Más de dos terceras partes de los 33 Tribunales de Justicia Administrativa (uno federal y 32 locales) cuentan con la naturaleza jurídica de OCA. Este hecho deja patente la convicción de buena parte de las entidades federativas respecto de la pertenencia de esta figura para la impartición de justicia administrativa.

El mejor escenario que podríamos vislumbrar es contar con un comité coordinador que utilice la experiencia y el panorama aportado por los tribunales de justicia administrativa para generar políticas de prevención que identifiquen y ataquen áreas de riesgo.

Los niveles de sobrerrepresentación que tenemos en la actualidad son inaceptables; por fortuna, existen remedios jurídicamente viables. Durante los últimos días, se ha discutido la posibilidad de que el órgano garante de los derechos de participación ciudadana —el Instituto Nacional Electoral (INE)— tome medidas para hacer valer la Constitución.

La relación entre los estados y la Federación está en un momento álgido. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha concretado una fecha para dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista. Particularmente, el gobernador Alfaro propuso una consulta ciudadana para evaluar la salida de Jalisco del pacto fiscal federal.