Las elecciones para gobiernos locales en el estado de Morelos han sido una preocupación especial del gobierno federal desde la Revolución, después del asesinato de Zapata en 1919. La intervención federal dio paso a la hegemonía priista y a aniquilar finalmente al zapatismo en 1962. Con esto, se fue debilitando a la sociedad y la clase política local y se inició una ruta de tráfico de poder político y corrupción que continuó hasta las alternancias políticas en el gobierno del estado y las elecciones de 2023-2024.
Acabar con Zapata y el inicio de la hegemonía priista
Al asesinato de Zapata hubo una gran disputa por la gubernatura entre zapatistas, el gobierno federal y los hacendados.
Morelos tuvo 17 gobernadores entre 1919 y 1930. Esto llevó a Genovevo de la O, general zapatista morelense y exgobernador, a reclamar en el Congreso de Morelos: “El estado de Morelos estaba cansado de mandatarios de fuera”, y a deponer por las armas al gobernador Alfredo Ortega (1923-1924) y evitar que asumiera la gubernatura Ismael Velazco, exgeneral zapatista. El gobierno federal envió 600 elementos del ejército con ametralladoras y retiró a Genovevo de la O a Tlaxcala. El conflicto continuó hasta 1930, cuando Morelos se incorporó al orden constitucional, con la elección de Vicente Estrada Cajigal en abril de 1930, postulado por el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRM y PRI.
Esto habría terminado con el zapatismo. Sin embargo, Rubén Jaramillo, excapitán zapatista, continuó con la lucha. Aunque desistió en 1938 porque acordó con Lázaro Cárdenas la creación del Ingenio Azucarero Emiliano Zapata como Sociedad Cooperativa administrada por un Consejo de Administración de dos ejidatarios y un obrero, y un “gerente” nombrado por el presidente de la República. Aunque Jaramillo fue elegido por la Asamblea General de obreros y ejidatarios primer presidente de ese consejo de administración, volvió a la lucha armada. Pero nuevamente desistió, ahora por una amnistía otorgada por Ávila Camacho para participar políticamente. Jaramillo fundó, en 1943, el Partido Agrario Obrero Morelense para presentarse como candidato a gobernador en 1945 y 1951, pero no ganó y volvió a tomar las armas en 1957 con diversas demandas del Plan de Cerro Prieto. Nuevamente desistió ante una falsa amnistía presidencial de López Mateos, quien decidió aniquilar definitivamente al Zapatismo: el 23 mayo de 1962 Díaz Ordaz y Echeverría enviaron al ejército a secuestrar a Jaramillo, su esposa y tres de sus hijos de su casa en Tlaquiltenango para asesinarlos en Xochicalco.
La hegemonía del PRI y el debilitamiento de la clase política local
Desde entonces, el PRI como partido hegemónico tomó control sobre los candidatos y elecciones en todos los municipios, las diputaciones del congreso local y el gobierno del estado de Morelos. Esta hegemonía del PRI en las elecciones de los gobiernos locales de Morelos se debilitó en las elecciones de 1988, pero persistió hasta 1997.
En las elecciones de 1988 las votaciones en los municipios rurales de Morelos fueron para el PRI con más del 80 % de la votación, pero en Cuautla, Cuernavaca y Temixco el PRD y el PAN obtuvieron más del 35 %.
Para las elecciones de 1997, como preludio de la alternancia política en el gobierno estatal en el 2000, en siete de los 33 municipios de la entidad triunfó la oposición, incluidos Cuautla con el PRD y Cuernavaca, con Sergio Estrada Cajigal del PAN, futuro gobernador de la alternancia en Morelos en las elecciones del 2000 y nieto de aquel gobernador electo en 1930, del partido antecedente del PRI.
Con este tutelaje del PRI y del gobierno federal, la clase política morelense se fue deteriorando y corrompiendo, al igual que los gobiernos locales y la vida social. Esto produjo escenarios electorales capturados por el tráfico de poder político y la corrupción, pero también la captura de diversas instancias de gobierno del Estado, es decir, la apropiación ilegítima de las representaciones políticas mediante la corrupción para beneficio particular (Mauricio Merino, 2021). Guillermo Trejo y Sandra Ley (2022) han documentado que aproximadamente un 10 % de los municipios del país tienen “gobernanza criminal”. Esta captura violenta se incrementa en procesos electorales al ponerse en riesgo los acuerdos de protección y corrupción. Este es el escenario electoral que vivimos en Morelos con asesinatos, secuestros, amenazas y renuncias de candidatos por la inseguridad.
El declive del PRI: la licencia de Carrillo Olea y la alternancia con el PAN
En las elecciones para diputados locales de la XLVII Legislatura del Congreso de Morelos (1997-2000), el PRI obtuvo 13 de las diputaciones, el PRD 11, el PAN cinco y una el Partido Civilista Morelense. En estas elecciones de 1997, el PRI sólo ganó una de las diputaciones federales, la de Cuernavaca, y el PRD las tres diputaciones federales restantes. Jorge Carrillo Olea del PRI gobernaba Morelos tras ganar las elecciones de 1994, pero sería depuesto en 1998. Para entonces la descomposición de la política local era innegable.
