Tamaulipas es quizá la entidad federativa mexicana con la mejor ubicación geográfica y la más pródiga dotación de factores. Tiene un litoral de 450 kilómetros al Golfo de México y casi 400 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo.
Cinco ríos forman presas que proveen de agua potable a la población y son la fuente hídrica para las labores agrícolas e industriales del estado. Es el mayor productor nacional de cebolla, maíz palomero, sábila, sorgo, soya, y figura entre los principales lugares en algodón, caña de azúcar, cártamo, cítricos y trigo. Hay una importante actividad pecuaria y pesquera.
Nuevo Laredo ocupa el primer lugar entre las fronteras y puertos del país, con 40 % del intercambio comercial entre México y Estados Unidos; sus puentes y aduanas son fuente de cuantiosos ingresos. Altamira es el cuarto puerto del país por su manejo de contenedores. En la entidad está en marcha una transición energética, de la extracción y refinación de crudo a la petroquímica (Altamira alberga el segundo corredor petroquímico más importante del país), el procesamiento de gas de la cuenca de Burgos y nuevas inversiones en energía eólica.
En México existe el pacto federal en el texto constitucional, pero en los hechos prevalece el centralismo. Luego de que Texas se declarara independiente, en 1838, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila —junto con segmentos de territorio de Texas— intentaron formar la República del Río Grande. Fue un intento sin éxito de dar vida a un tercer país en la frontera México-Estados Unidos, debido a la inconformidad regional por el centralismo.
A diferencia de las fricciones con el gobierno federal, en espacios como la mega-región CaliBaja, la Comisión Sonora-Arizona y ‘el TLCAN dentro del TLCAN’ que Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua han establecido con Texas, se habla de colaboración transfronteriza para la prosperidad mutua. Hay destellos de producción compartida, un comercio creciente y un mercado laboral integrado de facto, pero siguen como tareas pendientes el desarrollo de la infraestructura logística y de conectividad.
A contrapelo del ilusorio futuro transfronterizo, en Tamaulipas son delicadas asignaturas no atendidas la baja calidad de sus instituciones, el deterioro de su sistema educativo, y el difícil acceso de sus ciudadanos a la justicia.
El estado vivió una larga noche entre 1993 y 2016. En los sexenios de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú la entidad se deslizó por un tobogán de tolerancia, complicidad y subordinación al crimen organizado, que tomó el control de amplias franjas de su territorio y se tradujo en niveles de violencia sin precedente para los ciudadanos, que aún padecen este azote. Yarrington y Hernández están hoy en la cárcel, el primero, acusado de delincuencia organizada, fraude y vínculos con el narcotráfico; el segundo, bajo cargos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ilustración: Jonathan Rosas
¿Gatopardismo tamaulipeco?
Después de 87 años sin alternancia política, en 2016 ganó la gubernatura el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Había altas expectativas de que la sucesión diera paso a un cambio fundamental: un gobierno que trabajara por el bien público en vez de tomar al estado como un botín.
En las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó en Tamaulipas, al igual que en el resto de las entidades federativas, con excepción de Guanajuato. Sin embargo, en las elecciones estatales de mitad de periodo, el 2 de junio de 2019, Cabeza de Vaca operó para que el PAN alcanzara la mayoría en el congreso del estado con 22 de 36 curules. El PAN, en alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, triunfó también en 31 de 43 ayuntamientos, incluyendo todas las grandes ciudades, con excepción de Matamoros, donde ganó Morena.
Con mayoría en el congreso del estado y control de los principales municipios, Cabeza de Vaca alzó la voz en pro del federalismo. En marzo de 2020 nació la Alianza Federalista (AF), que hoy agrupa a doce gobernadores: seis del Partido Acción Nacional (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas), tres del Partido Revolucionario Institucional (Coahuila, Colima y San Luis Potosí), uno del Partido de la Revolución Democrática (Michoacán), uno de Movimiento Ciudadano (Jalisco), y un independiente (Nuevo León). En algunas de sus demandas se ha sumado un gobernador de Morena (Baja California).
Además de pedir la renuncia del Subsecretario Hugo López Gatell “por su manejo errático y político de la pandemia del covid-19”, la AF ha señalado que el actual esquema de distribución de recursos federales es ‘centralista, discrecional y mantiene a las entidades amarradas por todos lados’. Reclaman también la urgencia de contar a nivel nacional con un programa de apoyo a empresas y empleadores para la reactivación económica. Estas reivindicaciones han provocado sendos encontronazos con el presidente López Obrador.
El primer mandatario ha manifestado su acuerdo para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y revisar la recaudación federal participable, pero condicionado a que haya un consenso de la totalidad de las entidades en las fórmulas de distribución del presupuesto.
