Volatilidad electoral en el congreso morelense: ¿premios o castigos al desempeño legislativo?

Uno de los síntomas más comunes asociados a las democracias saludables y desarrolladas, es la existencia de una gama de partidos políticos que puedan dar cobijo a las distintas ideologías, conflictos e intereses de una sociedad específica, pero lo suficientemente cercanos en sus principios filosóficos y objetivos programáticos para producir una competencia dentro de los límites del consenso y la institucionalidad.

A nivel federal, por lo menos desde el año 2000, pese a algunas controversias suscitadas en las elecciones, se puede decir que los procesos electorales han transcurrido ordenada y civilizadamente. Sin embargo, a nivel local, las diferencias son sustanciales: se observa la existencia de un mayor número de querellas asociadas a la corrupción; la influencia del narcotráfico en las elecciones es innegable en algunos estados; el porcentaje de asesinatos de candidatos para cargos de elección popular en 2018 fue el mayor registrado en toda la historia electoral mexicana, entre otras situaciones que, para cualquier observador externo, darían la impresión que existen dos tipos de México: el federal y el local.

Este texto analiza los resultados de las votaciones para integrar el Poder Legislativo en Morelos, entidad que parecería poco relevante para analizar los patrones de votación pero que, en realidad, aporta hallazgos que permiten comprender los efectos de los cambios en las preferencias de los votantes de una elección a otra. La variable central del análisis es la volatilidad agregada o total, que se refiere al grado de lealtad del electorado a los distintos partidos y, como señaló O’Donnell, es un mecanismo de evaluación de los votantes hacia la labor desempeñada por los gobernantes.

De acuerdo a la literatura especializada, la baja volatilidad indica que un sistema de partidos está institucionalizado. Esto significa que los partidos no sólo son de utilidad para que el elector perciba que sus intereses y preferencias están representados en las distintas fuerzas políticas, sino que se traducirá su voto en un congreso efectivo y en el diseño de políticas públicas coherentes.

En cambio, la volatilidad alta es representativa de países que están transitando hacia la democracia y la institucionalización del sistema de partidos; los cargos de elección popular están divididos entre opciones de candidatos sin trayectorias políticas sólidas; no existen estrategias complejas de mercadotecnia política, puesto que se desconocen las preferencias del electorado y, lo más importante: las políticas públicas que se diseñan en estos gobiernos o como estrategias de campaña no están dirigidas a poblaciones concretas. En estos casos, el votante pierde con mayor facilidad la noción de los resultados de los gobiernos, impactando en una menor identificación partidista.

Con el fin de poder datar las transiciones en los patrones de votación en Morelos, se analizará la volatilidad parlamentaria a partir de la fórmula de Pedersen.¹ Como indicadores de medición de la volatilidad, se han considerado los criterios de Marcela Bravo para conocer si los patrones de votación son resultado de un sistema de castigo por parte del votante ante los resultados observados en el congreso local:

Volatilidad en el congreso

La volatilidad se traduce en pérdidas y ganancias de votos de un partido hacia otro en elecciones consecutivas. Desde la caída de la hegemonía priista en las elecciones para diputados, la volatilidad se ha mantenido media-alta. El promedio de 1997 al 2018 fue de 21.6.

Los años en los que más elevada ha sido en las elecciones de 2009, 2015 y 2018, con 26.95, 27.1 y 34.1 %, respectivamente. Así, en 2018 ascendió a la categoría de volatilidad alta.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Imprepac

Lo anterior impacta en los partidos de la siguiente manera: el PRI ha perdido en promedio 5.41 % de votantes, exceptuando 2009, año en que ganó el 9 %. En 2003, 2009 y 2015, el PAN disminuyó en promedio 14.46 %. En 2000, 2006, 2012 y 2018 ganó 9.1 %. La pérdida más notoria fue en 2015 con 19.2 % de los votantes. El PRD decreció en promedio el 10.66 %. Las ganancias en votos oscilaron en 3.77 % en los años 2003, 2006, 2012 y 2015. En el caso de Morena, desde que aparece en la escena política en 2015 hasta 2018, aumentó sus votantes en 19 %. Esto es más notorio si se explica que entre ambos procesos los electores incrementaron en 18.4 %. Pero, ¿cómo entender el impacto de estos datos en los patrones de votación?

Desempeño legislativo

Los datos anteriores sirven como parámetros para explicar los cambios en las preferencias de los votantes. Estas preferencias pueden encontrar hipótesis de respuesta en los indicadores legislativos de los últimos años, en los que se puede tener acceso a estadísticas más fiables sobre los congresos locales. Para el análisis que aquí concierne, se considerarán cuatro aspectos explicativos: número de iniciativas, leyes y decretos e indicadores de institucionalización del congreso.

