Las reformas administrativas en Veracruz y los retos para la próxima administración

El gobierno del estado de Veracruz lleva más de treinta años implementando reformas a su administración pública, en ocasiones inspiradas por la Nueva Gestión Pública (NGP), pero la mayor parte de las veces sin una convicción clara y objetiva. Ante la proximidad de un nuevo cambio de gobierno tras las elecciones de junio, conviene reflexionar acerca de las lecciones de tales reformas para orientar las decisiones de la próxima administración.

De acuerdo con Hood y Dixon,¹ si bien la NGP surge como un movimiento motivado por perseguir la eficiencia mediante la reducción del gasto público, existe una notable escasez de evidencia empírica sobre el alcance de tales reducciones de costos en la mayoría de los países donde se intentaron. Este texto identifica que las reformas administrativas efectuadas por el gobierno de Veracruz no lograron dar cumplimiento al objetivo de elevar la calidad de la gestión gubernamental, ni mucho menos se logró reducir el gasto público.

Las reformas administrativas en Veracruz

Los primeros antecedentes de reformas orientadas por el afán de eficiencia en el gobierno del estado vienen del periodo 1993-1998, durante la gestión de Patricio Chirinos Calero. En este periodo se implementó el Programa de Simplificación Administrativa, con el objetivo de reducir, agilizar y transparentar los trámites y servicios a cargo de la administración estatal. Asimismo, en 1996 se puso en marcha el Programa de Desconcentración Administrativa del Ejercicio del Gasto Corriente.

En la administración de Miguel Alemán Velasco, entre 1999-2004, se puso en marcha un programa de modernización administrativa basado en indicadores de desempeño, de gestión y de transparencia. Esta etapa se destacó por la gran cantidad de reformas orientadas a la eficiencia del sector público y a la profesionalización de los servidores públicos. Casi al final del sexenio, en el año 2004, se promulgó la Ley del Servicio Público de Carrera; sin embargo, el tan anhelado programa no entró en funcionamiento.

Durante el mandato de Fidel Herrera Beltrán, se implementó un Programa de Reingeniería de Gobierno, orientado a la modernización administrativa, que buscaba incrementar la competitividad del estado. Así, dio inicio el uso de diversas herramientas del gobierno electrónico para acercar los trámites al ciudadano, tales como los “cajeros multiservicios” y los “kioskos electrónicos”. Además, se puso en marcha la Oficina Virtual de Hacienda para realizar el pago de diversos impuestos estatales, como la tenencia.

Posteriormente, en el periodo 2010-2016, con Javier Duarte de Ochoa, se buscó impulsar diversas innovaciones como sello característico de la administración. Este periodo gubernamental se caracterizó por la implementación de numerosas reformas administrativas orientadas a la reorganización y funcionamiento de la gestión gubernamental. Sin embargo, no lograron cumplir con el objetivo de elevar la calidad de la gestión gubernamental, ni de reducir el gasto público de manera significativa. Esto se debió a que las reformas no fueron integrales y coherentes, sino que más bien se enfocaron en proyectar una imagen de eficacia presupuestal, buscando presentar al gobierno como moderno y eficiente; sin embargo, no se realizó una evaluó adecuadamente si estas reformas estaban contribuyendo a la reducción del gasto público.

En otras palabras, se emprendieron esfuerzos para reducir la burocracia sin considerar las implicaciones de tipo legal, administrativo y presupuestal que tendrían dichas acciones. Un ejemplo claro fue la extinción de los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), donde no se tuvo presente que algunos de ellos tenian Contratos Colectivos de Trabajo, lo que resultó en una liquidación del personal  mucho más costosa para el erario público de lo que se esperaba.

Algunas de las principales reformas administrativas en esta etapa son las siguientes:

En el bienio 2016-2018, el gobierno a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares se enfocó en priorizar la reingeniería de la estructura de la administración pública estatal, así como en mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la administración y de los servidores públicos, el servicio civil de carrera para los empleados de la administración pública, los incentivos y estímulos al desempeño de los empleados y servidores públicos, la formación y capacitación del personal y mandos medios y superiores, y el gobierno electrónico. Este período coincidió con un cambio político estatal, con la alternancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Partido Acción Nacional (PAN). En esta administración se plantearon grandes propuestas en la gestión gubernamental, aunque el plazo de sólo dos años resultó insuficiente para alcanzar todos los objetivos propuestos.

