Chihuahua: el ¿avance? de la participación ciudadana

Existe una deuda en cuanto a democracia participativa en nuestro país por parte del gobierno, en todos sus órdenes: federal, estatal y municipal.

Actualmente 29 de los 32 estados ya cuentan con leyes de participación ciudadana, que establecen instrumentos como audiencias públicas, plebiscitos, presupuestos participativos, consultas públicas, referéndums, entre otros. No obstante, aunque podría decirse que normativamente existe un avance en las legislaciones estatales, la realidad sobre la aplicación y desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana es otra. Son contadas las localidades que hoy en día desarrollan una política participativa real.

El caso de Chihuahua es el ejemplo claro de cómo las leyes y la realidad pueden no corresponder. La Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua (LPC) es una de las más avanzadas en nuestro país. Su creación en 2018 abrió un panorama de acción para las personas habitantes del estado, pues conformó las bases que los ayuntamientos deben seguir para la implementación de los diversos instrumentos que contempla.

En total se compone por 14 instrumentos, clasificados entre sociales y políticos. Dentro de los 10 instrumentos sociales, que desde nuestra perspectiva son los más accesibles y aplicables a la cotidianidad, encontramos:

• Audiencias públicas
• Consultas Públicas
• Consejos Consultivos
• Comités de Participación
• Planeación Participativa
• Presupuesto participativo
• Cabildo abierto
• Contralorías sociales
• Colaboración Ciudadana
• Mecanismos de participación social para niños, niñas y adolescentes

Por otro lado, tenemos los instrumentos políticos. Aunque son sólo cuatro, su aplicación y trascendencia implica un grado de complejidad superior, pues además de ser instrumentos de participación, se involucra el Instituto Estatal Electoral en su implementación. Dentro de esta clasificación de la LPC encontramos:

• Referéndum
• Plebiscito
• Iniciativa Ciudadana
• Revocación de Mandato

Hasta aquí todo bien; sin embargo, desde La Caja – Herramientas Ciudadanas  decidimos analizar el grado de implementación actual de la LPC en el estado y sus municipios. Inspirados en el Atlas Mundial de Presupuestos Participativos, creamos el Atlas Estatal de Instituciones de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo del estado de Chihuahua. El documento y su desarrollo nos ha otorgado una visión de lo que actualmente sucede en el estado y otros descubrimientos que desarrollamos a continuación.

Uno de los instrumentos más importantes para la vida democrática del estado y sus municipios es el presupuesto participativo. La Ley es muy clara en cuanto a cómo debe desarrollarse, en su artículo 75 establece:

Es un mecanismo de gestión y participación social mediante quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año… Para tales efectos, cada ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al cinco por ciento de sus ingresos de libre disposición.

De la definición anterior, podemos notar la clara responsabilidad que los municipios tienen respecto a la activación del presupuesto participativo año con año, sin excepción, a diferencia de otros instrumentos que sólo pueden activarse por solicitud de las personas. Por su trascendencia, decidimos integrar este instrumento a nuestra evaluación para conocer el cumplimiento de los municipios sobre este rubro. En primer término, analizamos el número de municipios que desarrollan este instrumento contrastándolo con datos sociodemográficos, presupuestales y políticos que ayuden a entender mejor el contexto de cada uno de los municipios. Encontramos que de los 67 municipios del estado sólo 11 destinaban el recurso que la LPC establece y 56 municipios se encontraban frente a una presunta responsabilidad administrativa al no contemplar en su presupuesto de egresos el porcentaje que establece la ley.

Otro hallazgo importante es que sólo el municipio de Chihuahua contaba con reglamentación en materia de participación, lo cual permite que los ejercicios de presupuesto participativo atiendan coyunturas y contextos particulares del propio municipio que la LPC no contempla. Si bien cuando se publicó el Atlas sólo la capital contaba con reglamento de participación ciudadana, al día de hoy también se suma el municipio de Cuauhtémoc (aunque aún faltan 65 municipios).

El presupuesto participativo se caracteriza por democratizar los recursos públicos, pues en muy pocas ocasiones las y los habitantes de un determinado espacio podemos decidir sobre el destino del dinero de los gobiernos. Dado que la mayoría de los municipios se encuentran en incumplimiento de la Ley, hoy en día no se ha explotado todo el potencial de los presupuestos participativos, pero ¿qué pasaría si todos cumplieran? Si todos los municipios destinaran el 5 % de los ingresos de libre disposición tal y como lo establece la LPC, se realizaría un gasto por alrededor de 632 millones de pesos por concepto de presupuestos participativos municipales; es decir, casi la cantidad del tercer municipio con más presupuesto en la entidad.

A casi cinco años de la expedición de la LPC, en 2023 todos los municipios deberían contar con la reglamentación de presupuestos participativos. No es mucho pedir. Ya se tiene el conocimiento, la mayoría de los municipios cuentan con los recursos técnicos y económicos para poner en marcha éste y otros instrumentos. Su implementación no debería estar sujeta a retrasos, pues la Ley es muy clara.

Aunque el balance aún es negativo, instrumentos como el Atlas permiten contar con un diagnóstico preciso y basado en evidencia sobre el estado de la participación ciudadana en Chihuahua. En otras palabras: sabemos de qué lado cojea cada municipio. Es responsabilidad de cada administración municipal buscar una solución para fortalecer la política participativa en cada municipio y a su vez en el estado.

Es necesario que las administraciones estatales trabajen para incentivar y acompañar a los municipios en la creación de la política participativa, en la elaboración de reglamentos de participación y en la implementación del instrumento mismo.

Y en este proceso, se necesita generar datos y evidencia en materia de participación ciudadana. Es fundamental contar con más organizaciones midiendo y analizando los diversos ejercicios de participación ciudadana en nuestro país. Sólo así lograremos construir esa democracia participativa que muchos soñamos.

Jorge Alberto Holguín Lozano
Maestro en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, Universidad Francisco de Vitoria

Paulina Valles Torres
Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua

La Caja – Herramientas Ciudadanas
Un colectivo independiente, voluntario y apartidista, que trabaja por el derecho humano a la participación ciudadana a nivel local poniendo a disposición de las personas herramientas para que puedan hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana frente a los gobiernos de sus municipios o del estado.