Uno de los principales cambios en los espacios públicos, que seguramente no escapa a la vista del lector, es que México ha pasado de ser un país de emigración a un país receptor de migrantes. Esta nueva posición confronta a autoridades, sociedad civil y residentes con una nueva tarea: la integración de personas migrantes y refugiadas. Ante este panorama, resulta relevante preguntarnos: ¿qué ha hecho el gobierno federal para asistir a personas en movilidad? ¿Qué piensan los mexicanos y las mexicanas de las personas migrantes? ¿Cuál es el papel de los gobiernos subnacionales en la inclusión de extranjeros en sus sociedades y economías? Estas preguntas son abordadas por la novedad editorialMigrant and Refugee Integration in Mexico. Governance, Civil Society and Public Opinion.
El libro es una coedición con mis colegas Nuty Cárdenas del CIDE y Liliana Meza González, de la Ibero CDMX, publicado bajo el sello de Routledge. En diez capítulos se exponen las investigaciones de quince personas académicas y profesionales de la migración para analizar las políticas federales y locales de integración, los esfuerzos de la sociedad civil desde el ámbito de la gobernanza migratoria, así como la opinión pública sobre las personas extranjeras que comienzan a asentarse en los diferentes estados del país.
Aquí expondré un vistazo de las contribuciones de esta obra, dividida en tres secciones que nos ayudan a entender qué está pasando localmente con la integración de estas poblaciones en México.
La primera sección, “De las políticas de integración locales y federales”, ofrece un panorama sobre las políticas federales, dando cuenta de las barreras existentes a nivel nacional para lograr tener programas de integración. Dentro de los obstáculos, destaca que el fenómeno migratorio no es una prioridad ni del gobierno federal, ni de los gobiernos subnacionales, por lo que no ha existido la voluntad política de una coordinación entre los diversos actores con facultades en el ámbito de la inmigración. Por otro lado, encontramos una fuerte influencia de la política de Estados Unidos respecto de los flujos migratorios, concentrada en el control y el entrampamiento de las poblaciones en México, con nulo interés en abarcar su incorporación a las sociedades de acogida.
A pesar de estas dificultades para la generación de políticas públicas inclusivas, el libro recopila los esfuerzos de diversos estados que han logrado incorporar marcos jurídicos locales para procurar la integración de las personas migrantes, así como programas sociales para las personas mexicanas retornadas. Dentro de los primeros, destacan los marcos regulatorios de Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas; en el otro extremo de la clasificación, están Colima y Yucatán, sin ninguna legislación relativa a la integración. Respecto de las personas retornadas, Ciudad de México, Jalisco y Puebla cuentan con marcos jurídicos y políticas más integrales en comparación con otros estados, como Baja California, que no contaba con ninguna política dirigida a población en retorno hasta el momento en que se realizó la investigación.
La segunda sección, “Percepciones hacia las personas migrantes y refugiadas”, hace un recuento de las actitudes y la opinión pública de las mexicanas y los mexicanos respecto de las personas extranjeras. A nivel federal, destaca que la población mexicana sostiene una opinión pública favorable, pues considera que los extranjeros hacen contribuciones económicas y traen ideas innovadoras al país, por lo que la mayoría está a favor de que la población migrante tenga acceso a derechos socioeconómicos.
Si bien a nivel federal la opinión pública favorece a las y los migrantes, no es así cuando se analiza la percepción en distintas entidades subnacionales de manera cualitativa. Mientras que en las capitales de Coahuila y Nuevo León los habitantes reportan que cualquier persona es bienvenida siempre y cuando se integre rápidamente al mercado laboral, los tapatíos opinan distinto, pues consideran que un aspecto fundamental de la integración pasa por apegarse al estilo de vida y los valores culturales del estado.
En la región del Soconusco de Chiapas, la opinión pública está muy dividida y está determinada por el tiempo de asentamiento en el estado. Por un lado, los servidores públicos opinan que la migración es una responsabilidad que debe tomar la Federación, y que los estados deben involucrarse sólo cuando las personas migrantes estén dispuestas a quedarse en el estado. Por otro lado, están las organizaciones de la sociedad civil, que opinan que su participación en el diseño de una política pública estatal debe ser mayor. Por último, las voces de los habitantes del estado reflejan un crecimiento en las expresiones de discriminación, derivado de la percepción de que las personas migrantes ya no están “de paso”, sino que su permanencia en el estado es indefinida.
La tercera parte del libro, “Gobernanza de la integración de migrantes y refugiados en contextos locales”, se centra en entender los distintos esquemas de colaboración entre diferentes actores en Tijuana, Monterrey, Jalisco y la zona del Bajío (Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sonora y Baja California). En Tijuana, sólo una minoría de migrantes tenía la intención de quedarse, principalmente debido a una persistente aspiración de llegar a Estados Unidos y preocupaciones sobre la seguridad en Tijuana. El estudio etnográfico sobre Monterrey revela las experiencias de mujeres, las redes de ayuda que surgen en los albergues y cómo se sustentan las necesidades de cuidados durante el tránsito migratorio a partir de amistades y complicidades.
En Jalisco, se registra una distribución no consensuada de los apoyos a personas en movilidad. Por una parte, los actores estatales se centran más en los flujos de emigración de mexicanos y la migración internacional documentada. En contraste, los actores no estatales y transnacionales se enfocan en las personas con estatus migratorio precario. En el Bajío, los esfuerzos estatales se han enfocado en atender a los connacionales en el exterior; esto constituye uno de los principales retos para trabajar en la integración de personas extranjeras.
En suma, las opiniones, el estilo de vida y la apertura a la diversidad en cada estado son factores locales muy importantes que determinan la integración de personas extranjeras. Si bien una política federal es necesaria, existen particularidades de las entidades subnacionales que se deben tomar en cuenta para la aplicación exitosa de políticas públicas integrales a nivel local. Es decir, a final de cuentas, la integración es un asunto que debe responder a las pautas estatales, considerando capacidades, necesidades y voluntades locales.
Más allá de las discusiones académicas de este volumen, los autores y las autoras esperamos incidir en la conversación pública y deseamos arrojar luz sobre un problema poco discutido en los medios tradicionales: a pesar de que en México existen marcos regulatorios y algunas políticas públicas que favorecen la integración de personas migrantes y refugiadas, la aplicación de éstas es una historia que debe contarse desde lo local. Mientras que algunos territorios son altamente inhóspitos para las personas migrantes, otros se caracterizan por una mayor apertura reflejada en actitudes, leyes e instituciones. Sin embargo, todas y todos podemos construir espacios más hospitalarios en nuestras comunidades, mediante el reconocimiento del potencial de cada persona migrante y su incorporación a nuestras sociedades.
Karla A. Valenzuela Moreno
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México