Hágase la voluntad de Dios… en los bueyes de mi compadre
Varios gobernadores integrantes de la AF enfrentan acusaciones de corrupción e incluso de vínculos con el crimen organizado. Cabeza de Vaca ha rechazado dichos señalamientos, comparándolos con el desafuero promovido por el presidente Vicente Fox para impedir que López Obrador fuese candidato en la elección presidencial de 2006. Otros mandatarios estatales señalan que los videos donde el hermano del presidente recibe dinero de origen no determinado a nombre de él —sin haberlo declarado ante autoridades electorales ni fiscales— hacen caer por tierra su prédica anticorrupción.
Hasta ahora, las acusaciones en contra de uno y otro bando permanecen en la dimensión del escándalo mediático. No se han integrado formalmente carpetas de investigación. Ello hace de la justicia un espectáculo que erosiona a las instituciones.
El trato del gobierno de Tamaulipas hacia los municipios se caracteriza por la distribución de recursos públicos desde una visión patrimonialista y discrecional. El gobernador mantiene una ofensiva política y legal contra la presidenta municipal de Reynosa, quien también pertenece al PAN. Numerosos alcaldes tienen temor de disentir del gobernador, quien reproduce hacia adentro el centralismo que denuncia hacia afuera, a nivel federal.
La expectativa de que al ser el gobernador oriundo de tal o cual municipio favorecerá el desarrollo local se ha topado con una cruda realidad: Cavazos y Yarrington encumbraron a cómplices de negocios personales y privados de Matamoros, mientras que los secuaces victorenses ocuparon su lugar en los gobiernos de Hernández y Torre Cantú. En total mimetismo con sus antecesores, Cabeza de Vaca ha reproducido la práctica del “quítate tú para ponerme yo”, ubicando en altos cargos a personajes originarios de Reynosa, sin que tengan la experiencia, los conocimientos o la capacidad de servir en esas responsabilidades.
Todavía más: Cabeza de Vaca ha subordinado a los poderes legislativo y judicial a nivel estatal. En 2017, al inicio de su sexenio, presionó e hizo renunciar, al menos un año antes de concluir sus respectivos mandatos, tanto al Auditor Superior del Congreso del Estado, como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para colocar a incondicionales suyos.
Inclusión social y participación ciudadana para un verdadero federalismo
Como lo ha señalado el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, ha fallado la política entre los principales actores. Ni Cabeza de Vaca va a reivindicar a los tamaulipecos, ni el presidente nos va a rescatar. Desde la sociedad mexicana necesitamos construir puentes de comunicación y exigir voluntad política a la Federación y a los estados, que garantice el adecuado ejercicio de las competencias en cada uno de sus ámbitos. El objetivo sería superar la reducida autonomía fiscal de las entidades, su alta dependencia de las transferencias federales y su muy baja recaudación.
Un nuevo federalismo no podrá sustentarse sólo en la dimensión fiscal. El principal desafío es de naturaleza política: democratizar la vida pública. “Nuestros hombres hoy luchan ufanos, por mejorar su condición de ciudadanos”, reza una de las estrofas finales del Himno a Tamaulipas.
El prolongado centralismo se refleja en el habla cotidiana y nos revela que el federalismo sigue siendo mucho más un anhelo que una realidad. En 1974, cuando llegué de Tampico a estudiar en el entonces Distrito Federal, me pareció extrañísimo que los habitantes del altiplano se refirieran a Tamaulipas, estado fronterizo y costero, como “el interior de la república”.
Para finalizar, una nota de esperanza: la muy significativa mejora de la seguridad pública en el sur de Tamaulipas se debe en buena medida al extraordinario trabajo realizado por la Mesa de Seguridad y Justicia Tampico-Madero-Altamira, integrada por empresarios, académicos, y profesionistas que trabajan en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, sumando esfuerzos con organismos de la sociedad civil de todo el país.
En suma, ¿cómo puede Tamaulipas contribuir a la construcción de un México más equilibrado? Haciendo valer el potencial del estado como generador de valor económico, social, ambiental y cultural; como actor de la integración territorial y promotor del desarrollo regional. Es imperativo impulsar un verdadero federalismo por la vía de políticas de cohesión económica y social sustentadas en el mercado, lideradas por los gobiernos y apoyadas por los ciudadanos.
Carlos Heredia Zubieta
Profesor asociado en el CIDE. Fue diputado federal en la 57 Legislatura al Congreso de la Unión (1997-2000). N. en Tampico (1956).
Carlos Heredia Zubieta realiza una esplendida radiografpia del potencial económico de Tamaulipas, el analisis de los integrantes de «La Canallocracia», impecable y ponderado, el parraf+o final desentona, según mi criterio, está en «el deber ser», lo que se debe, casi una salida de banco con retórica del viejo PRI.