Para llegar a su “solicitud de licencia al Congreso de Morelos” se conjugaron varios reclamos: Hubo una filtración de Luis Téllez a periodistas del New York Times sobre supuesta protección a Amado Carrillo, el “Señor de los cielos”, quien vivía en una hacienda de Tetecala, Morelos, que según Carrillo Olea era un complot entre Zedillo y su gabinete para vincularlo al narcotráfico. Había también un clima de inseguridad y acusaciones de corrupción en la fiscalía de Morelos que provocaron una movilización de la sociedad, encabezada por Graco Ramírez (futuro gobernador), y la iglesia de Morelos. En Tepoztlán había protestas en contra del proyecto de un club de golf, con una sentencia a su favor de la Suprema Corte de Justicia.
La alternancia y el inicio de la captura del Estado: tráfico de poder político y violencia
Con esta nueva deposición del gobernador de Morelos y un gobernador interino del PRI, llegó la alternancia en el gobierno del estado de Morelos con las victorias panistas de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) y de Marco Antonio Adame (2006-2012). Hubo otra alternancia con la victoria del PRD con Graco Ramírez (2012-2018), y una más tras la postulación, mediante una alianza Morena/PT/PES, de Cuauhtémoc Blanco al gobierno del Estado (2018-2024).
Cuauhtémoc Blanco había sido alcalde de Cuernavaca postulado por el Partido Social Demócrata. Sin embargo, se hizo una denuncia en su contra: se le acusó de haber recibido siete millones de pesos para su postulación a la alcaldía, superar los topes de gastos de campaña y haber reportado falsamente residencia en Morelos y una credencial electoral inválida. Estas denuncias no fueron anecdóticas. El Consejo General del INE, por votación de diez a favor y uno en contra, destituyó a la consejera presidenta del OPLE local, el IMPEPAC, porque “dilató una indagatoria contra Blanco, entonces presidente municipal de Cuernavaca, señalado de recibir presuntamente siete millones de pesos para postularse”. La dilación ocurría cuando Blanco competía por el gobierno del estado. Habría más denuncias en contra de Blanco: del Congreso de Morelos, del fiscal de Morelos, designado por el Congreso, pero propuesto por el anterior gobernador de Morelos, Graco Ramírez (2012-2018). Este fiscal fue acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México, vinculado a proceso y enviado a prisión, pero liberado porque la Suprema Corte de Justicia resolvió: “El Fiscal General de Morelos sí cuenta con fuero para no ser detenido ni procesado por la posible comisión de delitos federales.”
En este escenario de denuncias y confrontación entre el Fiscal de Morelos y el gobernador, Blanco solicitó licencia al congreso local para ser candidato a una diputación plurinominal en las elecciones del 2 de junio de 2024, como agradecimiento de AMLO por su apoyo político.
Este es el escenario electoral por la gubernatura, los ayuntamientos y las diputaciones locales y federales deterioradas y debilitadas por la captura de diversas instancias locales del Estado: seguridad, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, Congreso de Morelos y poderes Ejecutivos municipales y estatales.
Este marco deteriorado para las elecciones locales ya no es producto de una Revolución, sino de la captura de diversas instancias del Estado y amenazas por varios actores políticos y la delincuencia organizada. Morelos ha ocupado desde hace más de una década los primeros lugares nacionales en la tasa de homicidios dolosos y feminicidios por cada 100 000 habitantes, así como en corrupción y los últimos lugares en orden, seguridad, y en procuración de justicia penal (World Justice Project, 2022). El último alcalde de Cuernavaca (2018-2021) de Morena —postulado una semana antes de las elecciones ganó sin hacer campaña— fue vinculado a proceso, lo mismo que varios exfuncionarios del gobierno del estado (2012-2018). Existen denuncias contra varios exalcaldes y funcionarios del Poder Judicial, así como contra miembros del Congreso por el nombramiento de diversos familiares en el Tribunal Superior de Justicia. Se asesinó o intentó asesinar a periodistas, candidatos, y al consejero presidente del Instituto de Transparencia local. Este mayo amanecemos con el desplegado de más de 25 mantas de la delincuencia organizada en toda la entidad, diciendo que ellos son los que mandan en el estado.
Morena gobierna 27 de los 35 municipios morelenses; el PAN cuatro, incluido Cuernavaca, y el PRI dos municipios rurales. Siete diputados locales son de Morena, cuatro del PAN y los nueve restantes de otros partidos políticos. Seis de los diputados federales de la LXI Legislatura son de Morena, uno del PRI y una de MC. Morelos tiene dos senadores de Morena y uno del PRI. Varios de ellos candidatos y Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de la alternancia, candidato a diputado federal del PAN y otro de Morena al senado con financiamiento muy obscuro. Y, desde luego, hay candidatas a gobernadoras: Margarita González Saravia por Morena; Lucy Meza, exsenadora de Morena, por el PRI/PAN/PRD y Jessica Ortega por MC, quien en precampaña fue amenazada y expulsada de Tetecala, de donde vivía “el señor de los cielos”, por la delincuencia organizada.
Medardo Tapia Uribe
Investigador Titular en Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México.