Imagine que usted es presidente municipal de un ayuntamiento en Jalisco. Su vecino de enfrente, el municipio colindante, acaba de inaugurar un parque nuevo con gran bombo mediático. Los ciudadanos de su municipio empiezan a preguntar: ¿y nosotros cuándo? La presión política es real. Al año siguiente, usted incluye un parque similar en su presupuesto, aunque quizá no era la prioridad más urgente. Este fenómeno —que los economistas llamamos spillovers o derramas fiscales— no es anecdótico: es un patrón sistemático que moldea el gasto público en todo México.
En una investigación que publiqué hace poco en Spatial Economic Analysis analicé los presupuestos de 860 municipios mexicanos durante 21 años (2000-2021) y confirmé lo que muchos sospechaban: los municipios no toman decisiones fiscales en aislamiento. Cuando un vecino gasta más, los demás tienden a seguirlo. Este hallazgo tiene implicaciones profundas para entender cómo funciona —y cómo podría mejorar— el federalismo fiscal mexicano.
El problema de fondo: municipios ricos en responsabilidades, pobres en recursos
Desde 1979, cuando se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal, México optó por un modelo de descentralización asimétrica: los municipios recibieron responsabilidades de gasto (pavimentar calles, recoger basura, mantener alumbrado público, ofrecer servicios básicos), pero casi ningún poder para recaudar impuestos propios. A diferencia de países como Estados Unidos o Alemania, donde los gobiernos locales tienen amplia autonomía tributaria, los municipios mexicanos quedaron atados a lo que la Federación decidiera enviarles.
El resultado es un desequilibrio fiscal vertical crónico. Los municipios y las entidades federativas dependen de las transferencias federales (aportaciones y participaciones) en alrededor 84 % de sus ingresos. Además, en la Figura 1 se aprecia cómo los gobiernos subnacionales (estados y municipios) presentan déficit fiscales (gasto mayor que ingreso) desde 2003, mientras que el gobierno federal presenta superávit fiscal (ingreso mayor que gasto).
Figura 1. Balance fiscal como porcentaje del PIB
Estas problemáticas crean un ambiente propicio para el estudio de interacciones espaciales. Si los municipios no pueden financiarse solos y enfrentan presiones de gasto que rebasan sus recursos, entender cómo interactúan entre sí —si se coordinan, se imitan o compiten— resulta fundamental para diseñar transferencias más efectivas y mecanismos de coordinación regional.
El hallazgo principal: los municipios imitan a sus vecinos
Utilicé modelos econométricos espaciales avanzados —sobre todo paneles dinámicos con factores comunes— que permiten separar tres tipos de efectos: el impacto de las propias características del municipio (efecto directo), el impacto del gasto de los vecinos (efecto indirecto o spillover), y el peso del presupuesto del año anterior (inercia presupuestal). Esta metodología, desarrollada en las últimas dos décadas, permite aislar el efecto genuino de la interdependencia geográfica de otros factores que podrían confundirlo.
Los resultados son contundentes. En todas las categorías de gasto que analicé —gasto total, uso de servicios, inversión en infraestructura, y subsidios sociales— existe un efecto positivo y significativo del gasto de los municipios vecinos. Cuando los 15 municipios más cercanos aumentan su gasto, un municipio típico responde incrementando el suyo. Los bienes públicos municipales, son complementarios entre sí, no sustitutos. Es decir, cuando mi vecino mejora sus servicios, yo no puedo sólo aprovecharme de ellos: necesito mejorar los míos también.
Pero no todo el gasto se comporta igual. Distingo patrones importantes según el tipo de erogación, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Patrones de gasto municipal según tipo de erogación.
El uso de servicios —gastos operativos cotidianos como mantenimiento, servicios públicos y suministros— muestra el spillover más fuerte (0.52): cuando los vecinos aumentan este rubro, la presión para igualarlos es intensa. Esto tiene sentido: son gastos visibles que los ciudadanos comparan sin dificultad. Si el municipio vecino tiene las calles mejor iluminadas o la basura se recoge de manera más puntual, los votantes lo notan.
