Mejorar el estado de una escuela primaria en Jilotla, Hidalgo; conseguir diagnóstico, escuela y tratamiento para el autismo de un hijo en Guadalajara, Jalisco; obtener acceso al programa de pensión para personas con discapacidad en Oaxaca: son ejemplos de los beneficios que posibilita el derecho de acceso a la información (DAI).1 Este derecho se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo sexto), instrumentos internacionales y legislación secundaria. Para garantizar este derecho, el Estado mexicano emprendió reformas y creó instituciones especializadas: los Órganos Garantes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales (OG), uno federal y 32 en los estados y la Ciudad de México.
A pesar de ser componentes clave en la rendición de cuentas y tener efectos tangibles en la vida cotidiana de las personas, los OG han sido objeto de severos embates desde el Poder Ejecutivo federal. En febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para desaparecer diversos organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales (Inai), y afectando también la continuidad de los OG estatales. Esto implicaría dinamitar la lógica y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
La intención escrita de esta iniciativa es ahorrar recursos, eliminando una institución “onerosa, con una estructura burocrática obesa y que no ha garantizado el acceso a la información”.2 Bajo el argumento de duplicidad de funciones, se pretende transferir las atribuciones del Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y en el ámbito local, a los órganos de contraloría u homólogos.
Las implicaciones administrativas y políticas de esta reforma son un retroceso en el DAI y han sido revisadas en otros estudios.3 Para complementar la discusión, este artículo contrasta las afirmaciones de la iniciativa del presidente con datos oficiales, utilizando los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPDPEF)4 y el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), ambos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Instituciones “onerosas”
Durante 2022, el Inai y los OG ejercieron un presupuesto de 2265.4 millones de pesos (mdp).5 Esta cifra es menor al monto ejercido por el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo presupuesto ascendió a más de 2700 mdp. Específicamente el presupuesto ejercido por el Inai (975 mdp) es notablemente inferior al de dependencias como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo monto fue de 6520 mdp. Valga recordar que esta dependencia ha sido señalada por desviar 17 000 mdp, es decir, casi ocho veces el presupuesto del Inai y los OG, y por tener una nómina ilegal de 400 personas sin trabajar durante la presente administración.
Estructura burocrática “obesa”
Al cierre de 2022, el Inai y los OG contaron con una plantilla de 2612 personas. En comparación, en instituciones como la SFP laboraron 2370 personas; en Segalmex, 3293. Para la cantidad de acciones, temas y especialización requeridas, no se advierte que el Inai y los OG tengan una burocracia inflada.
En términos salariales, al cierre de 2022, 66.7 % de los hombres y 60.4 % de las mujeres comisionadas del Inai y los OG percibieron mensualmente alrededor de 110 000 pesos brutos. Esta cifra es inferior a lo que perciben titulares de dependencias de la Administración Pública Federal (APF), donde 32.5 % de los hombres y 29.0 % de las mujeres titulares percibieron ingresos mensuales entre 140 y 150 000 pesos brutos. Para el personal del Inai y los OG, el rango salarial más frecuente osciló entre los 15 y 20 000 pesos brutos mensuales; para el personal de la APF, fue entre cinco y 10 000 pesos brutos.
“No garantizan el derecho de acceso a la información”
Es crucial precisar que el Inai y los OG no sólo reciben recursos de revisión. Estas instituciones coordinan el SNT; dan seguimiento a los sujetos obligados (SO); brindan capacitación y difusión para fortalecer la cultura en estas materias; mantienen la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); y delinean las políticas de transparencia proactiva, gobierno abierto, datos abiertos, entre otras. Estas funciones requieren una importante especialización técnica importante. Para revisar el desempeño del Inai y los OG, se revisan los siguientes datos.
En 2022, se reportó un total de 8768 SO, de los cuales, 7929 reportaron información al Inai y los OG. Comparado con 2020, la cifra de SO que reportaron información al Inai disminuyó 7.4 %, mientras que para los OG aumentó 0.6 %. Además, 58.8 % (471) de los SO contó con comités de transparencia, mientras que 88.5 % de los SO que reportaron a los OG estatales contó con dichos comités.
Tabla 1. Condiciones institucionales de los sujetos obligados de los ámbitos federal y estatal (2019 – 2022)
| Año |
Total de sujetos obligados (#) |
Sujetos obligados que reportaron información (#) |
Unidades de transparencia de los sujetos obligados que reportaron información (#) |
Personal de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados que reportaron información (#) |
Comités de transparencia (#) |
|
2019 |
8463 |
7808 |
6858 |
9193 |
6759 |
|
2020 |
8573 |
7954 |
7650 |
11 757 |
7249 |
|
2022 |
8768 |
7929 |
7218 |
8785 |
6778 |
Fuente: Inegi, CNTAIPPDPEF
Los comités de transparencia son las instancias colegiadas al interior de las dependencias encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia. Al respecto, los datos indican que los criterios que debieran ser una excepción (clasificación de información, declaración de inexistencia y ampliación del periodo de reserva) han adquirido mayor relevancia en los últimos años.
