La democracia es, en esencia, el gobierno del pueblo para el pueblo. Por eso, las democracias modernas deben entenderse más allá de los periodos de elecciones. No se trata simplemente de gobiernos con congresos y partidos. Son sistemas en los que cualquier persona puede hacerle frente a la autoridad (y ganarle) para proteger sus derechos. Para eso existen Organismos Autónomos y Técnicos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y sus homólogos estatales.
En el caso específico de México, las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales. Esto significa que cualquier persona puede pedir a las empresas y al gobierno acceder, corregir y eliminar su información personal cuando quiera. Eso incluye expedientes médicos, datos bancarios y fiscales, escrituras de propiedad, calificaciones académicas, horas cotizadas, fechas de nacimiento, etcétera. Sin embargo, hoy existe una seria propuesta de reforma constitucional para extinguir al Inai y a organismos locales similares, a pesar de que son las instituciones encargadas de velar por la protección de nuestros datos personales. Los funcionarios y legisladores del gobierno federal sostienen que la Secretaría de la Función Pública y las contralorías estatales pueden absorber el trabajo de estas instituciones, pero no podrían estar más equivocados. Bajo ese entendido, me permito retomar un caso personal en el que el Inai intervino para garantizar mi derecho de protección a mis datos personales, justamente donde la Función Pública no pudo hacerlo, y con esto, además, visibilizar la utilidad social que tiene el Inai como órgano autónomo en la vida diaria de los mexicanos.
Hace tiempo, me inscribí a un concurso para una plaza de trabajo. Era una oportunidad única para mí. Toda mi vida gané menos de un salario mínimo mensual. Con este trabajo podría finalmente romper el techo de la pobreza por ingreso y dedicarme a lo que estudié y me apasiona; algo con lo que todo joven sueña. Para acceder a ese trabajo, tenía que demostrar la totalidad de mi currículo con documentos oficiales, incluyendo estudios y experiencia. Así pues, acudí a las oficinas del CIDE, un centro público de investigación donde estudié hace tiempo.
Se trata de una institución que, en los últimos años, se ha caracterizado por su opacidad y por el abuso de poder de sus autoridades. Precisamente aquí en nexos publicamos un caso sobre sanciones ordenadas contra el CIDE por eliminar información pública. Estaba bajo este entendido cuando acudí a solicitar las copias de mis expedientes personales, pero no tenía otra opción que seguir el camino institucional para conseguir mis documentos.
Acudí a la Dirección del CIDE que tenía en su posesión mis documentos conforme al manual de operación. Amablemente, solicité por correo una copia de mi expediente, o que, en su defecto, me emitieran un documento donde plasmaran la información. Me contestaron que se encontraban imposibilitados para atender mi solicitud. Les respondí señalando textualmente que “la ley establece que tengo derecho a acceder a los documentos que contengan mis datos personales”. No recibí respuesta posterior. Me presenté en sus oficinas y persistieron en su negativa. No les importaba que la ley fuera clara en que la información era mía, aunque estuviera en su posesión. Insistían en que eran documentos de “trámites internos”.
Inmediatamente bajé al Órgano Interno de Control y solicité la intervención de la Secretaría de la Función Pública en el caso. El personal del OIC fue muy amable y me apoyó. Ante los cuestionamientos del personal de la Función Pública, las autoridades del CIDE accedieron a entregarme mi expediente, pero me lo enviaron mal e incompleto. Posteriormente, me negaron el paso a sus instalaciones administrativas y dejaron de responder mis correos. Informé de esta situación al personal de la Función Pública y decidí intentar una nueva vía.
Hice una solicitud formal de acceso a mis datos personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ésta le fue remitida a la Unidad de Transparencia del CIDE. A pesar de que anexé mi identificación oficial y de que usé mi correo para la solicitud, la institución señaló que no tenía certeza de que efectivamente fuera yo quién estaba haciendo la solicitud. Acudí presencialmente al CIDE, otra vez, pero el titular de Transparencia se negó a acreditar mi identidad y a darme mis documentos. No sólo eso, sino que recibí un trato grosero, denigrante y bastante humillante de su parte. Se dirigió conmigo de una forma tan violenta, que me atrevo a decir que fue una de las peores interacciones que he tenido con un servidor público.
