El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un paquete de iniciativas de reformas constitucionales a la Cámara de Diputados. En materia de educación, hay una en especial que tendrá consecuencias importantes y, en cierta medida, impredecibles: la derogación de la fracción IX del Artículo 3.° de la Constitución.1 La consecuencia más clara de la reforma es la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), pero tiene consecuencias que van más allá: se propone eliminar al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.2
¿Qué significa esta propuesta de reforma? ¿Es un problema? ¿Qué consecuencias puede tener? Estas preguntas guían este ensayo.
El cambio propuesto se puede entender y analizar de múltiples formas. El enfoque que utilizo es desde la perspectiva del federalismo mexicano. A lo que me refiero es que la propuesta de reforma en materia educativa, en particular la derogación de la fracción IX del Artículo 3.° constitucional, tiene consecuencias importantes en el balance de poderes entre las entidades federativas y el gobierno federal. El federalismo en el sector educativo tendría un nuevo arreglo de poderes, mucho más centralizado en un área fundamental: la evaluación.3
En lo que sigue, voy a tratar la historia reciente de las instancias encargadas de la evaluación con ambas reformas educativas de Enrique Peña Nieto y López Obrador, y cómo es que el federalismo educativo ha cambiado; y, segundo, trataré de explicar cómo es que puede afectar la propuesta actual al federalismo educativo y a la evaluación educativa como tal.
El INEE y la Mejoredu: breve recuento
La evaluación de la educación empieza a surgir como tema relevante con el debate sobre si la educación debe ser centralizada o descentralizada. Tras un largo periodo de centralización de funciones en gran parte del siglo XX, el cambio fundamental más reciente fue en 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) y con la Ley General de Educación de 1993, a causa de la reforma constitucional al Artículo 3.° del mismo año.4 Con esta ley la evaluación del sistema educativo nacional quedó como responsabilidad de la SEP, y se estableció que iba a ser sistemática y permanente.
La evaluación de la educación del sistema educativo nacional siguió a cargo de la SEP hasta 2002, con la creación del INEE como un organismo descentralizado.5 El Instituto tenía como propósito “ofrecer a las autoridades educativas y locales herramientas para hacer la evaluación de los elementos que integran el [sistema educativo nacional], a fin de asegurar la calidad de la educación y ofrecer a las autoridades educativas información útil para la toma de decisiones”.6
El INEE se mantuvo como un organismo descentralizado hasta la reforma educativa constitucional de 2013 (dentro de los temas que se reformaron con el Pacto por México). El cambio más relevante fue la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), “que sería coordinado por el INEE y, para ello, se le dotó de autonomía constitucional y se le confirieron atribuciones para realizar las evaluaciones de los componentes de alumnos, planes y programas de estudio, escuelas y gestión escolar; validar las evaluaciones diseñadas por la SEP en el componente de docentes”,7 entre otras cuestiones.
Durante el periodo de 2013 a 2018, el federalismo mexicano en materia de evaluación educativa tenía elementos de cooperación constante entre el INEE y las autoridades educativas. El SNEE estaba conformado por el INEE, las autoridades federal y locales, la Conferencia (que es una reunión para intercambio de información y experiencias),8 entre otros.9 Además, se establecía que “los proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una política nacional de evaluación de educación [PNEE], de manera que sean pertinentes a las necesidades de mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones del país”.10 Y, con base en esta política nacional, se hicieron los Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME), desarrolladas por el INEE y las autoridades educativas locales y federales, con el objetivo de permitirle a cada estado planear, “establecer objetivos, acciones y metas de evaluación para mejorar la educación”.11
Con la reforma de 2019, tras la llegada de López Obrador a la Presidencia, desaparecen el INEE y el SNEE. En su lugar, se creó un organismo público descentralizado no sectorizado con la Ley Reglamentaria del Artículo 3.° de la Constitución: la Mejoredu.12 Y en vez de coordinar al SNEE, la Mejoredu coordina al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE).13
Del SNMCE y la Mejoredu no se puede tener tanta certidumbre sobre cómo han perfilado el federalismo educativo. Esto es así porque, de la investigación realizada, no se encontró literatura que evaluara este tema en particular: lo más cercano fue una auditoría de desempeño que hizo la Auditoría Superior de la Federación en 2020.
Teniendo esta limitante en mente, hay un cambio que percibo, además del mero hecho de que el organismo que coordina al sistema de evaluación educativa cambió (al igual que el sistema), que llama la atención con respecto al federalismo educativo (también hubo elementos de continuidad o similitud).14 El primero tiene que ver con que desaparece la PNEE y no hay nada que lo sustituya. Lo más cercano que hay son las atribuciones que tiene la Mejoredu, establecidas en el artículo 28 de la Ley Reglamentaria.15 Sin embargo, no existe un mecanismo por el cual se generen facultades que permitan coordinar a las diversas autoridades educativas y la Mejoredu. Esto, si bien puede significar mayor flexibilidad a la hora de actuar y de atribuir responsabilidades, en la práctica puede llegar a tener efectos perversos, como la falta de cooperación y coordinación en evaluación de aprendizajes. Además, en la auditoría ya mencionada, una recomendación que hacen es que se deben de definir “los mecanismos de colaboración a implementar con la [Mejoredu], a fin de coadyuvar en el desarrollo de evaluaciones del Sistema Educativo Nacional, en específico sobre el trabajo docente de las figuras educativas de educación básica”.16
Reincorporar las funciones de la evaluación de la educación hacia la Administración Pública Federal, al igual que no incluir mecanismos formales de cooperación entre las autoridades locales y la Mejoredu dentro del SNMCE, dan una clara señal de que la política evaluativa tiene un objetivo en mente: centralizar.
