social como el FAIS debería incidir en el corto plazo en el crecimiento económico al estimular la demanda, en el largo plazo debería tener efectos sobre la formación de capital humano como resultado del crecimiento económico.1 Sin embargo, los impactos del FAIS siguen generando interrogantes que van desde el real fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales para atender las demandas de su población, y el de promover autonomía financiera e inversión en infraestructura social, como muestran algunos estudios;2 sin embargo, estos no son concluyentes debido a la heterogeneidad de cómo opera el FAIS a niveles estatal y municipal.
En ese sentido, nuestra reciente investigación llamada “El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) desde el análisis espacio-tiempo y su relación con las carencias sociales” publicada dentro del libro Balance de la política social en tiempos del covid-19 y retos de la pospandemia en México, editado por el Colegio de la Frontera Norte, parte de la premisa de que el FAIS, en su vertiente estatal (FISE), tiene efectos de desbordamiento o derrama social (spillovers). Ello, en la medida en que es posible identificar espacialmente las obras y acciones realizadas con recursos de este fondo en las entidades federativas y, que de acuerdo con la teoría de crecimiento endógeno, se esperaría identificar la presencia de efectos spillovers, derivados de invertir en infraestructura social, los cuales generarían mejoramientos en las carencias sociales y la disminución de la pobreza.
La evidencia encontrada sobre el FISE cuestiona si la oferta de servicios públicos crea efectos de desbordamientosdirectos e indirectos entre entidades vecinas, que a partir de la construcción de una escuela, un hospital, una carretera, un pozo de agua, por citar algunos ejemplos, exista un beneficio sobre el bienestar de una entidad contigua y, por tanto, señalar que estarían conjuntamente abatiendo las carencias sociales con las cuales se mide la pobreza de acuerdo con el Coneval.
A través de un modelo de autocorrelación espacial y un modelo autorregresivo de error para ajustar la heterogeneidad individual y temporal a través de efectos fijos y aleatorios, encontramos que el patrón de crecimiento económico es importante para explicar el comportamiento territorial de la pobreza en el país, con resultados marginales en la distribución de este tipo de recursos etiquetados sobre las carencias sociales y la pobreza de los estados vecinos. Nuestros resultados muestran que el papel de la heterogeneidad en la determinación de los niveles de las carencias sociales y de la pobreza en México es el punto de partida para combatirlas. En otras palabras, señalamos que la transferencia del FISE no tiene una influencia importante para generar efecto derrama, dado que también existen diferencias al interior de cada entidad federativa provenientes de otras fuentes de ingreso, así como de la forma en la que se gasta.
De igual forma, nuestros hallazgos permiten vislumbrar que atender el papel de la heterogeneidad en el abatimiento de las carencias sociales demanda consensos y trabajo de los gobiernos estatales, más allá de los límites territoriales y administrativos. Los lineamientos de la aplicación de los recursos del FAIS podrían promover por esta vía obras o acciones de colaboración entre entidades federativas con la finalidad de aliviar rezagos que requieren plazos más largos e inversiones de mayores alcances. El no hacerlo seguirá generando bajos efectos de desbordamiento, así como menores disminuciones en las carencias sociales. Por esa razón, los resultados del estudio refuerzan que es necesario un crecimiento económico acompañado de gasto de inversión, y no sólo un incremento de recursos etiquetados.
Por ello, es cuestionable el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, debido a que tiene menos recursos para las entidades federativas y una mayor centralización. En términos generales, el gasto federalizado proyectado muestra una reducción real del 1.2 % en comparación con el año anterior. Como resultado, se observa una disminución del 4.6 % en las aportaciones federales, particularmente por el recorte del 42.5 % del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos que serán redirigidos para el programa IMSS-Bienestar. Si bien México ha experimentado profundas transformaciones que han modificado las premisas sobre las cuales se sustentó la descentralización, hoy es importante replantearlos y analizar los nuevos retos que ha traído la coordinación intergubernamental.
Finalmente, es necesario analizar los atributos del mecanismo de descentralización que se ha plasmado en el Ramo 33, así como las nuevas relaciones de poder entre la Federación y los gobiernos subnacionales, y atender desafíos como las capacidades administrativas de los gobiernos estatales y la construcción de políticas públicas locales que reduzcan las desigualdades regionales.
Brenda G. Coutiño Vázquez
Investigadora Asociada C en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México
Oscar A. Martínez Martínez
Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
1 Hansen, N. M., “Unbalanced Growth and Regional Development”, Western Economic Journal, vol. IV, no. 1, otoño, 1965, pp. 3-14
2 Ver: Rodríguez-Castelán, C., Cadena, K., y Moreno, L., “Efectos distributivos y en desarrollo regional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, Documento de trabajo, n. 129616, 2018; Coutiño, B. y Martínez-Martínez, OA, “El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) desde el análisis espacio-tiempo y su relación con las carencias sociales” en Ordoñez-Barba, G y Martínez-Martínez, OA (coords). Balance de la política social en tiempos del COVID-19 y retos de la pospandemia en México, El Colegio de la Frontera Norte, 2022, pp.194-215