Resulta oportuno destacar que ninguno de los objetivos sobre competitividad gubernamental se lograron durante este periodo. Entre ellos, el añorado servicio público de carrera, los incentivos y estímulos al desempeño de los empleados, la reingeniería de la administración pública estatal, el gobierno electrónico, entre otros.

Durante el periodo comprendido entre 2018-2024, marcado por un cambio político que trajo consigo la llegada de Morena al poder, la administración se presentó bajo la bandera de la austeridad y el gobierno republicano. Se generaron grandes expectativas en cuanto a la gestión pública; sin embargo, este lapso se caracterizó por la falta de acción en materia de reformas administrativas.

Destacan en este periodo la extinción de diversos Fideicomisos Públicos, transfiriendo el personal y recursos a las dependencias centralizadas, siguiendo una estrategia similar a la implementada a nivel federal. Asimismo, se creó la Secretaría de Cultura a partir de la extinción de un organismo público descentralizado, lo que implicó un aumento en la estructura gubernamental.

En términos generales, durante esta administración, se observa una falta de implementación de reformas dirigidas a mejorar la gestión gubernamental. Los trámites y procesos han continuado funcionando principalmente debido a la inercia del aparato burocrático, sin que se hayan realizado ajustes significativos en las estructuras, procesos, procedimientos y trámites administrativos.

Quizás el mayor esfuerzo se haya concentrado en cuestiones relacionadas con la recaudación, como los programas de reemplacamiento y regularización vehicular. En resumen, el estado actual de la administración podría describirse figurativamente como “modo avión”, caracterizado por la falta de iniciativas proactivas y de ajustes necesarios para mejorar su desempeño.

No obstante las demandas ciudadanas, no se han introducido cambios significativos en los procedimientos para agilizar los trámites de apertura de nuevos negocios. Asimismo, a pesar de los avances tecnológicos, los sistemas informáticos utilizados por las dependencias gubernamentales siguen siendo obsoletos, lo que dificulta la eficiencia en la prestación de servicios digitales.

Estos ejemplos destacan cómo la administración ha fallado en implementar reformas sustanciales para mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental.

¿Qué reformas son urgentes?

1. Profesionalización de la burocacia, mediante la implementación del Servicio Público de Carrera.
2. Reestructuración de la administración pública.
3. Evaluación de resultados en organismos clave, tales como las Fiscalías de Anticorrupción, el Centro Estatal de Justicia Contra las Mujeres y otros organismos relevantes.
4. Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para el gobierno digital es clave para mejorar la eficiencia administrativa y la prestación de servicios públicos.
5. Innovación en trámites burocráticos. Transitar hacia servicios digitales que sean más ágiles, eficientes y accesibles para los ciudadanos y las empresas.

Conclusiones

Las reformas administrativas en Veracruz han intentado modernizar y lograr la eficiencia en la gestión gubernamental. Desde el Programa de Simplificación Administrativa en la década de 1990 hasta los esfuerzos más recientes por implementar el gobierno electrónico y mejorar la eficacia presupuestal, ha habido una serie de iniciativas que buscan optimizar la administración pública y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, queda claro que aún existen pendientes y desafíos importantes. En muchos casos, las reformas no han sido integrales ni coherentes, y se han enfrentado a obstáculos como la resistencia burocrática, la falta de recursos o la ausencia de una visión a largo plazo. Además, algunas medidas implementadas no han tenido los resultados esperados o han generado efectos no deseados, como la liquidación costosa del personal durante la extinción de Organismos Públicos Descentralizados.

Veracruz tiene grandes retos en materia de administración pública. Se requiere un gobierno que esté genuinamente comprometido con la población, que aborde sus problemas mediante la implementación de servicios eficientes y transparentes. Esto implica la profesionalización de la burocracia, la adopción de políticas públicas integradas y una gestión orientada al ciudadano.

Dulce Yaneth López Romero
Profesora por asignatura interina en la Universidad Veracruzana y servidora pública en la Secretaría de Finanzas y Planeación

¹ Hood, C. y Dixon, R., “A model of cost-cutting in government? The Great Management Revolution in UK Central Government Reconsidered”, Public Administration, Vol. 91, No. 1. 2013, pp. 114-134