La propuesta actual
Lo propuesto en el paquete de reformas de febrero busca centralizar aún más la evaluación de la educación. Y si bien la centralización no es inherentemente algo malo, en esta situación sí puede terminar siéndolo. Propongo dos razones. La primera es porque implica que la SEP ahora será juez y parte de sus labores. Ya no habría posibilidad de una rendición de cuentas real. Y si en este momento la Mejoredu no reporta adecuadamente información sobre las carencias del sistema educativo para “evitar que la SEP sea blanco de críticas y golpeteos”,17 entonces los incentivos para no declarar información que sea políticamente costosa serán enormes tras la desaparición de la Mejoredu (y del SNMCE).
La segunda y más importante razón es sobre el daño que significa a la calidad educativa del país. Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señala que “las acciones que ha realizado Mejoredu no han contribuido a los estados o a la autoridad educativa federal para mejorar la política educativa del país”. Además, con los últimos (y únicos) resultados que la Mejoredu publicó con respecto al aprendizaje que tienen los estudiantes de primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023, hubo ocho entidades federativas que no tienen resultados, entre ellas Oaxaca, Chiapas, Yucatán o Guerrero.18 De lo investigado, la centralización hacia la SEP no conlleva algo similar al PNEE ni a los PEEME; el “balance de las fuerzas” termina, evidentemente, a favor del centro sin llevar de la mano una estrategia para mejorar las capacidades locales. Esta segunda razón se hace más grave teniendo en cuenta los retrocesos enormes que produjo la pandemia en el aprendizaje de las y los estudiantes.19
Teniendo en mente la heterogeneidad que hay entre los estados de México, una estrategia de gobernanza que involucre a todas las autoridades educativas es la más adecuada para el contexto actual. Es cierto que la centralización puede funcionar bajo ciertas circunstancias; pero en esta ocasión, todo parece señalar que es un error —y uno grave.
Emilio del Río Castro
Estudiante de licenciatura en Política y Administración Pública de El Colegio de México. Agradezco sinceramente a María Sofía León por sus comentarios sobre mi trabajo.
1 Sergio Martínez Dunstan, “Las propuestas presidenciales de reformas constitucionales: Implicaciones para la educación y el magisterio”, Revista Aula, consultado el 1 de marzo de 2024.
2 Ibidem.
3 Aquí comparto el argumento de Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricio Rojas Zamudio: cada sector en el país tiene un tipo de federalismo, pues cada uno tiene un balance entre los poderes distinto. Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricio Rojas Zamudio, Federalismo(s). El Rompecabezas Actual, México (versión digital), FCE, 2018, p. 25.
4 Ley General de Educación, versión del 13 de julio de 1993, art. 29.
5 Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Desempeño 2020-1-47AYN-07-0413-2021, 2020, p. 2.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Francisco Miranda López, “Federalismo educativo y capacidades locales: el SPD y el SNEE, dos experiencias de política de la Reforma Educativa en México”, en Arcelia Martínez Bordón y Alejandro Navarro Arredondo (coords.) La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024, México (versión digital), Instituto Belisario Domínguez, 2018, p. 235.
9 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, art. 13.
10 Ibid., art. 17.
11 INEE, “Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa”, consultado el 8 de diciembre de 2023,
12 Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación, art. 28.
13 Ibidem;Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3, fracc. IX.
14 Unas similitudes son, por ejemplo, que permanece la idea de la Conferencia, pero ahora se llama el Comité consultivo y deliberativo; o que sean los mismos actores integrantes en ambos Sistemas de Evaluación. Las similitudes decidí no tratarlas en este texto porque se salen del objetivo del escrito. Ley Reglamentaria…, op. cit., art. 7; Ibid., art. 4.
15 Ibid., art. 28.
16 Auditoría Superior de la Federación, op. cit., pp. 18-9.
17 El Universal, “Ocultan informe de carencias en escuelas de la SEP”, consultado el 28 de marzo de 2024.
18 La información acerca de qué entidades federativas participaron en la evaluación no se ha hecho pública: se tuvo que hacer una solicitud de información para saber cuántos estados participaron. Mejoredu-Ibero 2022-2023, “Resultados globales en Primaria de la Evaluación Diagnóstica 2022-2023 (Mejoredu)”, consultado el 8 de diciembre de 2023
19 Rodolfo de la Torre, “Años de educación perdidos”, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consultado el 28 de marzo de 2024.
Si es importante que haya una evaluación independiente de la labor de las dependencias federales (no solo de la SEP). Pero hay fenómenos que se les han escapado.
En general la exigencia en el sistema publico ha ido disminuyendo, por tanto la posibilidad de que los alumnos no aprueben un curso es mínima.
Aún así, los alumnos no salen tan mal de las primarias.. Pero en las secundaria se desploman. Una de las causas es que no reciben todas las clases que deberían , ya que no hay suficientes profesores asignados. El problema es que las horas se asignan por materia, y puede ocurrir que un profesor tenga dos horas asignadas en una secundaria y otras tres en otra secundaria al otro lado de la ciudad, como resultado de las asignaciones que hacen las autoridades escolares. Ante la imposibilidad de dar las cinco horas, los profesores escogen una secundaria y renuncian a la otra., dejando horarios vacantes.