Perspectiva de género y transparencia aplicada en los institutos de las mujeres

El género es un poderoso principio de diferenciación social y un productor de discriminaciones y desigualdades.¹ Las valoraciones de género introducen asimetrías en los derechos y las obligaciones, y esto produce capacidades y conductas económicas distintas en cada sexo. El género “traduce” la diferencia sexual en desigualdades sociales, económicas y políticas. En lo económico, los comportamientos diferenciados de mujeres y hombres, derivados del esquema cultural del género, reproducen la desigualdad de las oportunidades, especialmente del empleo y los ingresos. En lo social, el enfoque de género parte de reconocer que las mujeres tienen derechos, pero que muchas están en situaciones de marginación y que hay que “empoderarlas”. En lo político, supone una diferencia de oportunidades para acceder a puestos de toma de decisiones y para ejercer los recursos de poder, obstaculizando la igualdad sustantiva. Así, para paliar las brechas anteriores, se ha impulsado la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Un aspecto clave del que no se suele hablar generalmente cuando se impulsan las políticas con perspectiva de género es el acceso a la información pública, que no sólo permite detectar las inequidades, al visibilizar las diferencias entre indicadores al desagregarlos por sexo, sino también diseñar medidas más efectivas para combatirlas.

Como señalan Raquel García y Giselle Yáñez, la necesidad de exigir transparencia con perspectiva de género viene dada por “tener conocimiento cuantitativo y cualitativo acerca de la condición y la posición de las mujeres, así como de los impactos diferenciados de los fenómenos políticos, sociales, económicos y del estatus de los derechos humanos y el impacto de la violencia en la ciudadanía”. Así, la transparencia es un pilar fundamental para la igualdad de género, que permite no solo rendir cuentas, sino también garantizar que las políticas públicas estén alineadas con los objetivos de equidad.

En 2021, el Inai dictó el Protocolo de Referencia para Incorporar la Perspectiva de Género en Resoluciones en Materia de Acceso a la Información Pública que aplica para todas las entidades federativas. Además, ha emitido lineamientos técnicos para homologar la transparencia con perspectiva de género y ha creado un buscador temático para facilitar la consulta de datos desagregados.

Los Institutos y Secretarías de las Mujeres en las 32 entidades federativas tienen la responsabilidad de gestionar y publicar esta información, y deberían constituir la punta de lanza en lo que refiere a transparentar y poner a disposición del público información con perspectiva de género sobre las diferentes áreas de política pública. Por ello, en este trabajo nos propusimos explorar el nivel de acceso a la información con perspectiva de género que ofrecen los institutos locales de las mujeres.

Con base en las dimensiones de autonomía de las mujeres propuesta por la Cepal —autonomía física (ausencia de violencia), económica (empoderamiento) y de toma de decisiones (inclusión e igualdad)— consideramos cinco categorías de información: indicadores sociodemográficos, inclusión social e igualdad, participación política, empoderamiento y violencia, y revisamos las secciones de transparencia sobre indicadores con perspectiva de género de las páginas de internet de los Institutos y Secretarías de las Mujeres de las 32 entidades federativas. Sistematizamos los datos sobre las entidades federativas en que los Institutos y Secretarías de las Mujeres publicaron o no información con perspectiva de género en dichas categorías en 2023, así como los indicadores principales de desglose en cada categoría y la fecha de actualización de la información. La consulta de las páginas de internet se realizó del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2023.

El análisis realizado revela que la información disponible en los sitios electrónicos de los Institutos y Secretarías de las Mujeres en las 32 entidades federativas es fragmentada y dispersa. De los cinco indicadores propuestos, la mayoría de las entidades sólo publica datos parciales y, en muchos casos, no están actualizados.

En la Gráfica 1 mostramos los rubros de información presentes en cada uno de los institutos revisados. Lo primero que salta a la vista es que sólo ocho de las 32 instituciones locales destinadas a impulsar la igualdad de género publicitan información desagregada por sexo sobre dos o más de los indicadores con perspectiva de género seleccionados, y sólo una —la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México— tiene información de los cinco indicadores. En cambio, diez de ellas no difunden información diferenciada entre hombres y mujeres, y once de las catorce entidades sólo lo hacen sobre el indicador que refiere a la existencia de “alertas de género”.

Gráfica 1. Rubros de información sobre perspectiva de género en Institutos y Secretarías de la Mujer en las entidades federativas

Resalta el desempeño de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, que es la única que cumple con información disponible para las cinco categorías. La centralización de la información y de las movilizaciones en pro de la igualdad de género en la capital del país pueden constituir explicaciones tentativas. Otra podría ser la disponibilidad de recursos económicos. En efecto, el presupuesto que recibe la Secretaría de las Mujeres de la capital, como proporción del presupuesto del Poder Ejecutivo local (0.42%), está por arriba del promedio nacional (0.23%). Sin embargo, hay estados (Aguascalientes y Querétaro) que reciben una proporción presupuestal mayor a la de Ciudad de México sin que su secretaría o instituto de la mujer se destaque por desplegar un volumen importante de información diferenciada por sexo. De la misma manera, hay entidades muy proactivas en transparencia en razón de género cuyo presupuesto en ese rubro es proporcionalmente bajo (Chiapas y Oaxaca).

Cuadro 1. Asignación presupuestal de los institutos y secretarías de la mujer en las entidades federativas, 2023. (% respecto de la AP centralizada)

Fuente: Elaboración propia con base en las Leyes de Egresos 2023 de las 32 entidades federativas.
Nota: Nuevo León cuenta con una secretaría y un instituto. La diferencia reside en que los institutos cuentan con autonomía técnica y de gestión, y poseen un carácter coordinador y de asesoramiento, mientras que las secretarías forman parte de la Administración Pública centralizada.

Conclusiones

El combate a las brechas de género requiere de información desagregada, accesible y oportuna. Sin embargo, como muestra el análisis, la disponibilidad de esta información es heterogénea y, en muchos casos, insuficiente para tomar decisiones informadas. Las diferencias en la publicación de datos reflejan las asimetrías institucionales y presupuestarias que enfrentan los institutos locales, así como la falta de coordinación en los esfuerzos de transparencia.

Un aspecto clave que se menciona es el rol del activismo social en la promoción de la transparencia con perspectiva de género. En estados con un mayor número de organizaciones de la sociedad civil, como Ciudad de México, los institutos locales tienden a ser más proactivos en la publicación de información. Sin embargo, si bien el presupuesto asignado a estas instituciones también juega un papel crucial en su capacidad para cumplir con sus obligaciones de transparencia, no parece haber una relación directa o contudente, lo que hace pensar que es una cuestión de voluntad política e iniciativa de las personas que ocupan los puestos directivos de estas instituciones. Parece además, que el estatus administrativo de estos organismos —secretaría o instituto— tampoco hace gran diferencia en la materia, si bien la mirada estará puesta en la Secretaría de las Mujeres de reciente creación bajo el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Finalmente, la fragmentación de los esfuerzos de transparencia refleja la necesidad de una mayor articulación entre los institutos locales, el Inegi y otras dependencias gubernamentales. Si bien se han logrado avances importantes en algunos aspectos, especialmente en relación con la violencia de género, queda mucho por hacer para que la perspectiva de género se traduzca en políticas públicas efectivas en todas las áreas clave.

Jacqueline Peschard Mariscal
Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM

Grisel Salazar Rebolledo
Académica de Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Octavio Olea Gómez
Profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

¹ Lamas, Marta, El enfoque de género en las políticas públicas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002