Tabla 2. Resoluciones de los Comités de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal y estatal
(2019-2022)
| Año |
Resoluciones de los Comités de transparencia de los sujetos obligados (#) |
Resoluciones emitidas, según tipo de determinación |
||
|
Clasificación de información (%) |
Declaración de inexistencia de información (%) |
Ampliación del periodo de reserva (%) |
||
|
2019 |
102 456 |
6.3 |
2.2 |
0.1 |
|
2020 |
80 920 |
10.4 |
1.7 |
0.3 |
|
2022 |
111 369 |
14.2 |
3.9 |
0.4 |
Fuente: Inegi, CNTAIPPDPEF
Durante 2022, los SO recibieron 1 127 468 solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Del total, 997 212 (88.4 %) fueron respondidas; 83.2 % dentro del plazo; 7.3 %, con prórroga; 7.9 %, fuera del plazo legal y 2.0 %, no fue especificado.
Aunque el porcentaje de solicitudes respondidas con entrega de información ha incrementado, en 2022 el Inai y los OG recibieron 97 444 recursos de revisión y resolvieron 80 043. Ambas cifras son las más altas reportadas en la serie de los CNTAIPPDPEF desde 2015. Cabe recordar que estos recursos son impugnaciones que las personas solicitantes realizan para inconformarse por las respuestas emitidas por los SO. Además, los datos muestran menor confirmación de las respuestas emitidas por los SO y mayor revocación o modificación de las mismas.
Tabla 3. Recursos de revisión recibidos y resueltos por el Inai y los OG (2019-2022)
| Año |
Recursos de revisión |
Recursos de revisión resueltos, según tipo de respuesta |
|||
|
Recibidos |
Resueltos |
Confirma la respuesta (%) |
Revoca la respuesta (%) |
Modifica la respuesta (%) |
|
|
2019 |
92 985 |
77 338 |
17.8 |
23.6 |
20.8 |
|
2020 |
51 838 |
65 522 |
23.1 |
28.1 |
15.0 |
|
2022 |
97 444 |
80 043 |
10.9 |
23.5 |
24.1 |
Fuente: Inegi, CNTAIPPDPEF
Finalmente, las medidas de apremio y sanciones se imponen cuando las y los servidores públicos de los SO incumplen con las resoluciones emitidas. En 2022, el Inai y los OG impusieron 3843 medidas de apremio; 1497 sanciones económicas, cuyo monto ascendió a 4446 mdp, y presentaron 2922 denuncias por actos u omisiones violatorias a las disposiciones en la materia.
Tabla 4. Medidas de apremio impuestas por el Inai y los OG a los sujetos obligados (2019 – 2022)
| Año |
Medidas de apremio |
Sanciones |
Denuncias |
|
2019 |
1462 |
180 |
1072 |
|
2020 |
1899 |
186 |
749 |
|
2022 |
3843 |
1497 |
2922 |
Fuente: Inegi, CNTAIPPDPEF
En conclusión, las cifras oficiales resumen el deterioro en las capacidades y cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de los SO.6 También muestran que el presupuesto y personal del Inai y los OG no resultan onerosos o desbordados. Su actividad es crucial para tener acceso efectivo a la información y verificar su confiabilidad y cumplimiento. Por lo tanto, trasladar las atribuciones del Inai y los OG a la SFP y los órganos internos de control carece de sustento empírico y de lógica pública: no se puede ser juez y parte, especialmente cuando no se cuenta con la especialización y cuando los cuestionamientos pudieran derivar en hallazgos políticamente sensibles para la autoridad.
José Guillermo Castillo Koschnick
Consultor independiente en temas de gobierno, seguridad pública y justicia
1 Historias como éstas y más se detallan en el Informe Nacional del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, elaborado por el Inai
2 “Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 5 de febrero de 2024, p.12
3 López Ayllón, S., Ojeda, L., Hernández, C., y Cejudo Ramírez, G. M., “La desaparición de los órganos autónomos (reformas en materia de simplificación administrativa)”. EnAnálisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República. UNAM.
4 Los CNTAIPPDP se encuentran disponibles aquí. El CNGF se encuentra disponible aquí
5 Precios corrientes.
6 Los datos coinciden con otros diagnósticos. Al respecto, consúltese los informes de Métrica de Gobierno Abierto