Los subsidios y beneficios sociales, en cambio, muestran alta inercia (0.22) pero bajo spillover (0.14). Esto refleja que muchos programas sociales están determinados por fórmulas legales federales —como el FAIS para infraestructura social—, dejando poco margen para ajustes discrecionales o para imitar a los vecinos. El gasto social está, en buena medida, predeterminado.
El dato más revelador está en la inversión en infraestructura: por cada peso adicional que un municipio recibe en transferencias federales, su gasto en obras crece 1.70 pesos. Esta elasticidad superior a uno —la única entre todas las categorías— sugiere dos fenómenos preocupantes. Primero, confirma el desequilibrio fiscal vertical: los municipios dependen de recursos externos para invertir, no pueden financiar infraestructura con recursos propios. Segundo, apunta al llamado “efecto flypaper”: las transferencias gubernamentales afectan más que un aumento equivalente en los ingresos propios del municipio. El dinero que llega de fuera se gasta con más facilidad que el que cuesta recaudar.
Las implicaciones: coordinación o caos
Estos hallazgos plantean un dilema para el diseño del federalismo fiscal mexicano. Por un lado, que los municipios respondan al gasto de sus vecinos no es necesariamente malo: puede reflejar competencia saludable por ofrecer mejores servicios, o aprendizaje de buenas prácticas regionales. Si un municipio encuentra una forma eficiente de proveer agua potable y sus vecinos lo imitan, todos ganan. Por otro lado, si estas interacciones no están coordinadas, pueden generar ineficiencias: duplicación de esfuerzos, inversiones subóptimas motivadas por presión política en lugar de necesidades reales, o una carrera hacia el gasto que comprometa la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, mi análisis también encuentra efectos indirectos importantes. Cuando un municipio recibe más transferencias federales, no sólo aumenta su propio gasto: también genera una onda expansiva en sus vecinos. Las transferencias federales, diseñadas en un inicio para reducir desigualdades territoriales, al final crean olas de respuestas fiscales coordinadas —o competitivas— a lo largo de las redes municipales. Un aumento de transferencias a Guadalajara no sólo afecta a Guadalajara: repercute en Zapopan, Tlaquepaque y toda la zona metropolitana.
Esto sugiere que las políticas de transferencias no pueden diseñarse pensando en municipios aislados. Cada peso que la Federación envía a un municipio tiene efectos multiplicadores espaciales que los actuales esquemas de distribución no consideran. Los formuladores de política en la SHCP y en el Congreso deberían tomar nota: la geografía importa.
Hacia un federalismo fiscal consciente del espacio
Mi investigación deja claro que los municipios mexicanos no son islas fiscales. Son nodos de una red donde las decisiones de unos afectan las posibilidades de otros. Los formuladores de política pública harían bien en incorporar esta perspectiva espacial en el diseño de transferencias, en la evaluación del gasto subnacional, y en los mecanismos de coordinación. Las zonas metropolitanas, en particular, requieren marcos de gobernanza que reconozcan estas interdependencias.
Este trabajo también abre preguntas para una investigación futura. ¿Cómo influyen los ciclos electorales en estos spillovers? ¿Existen diferencias entre regiones con mayor tradición de cooperación intermunicipal? ¿Qué papel juega la transparencia presupuestal en la intensidad de la imitación entre vecinos? ¿Los municipios aprenden de las buenas prácticas de sus vecinos o solo reaccionan a presiones políticas?
Por ahora, la evidencia es clara: en México, ningún presidente municipal gobierna solo. Sus decisiones fiscales son, en parte, respuestas a lo que hacen —y dejan de hacer— sus vecinos. Entender esta dinámica es el primer paso para convertirla en una herramienta de desarrollo regional coordinado, en lugar de una fuente de ineficiencias. El federalismo mexicano, para madurar, necesita reconocer que el espacio importa.
Alejandro Moreno Jiménez
Doctor en Economía. Es asesor legislativo en el Congreso de Jalisco.