Morelos se encuentra en la posición número siete de las entidades federativas con menos iniciativas presentadas en 2017. En cuanto a proposiciones con puntos de acuerdo, se sitúa en el lugar seis, con las entidades más productivas en este rubro.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Sin embargo, Morelos aparece en los tres primeros lugares de los estados con menor producción de leyes: cuatro que fueron discutidas por el congreso, una de ellas obtuvo observaciones y las tres restantes se aprobaron sin modificaciones.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Morelos ocupa la segunda posición con mayor número de decretos emitidos. De un total de 978, se aprobaron 955 y 23 tuvieron observaciones. Esto quiere decir, que al existir una mayor actividad de decretos, la actividad legislativa de los grupos parlamentarios es menor, y las principales decisiones de gobierno y políticas públicas son tomadas por el Poder Ejecutivo.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Como indicadores de institucionalización del congreso, de acuerdo al Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2017 Morelos tuvo un gasto anual por concepto de pensiones y jubilaciones del congreso de 36 822 682 pesos. La mayor parte del presupuesto asignado se gastó en servicios personales. Esto representa el 39 %, o lo equivalente a 193 463 896 pesos.²

El informe reporta que corresponden 66 253 habitantes por diputado. Ello representa una subrepresentación de la ciudadanía, que aunada al escaso trabajo legislativo, explica en parte el rezago de la entidad en proyectos políticos sustentables a largo plazo.

El congreso no cuenta con un padrón de cabilderos, por tanto, no existe institucionalización de dicha figura como sucede a nivel federal. Tampoco reportó avances en cuanto a la profesionalización, ya que no proporcionó información sobre el número de personas en el servicio civil de carrera. No obstante, confirmó que dicha modalidad está decretada en la Ley Orgánica del Estado.

A la inexistencia de datos abiertos y cotejables por parte del gobierno local que complementen los resultados publicados por el IMCO se suman el conflicto de versiones que frecuentemente se generan en los medios de comunicación entre gobernadores y diputados, y el escaso trabajo legislativo. En conjunto, estas condiciones han generado inestabilidad en la generación de consensos y la inexistencia de un proyecto común de políticas públicas coherentes, lo cual ha sido negativamente valorado por el votante morelense e impactado en los cambios de las preferencias electorales.

¿Premios o castigos?

Aunque el promedio de la volatilidad parlamentaria ha sido de 21.6 (media-alta), en los años 2009, 2015 y 2018 se puede corroborar que el votante morelense mostró un patrón de voto de castigo. ¿Cuáles son las probables razones que lo explican?

Existe una fuerte disciplina partidista que impacta en que el congreso no ha tenido un prominente desempeño legislativo como generador de iniciativas autónomas, sino primordialmente, como aval de los decretos del Ejecutivo. Por ello, Morelos es una de las entidades federativas con menor trabajo legislativo. Además, la escasa profesionalización del congreso, los candados de los estatutos de los partidos, y de los Comités Ejecutivos Nacionales imposibilitan la salida de la agenda marcada por estos y sus dirigentes.

Así, los grupos parlamentarios carecen de incentivos para aumentar el trabajo legislativo. Al estar escasamente institucionalizado y profesionalizado, el congreso morelense se ha convertido en una maquinaria de apoyo u oposición al Ejecutivo, pero no como generador de iniciativas, leyes o políticas públicas.

Karen Ramírez
Profesora investigadora, Universidad Autónoma del Estado de Morelos

¹ Vt=i=1n∆pit2
∆it es la fluctuación en el porcentaje de votos ganados por un partido en la elección anterior y la siguiente.
“n” representa el total de partidos que participaron en una elección (Bravo, 2006, p. 235).

² Uno de los indicadores para medir el nivel de institucionalización de los congresos, es la disponibilidad de recursos para la actividad parlamentaria. Este indicador está representado por el gasto presupuestado y ejercido por rubros prioritarios de atención pública, y por los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los que disponen las legislaturas. Una legislatura que se catalogue como institucionalizada, requiere de la asignación y el ejercicio de los recursos mediante criterios programáticos para el desarrollo de las actividades parlamentarias y de aquellas destinadas a la profesionalización y apoyo técnico para las funciones especializadas. Este indicador mide, además, si los recursos fueron asignados con equidad e independencia del ejecutivo y acorde a los criterios de aprobación del presupuesto público de los congresos (Puente, 2017).

Lo anterior es de suma importancia, ya que dependiendo de la suficiencia, la autonomía y la racionalidad para la asignación y el gasto de los recursos, impactará en el proceso de toma de decisiones de las legislaturas en tres sentidos: a) les permitirá tener mayor capacidad para rechazar, modificar y proponer iniciativas o leyes (policy-making); b) su capacidad e influencia será menor sobre temas de debate público (policy-influencing), y por tanto, podrán modificar y rechazar parcialmente las iniciativas del ejecutivo; y, c) las legislaturas se convertirán en organismos con muy baja capacidad para rechazar y modificar las iniciativas del ejecutivo (no policy effect) (Northon, 2003).