Acudí de nueva cuenta al Órgano Interno de Control del CIDE, y presenté una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública por la negativa al acceso de mis documentos personales, así como por los tratos violentos y denigrantes recibidos. Ante la intervención del personal de la Función Pública, el titular de Transparencia les respondió que únicamente acreditaría mi identidad si lo hacía como “un favor personal” para la entonces titular del OIC; de lo contrario, no lo haría. Retó al personal de Función Pública a multarlo, a destituirlo y a inhabilitarlo. Les dijo que, hicieran lo que hicieran, no me iba a entregar nada. Esta declaración quedó plasmada por escrito en el expediente de mi denuncia.
Harto y con poca esperanza ante la urgencia de obtener mis documentos, hice un último intento. Acudí al Inai. Recibí orientación de su Centro de Atención a la Sociedad, donde amablemente me ayudaron a presentar un recurso de revisión. El recurso le fue turnado a la ponencia de una de las comisionadas del Inai. Me ofrecieron la oportunidad de conciliar con la autoridad del CIDE para acortar el proceso. Acepté. Nos citaron por videollamada y en una reunión de tan sólo diez minutos, el personal del Inai logró que el titular de Transparencia del CIDE accediera a acreditar mi identidad y a darme mi información. Recibí todo mi expediente personal en mi correo dos horas después. Sobra decir que gracias al Inai no sólo logré obtener mi expediente de forma rápida y expedita, sino que pude presentar mis documentos, obtener el trabajo y, por fin, romper el techo de la pobreza por ingreso.
La reforma constitucional que se está discutiendo en la Cámara de Diputados desaparece al Inai y transfiere la mayoría de sus facultades a la Secretaría de la Función Pública. Entre otras, le transfiere la protección del derecho humano de protección de datos personales en posesión del gobierno. No obstante, este nuevo diseño tendría al menos tres problemas serios que se observan en el caso del CIDE.
Primero, realmente no hay mucho que la Secretaría de la Función Pública pueda hacer ante una negativa de acceso de datos personales. Si la autoridad genuinamente no quiere darte tu información personal, te la va a negar. Lo más que puede hacer la Función Pública es emitir recomendaciones, solicitarles amablemente que cumplan la ley y, si tienes suerte, después de varios años, conseguir alguna multa o sanción, pero seguirás sin tener acceso a tu información personal. Por ejemplo, si tuvieras que pedir la protección de tus datos personales a la Presidencia de la República y te la niegan, ¿crees que el personal de la Función Pública estaría dispuesto a contradecir y sancionar a la presidenta de México?
Segundo, sin el Inai, la protección de los datos personales estará a merced de los titulares de las unidades de transparencia y de los órganos de control, quienes, a su vez, están sujetos a las órdenes y presiones de quien encabece la Función Pública y del titular de la dependencia que se trate. Con que una de estas cuatro personas sea corrupta o ineficiente, como sucede en el CIDE, tu derecho a la protección de datos personales será negado. Esto es todavía más alarmante en casos como el Centro Nacional de Inteligencia, de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Estado Mayor de la Defensa Nacional —instituciones con acusaciones serias de espionaje y de tratamientos ilegales de datos personales—, porque las tareas de transparencia y protección de datos recaen exclusivamente en los titulares de las dependencias..
Tercero, los Órganos Internos de Control no tienen (ni tendrían por qué tener) la capacidad técnica para dar seguimiento a solicitudes en materia de datos personales. La gran mayoría tiene muy poco presupuesto y poco personal especializado en materias más allá de lo estrictamente administrativo. Muchos están rebasados por la cantidad de denuncias que reciben. En otros, la autoridad no tiene ningún interés en sustanciar las denuncias adecuadamente ni en la protección de derechos. Es más, la propia página de denuncias de la Secretaría de la Función Pública señala que los casos pueden tomar hasta siete años en resolverse, y casi nunca resuelven en favor de los denunciantes. La situación es todavía peor cuando se trata de las contralorías estatales y municipales, pues tienen mucho menos presupuesto, personal y capacitación.
El Inai y sus homólogos estatales son las instituciones que realmente cuentan con capacidad presupuestal, administrativa y humana para dar seguimiento a los casos de protección de datos personales. Estas capacidades técnicas tomaron más de veinte años en consolidarse y, no obstante, el Congreso federal pretende eliminarlas como si nada. Hay que ser realistas y honestos: si se aprueba y entra en vigor la reforma constitucional que elimina al Inai, el pueblo de México perderá la capacidad de proteger sus datos personales en posesión del gobierno.
Diego Micher
Politólogo internacionalista