En las últimas décadas, la erradicación de la pobreza ha ocupado un lugar central en el discurso público. A simple vista, parece ser una prioridad compartida en el país: se habla constantemente de la importancia de reducirla, se construyen narrativas que evidencian su impacto en la vida cotidiana, y desde la administración pública se diseñan esfuerzos para combatirla. Sin embargo, persiste una brecha entre las metas establecidas y los resultados obtenidos.
Uno de los instrumentos más importantes para este objetivo en México es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),1 un mecanismo diseñado para financiar proyectos de infraestructura en los estados y municipios más pobres del país. Es decir, los recursos deben asignarse —a consideración de los estados— a proyectos que mejoren el suministro de agua potable y drenaje, la construcción de centros de salud y educación, proveer energía eléctrica, así como a obras de urbanización y vivienda, como carreteras o mejoras a hogares.2, 3
A primera vista, el FAIS parece ser una herramienta poderosa para combatir la pobreza. Sin embargo, nuestro análisis revela que su impacto no siempre es el esperado.4 A través de un modelo de datos en panel, con observaciones bianuales sobre los niveles de pobreza en los estados mexicanos y los recursos asignados por tipo de proyecto entre 2016 y 2022, encontramos que los recursos destinados a proyectos de urbanización tienen un efecto contraintuitivo, ya que, en lugar de reducir la pobreza, contribuyen a su incremento. En contraste, las inversiones en proyectos relacionados con el suministro de agua potable y saneamiento muestran resultados estadísticamente significativos que confirman su efectividad para disminuir la pobreza.
¿Cuáles son los principales retos para las entidades?
En primer lugar, los niveles de pobreza y las necesidades de los estados mexicanos son marcadamente heterogéneos, lo que complica la asignación y ejecución de los recursos federales. Por ejemplo, mientras estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz enfrentan tasas de pobreza superiores al 50 %, entidades como Nuevo León y Coahuila tienen menos del 30 % de su población en situación de pobreza.
Figura 1. Evolución de la pobreza por entidad federativa 2014-2020
Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval 2024-2020
Aunque el FAIS ha sido ajustado en diversas ocasiones para responder a esta diversidad, incluso plantea otros problemas. Este mecanismo otorga a los gobiernos estatales y municipales flexibilidad para decidir qué proyectos priorizar, bajo la premisa de que conocen mejor las necesidades locales.5 Sin embargo, esta autonomía también ha generado una marcada dependencia fiscal: los recursos del FAIS se asignan en función de los niveles de pobreza, perpetuando una dependencia mayor en los estados con menor grado de desarrollo.6, 7, 8
En segundo lugar, la ejecución del gasto. El problema principal no radica únicamente en la cantidad de recursos asignados, sino en su correcta distribución y en el diseño de programas que respondan de manera efectiva a las realidades locales. No es sencillo para las entidades comprender plenamente las necesidades específicas de las comunidades, y mucho menos identificar qué proyectos tienen un impacto real en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.
Con frecuencia, los gobiernos estatales apuestan por proyectos de gran escala, como carreteras, puentes o infraestructura de alto perfil, creyendo que estas obras traerán beneficios inmediatos a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren lo contrario: los proyectos de urbanización, que acaparan cerca de 636 millones de pesos en promedio, han demostrado tener un impacto limitado o incluso negativo en la reducción de la pobreza. Por cada peso invertido en estos proyectos, la pobreza aumenta en una proporción de 0.019 puntos.
Diversos factores explican este fenómeno. En particular, el rubro de urbanización es altamente susceptible a la corrupción por razones relacionadas con complejos procesos de licitaciones y concesión de licencias, la magnitud de la inversión de tales proyectos y la susceptibilidad de que sean empleados con tintes políticos.9 Las decisiones tomadas por agentes políticos o por prioridades influenciadas por presiones externas complican aún más el camino para que las personas salgan del círculo de la pobreza.
¿Qué funcionaría mejor?
Los resultados del análisis muestran que invertir en proyectos que prioricen el suministro de agua potable y el manejo adecuado de desechos mediante sistemas de drenaje es una de las estrategias más efectivas para reducir la pobreza. Por cada peso invertido en estos proyectos, los niveles de pobreza pueden reducirse en una proporción de hasta 0.062. Estas inversiones generan un impacto directo y tangible en la calidad de vida de las comunidades, mejorando su acceso a servicios básicos esenciales.
Por ejemplo, pensemos en una comunidad en Chiapas donde los hogares no cuentan con acceso al agua potable y el drenaje es inexistente. Ante esta realidad, el gobierno decide invertir en una carretera que conecte a esta comunidad con la cabecera municipal. Si bien la obra promete mejorar el acceso al mercado laboral o facilitar la movilidad, en la práctica no resuelve las necesidades inmediatas de las familias. Por el contrario, la falta de acceso al agua potable continúa obligándolos a recorrer largas distancias para conseguir agua, lo que reduce su tiempo productivo y perpetúa las condiciones de pobreza.
En cambio, una inversión en un sistema de agua potable y drenaje en esta misma comunidad tendría un impacto directo y positivo en su calidad de vida. Las familias tendrían acceso a agua limpia, lo que mejoraría la salud, reduciría enfermedades relacionadas con el agua contaminada y liberaría tiempo para actividades productivas o educativas. Este tipo de proyectos no solo atiende necesidades básicas, sino que también genera beneficios de largo plazo que realmente contribuyen a romper el ciclo de pobreza.
Diversos estudios demuestran que la inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento no solo tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas, sino que también promueve el desarrollo económico y social de las comunidades.10 En América Latina, la inversión en agua ha mostrado ser una de las estrategias más efectivas para reducir la pobreza extrema.11 De manera similar, en un análisis de datos panel de 39 países, incluido México, encontraron evidencia sólida que respalda el papel de la inversión en agua como una herramienta clave para combatir la pobreza.12
La causa de que el recurso público no tenga el efecto que debería radica a menudo en la distancia entre quienes deciden cómo asignarlo y quienes lo reciben. Es necesario replantear las prioridades del gasto público, diseñar políticas más sensibles a las necesidades locales y, sobre todo, aprender de los hallazgos que nos muestran las estadísticas: una asignación adecuada de recursos puede marcar la diferencia entre perpetuar las condiciones de pobreza o contribuir directamente a su reducción.
La falta de consulta directa a las comunidades afectadas a menudo resulta en proyectos que no responden a sus necesidades reales, perpetuando la desigualdad y desperdiciando recursos públicos. Incorporar mecanismos efectivos de participación ciudadana en la planificación y asignación del gasto permitiría diseñar proyectos más pertinentes y con mayor impacto social. Asimismo, es esencial fortalecer la capacidad técnica de las instituciones encargadas de gestionar estos recursos a nivel subnacional, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para evaluar las necesidades locales de manera adecuada.
Sólo a través de un enfoque integral, que combine la consulta comunitaria con una preparación institucional sólida, será posible garantizar que la inversión pública se traduzca en soluciones efectivas y sostenibles para las comunidades más vulnerables.
Paola Vázquez
Economista e investigadora de sociedad incluyente en el IMCO.
Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
1 Cejudo, G., y Gerhard, R., “La rendición de cuentas de transferencias intergubernamentales: el caso del FAIS”, Centro de Investigación y Docencia Económicas
2Lopez-Acevedo, G. C., y Webb, S. B., “Decentralized service delivery for the poor: core report” World Bank Group, 2006
3 Rodríguez-Castelán, C., Cadena, K., y Moreno, L., “Efectos distributivos y en desarrollo regional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, Documento de trabajo, n. 129616, 2018
4 Gurrola, C. y Vázquez, P., “Pobreza subnacional en México y el Fondo de Aportaciones
para Infraestructura Social”, Revista de Administração Pública, 58(6), 2024
5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Estudio sobre el proceso de descentralización en México 1997-2017”, 2019
6Cejudo, G., y Gerhard, R., ob. cit.
7 Chiapa, C., y Velázquez, C., “Estudio del Ramo 33”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2011
8 Instituto Mexicano para la Competitividad, “Diagnóstico IMCO: hablemos de Ingresos 2021”, 2021
9 Anindito, L., “Corruption and infrastructure: preliminary study on corruption risks in the infrastructure sector”, 2023
10 Banco Mundial, “Agua y saneamiento”, 2023
11 Cuenca-López, A. D., y Torres, D. E., “Impacto de la inversión en infraestructura sobre la pobreza en Latinoamérica en el período 1996-2016”, Población y desarrollo, 26(50), 2020, pp. 5-18.
12 Gomanee, K., Morrissey, O., Mosley, P., y Verschoor, A., “Aid, Pro-Poor Government Spending and Welfare”. SSRN Electronic Journal, 2003