Cuando se hace análisis político, es frecuente que se abuse del adjetivo “histórico” para definir situaciones que, a lo mucho, son complejas, polémicas o atípicas. Sin embargo, la iniciativa constitucional presentada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante el Congreso de Jalisco para dotar de autonomía presupuestaria a la Universidad de Guadalajara sí merece ese adjetivo.
Entender el contexto político en el que se concibió la iniciativa es fundamental para comprender su trascendencia. En síntesis, el Gobierno de Jalisco garantizará constitucionalmente el 5 % del Presupuesto de Egresos del Estado —más un 0.3 % destinado a proyectos de infraestructura específicos— para la Universidad de Guadalajara. Y, lo más importante, dicho en palabras de Alfaro: “La universidad programará sus recursos en función de sus prioridades”. Por tanto, no habrá un tutelaje del gasto.
Esto último es relevante porque el conflicto político entre el gobierno y la casa de estudios detonó cuando Alfaro decidió frenar el presupuesto estatal destinado a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad por considerar que no era un gasto prioritario. En ese mismo sentido, el mandatario buscó en ciertos momentos definir desde el Ejecutivo qué proyectos sí merecían inversión y cuáles no (por ejemplo, en qué campus se tenía que priorizar la construcción y modernización de infraestructura), lo que violaba claramente el principio de autonomía universitaria.
La garantía de un presupuesto constitucional para la Universidad es una conquista histórica para la educación superior en Jalisco. Primero, porque permite la planeación a largo plazo: la Universidad ya no necesitará de forcejeos políticos y de ejercer tensión permanente con los gobiernos para obtener los recursos necesarios que le permitan ejecutar el gasto en lo que su comunidad, por medio de las autoridades universitarias, decida. Segundo, porque constitucionalizar esta garantía elevará el costo político de revertirla para quienes sucedan a Alfaro en el poder.
Un presupuesto universitario suficiente (un piso mínimo) estará garantizado año con año, sin importar quién esté al frente del Ejecutivo estatal. La Universidad no estará condicionada por partidos ni ideologías externas, sino por sus propias dinámicas y vida interna: ese es, justamente, el ejercicio pleno de la autonomía. A lo largo de las siguientes líneas se analizará el proceso político que condujo a este resultado.
Una breve reseña del conflicto, la tregua y sus resultados
No es el propósito de este texto enumerar los agravios entre las partes, mucho menos desarrollar sus motivos, que se remontan a décadas atrás. Sin embargo, sí es fundamental explicitar que lo que ya se conoce en la política jalisciense como el conflicto tuvo diversos episodios que pudieron haberse convertido en puntos de no retorno para la entidad.
Por ejemplo, la salida de legisladores del Grupo Universidad del bloque parlamentario de Movimiento Ciudadano; la incursión electoral de Hagamos, el partido ligado a la Universidad; el encarcelamiento de tres estudiantes universitarios; la protesta organizada por Movimiento Ciudadano frente a la FIL, y las denominadas megamarchas contra Alfaro, impulsadas en distintos momentos por el grupo que controla a la Universidad de Guadalajara.
¿Cómo es que un conflicto tan enraizado pudo desanudarse en apenas unos meses? Hay un único factor posible para explicarlo: la repentina muerte de Raúl Padilla López. El otrora líder político del Grupo Universidad entendió que su presencia ya significaba la imposibilidad de lograr nuevos acuerdos políticos para la casa de estudios, como la constitucionalización del presupuesto o la alianza electoral de Hagamos con Morena (recordemos que existía un veto inquebrantable de López Obrador hacia Padilla).
A partir de la muerte de Padilla, el grupo cerró filas (tendrá que verse si esa unidad se mantiene de cara a la sucesión de la Rectoría en 2025) en torno a Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad. Esta legitimidad le permitió, primero, pactar una tensa calma con el Gobierno de Jalisco, y ahora, dar un paso más allá con esta iniciativa “conjunta” con Alfaro (ambos la presentaron en el Congreso, aunque legalmente la facultad es del gobernador), producto político de la tregua.
Este proceso nos permite hablar, de hecho, de una representación exacta del modelo clásico de elaboración de políticas: insumos (las exigencias universitarias de mayor presupuesto y respeto a la autonomía) entran en una caja negra (la negociación sigilosa y de bajísimo perfil entre Villanueva y Alfaro), con la iniciativa constitucional como el outcome.
La fragilidad de la tregua
Con este acuerdo en torno a la iniciativa puede darse por parcialmente zanjado el conflicto entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara; sin embargo, no es conveniente augurar todavía una paz total, pues las relaciones entre las instituciones dependen siempre de la trayectoria de las conductas de los actores que las dirigen y de sus incentivos, permanentemente cambiantes.
De forma concreta, aunque superado en apariencia el conflicto, la Universidad de Guadalajara podría entrar en un terreno profundamente incierto si el grupo que la controla opta por jugar de lleno en la contienda electoral de este año.
El rector Ricardo Villanueva Lomelí jugó magistralmente sus cartas al amagar con concurrir como abanderado de Morena a la elección por la alcaldía de Guadalajara, en donde hubiera arrasado con pocas dudas. Además, se habría convertido automáticamente en un aspirante natural a la gubernatura de Jalisco en 2030. Villanueva estiró hasta el último momento esta posibilidad para obligar a Alfaro a ceder la constitucionalización del presupuesto.
Sin embargo, la ausencia del rector Villanueva en la boleta no significa que el Grupo vaya a retirarse de la disputa electoral. De hecho, Mara Robles Villaseñor, una de sus integrantes más visibles, está compitiendo con seriedad por la designación a la candidatura tapatía.
Mara Robles Villaseñor es una política de largo aliento dentro del Grupo. Fue diputada federal entre 1994 y 1997 por el Partido de la Revolución Democrática, instituto del que fue también consejera nacional; candidata a la alcaldía de Guadalajara por el Partido del Trabajo; secretaria de Educación del Distrito Federal entre 2012 y 2015; diputada local entre 2018 y 2021 por Movimiento Ciudadano (durante el brevísimo pacto de Alfaro y Padilla) y, finalmente, diputada local por Hagamos desde 2021.
Si por algo es conocida Mara Robles es por su lealtad y disciplina a las decisiones del Grupo, que ha confiado a lo largo del tiempo en ella para ejercer responsabilidades de toda índole, como puede verse en su currículo, siempre gracias a los acuerdos que Padilla estableció con distintos líderes y partidos políticos estatales y nacionales (desde Cárdenas y Mancera con el PRD, hasta el propio Alfaro y MC).
Ahora, sin Raúl, cada actor tiene mayor autonomía para labrar su camino político, pero pareciera definirse una regla para quienes quieran jugar en el terreno electoral: la política universitaria no se mezcla con la política mundana. Esto obligaría a Robles a abandonar su aspiración de ser rectora en 2025, anhelo que no ha escondido nunca.
La hoy legisladora estatal fue desde siempre partidaria de la alianza electoral con Morena, no sólo por pragmatismo sino porque suscribe genuinamente la propuesta ideológica de la izquierda dentro del obradorismo, además de gozar de amistad personal con Sheinbaum. En suma, Mara Robles es una convencida de que lo más cercano a la izquierda está en el proyecto de nación de Claudia y que podría convertirse en el vínculo fuerte entre el Grupo Universidad y la nueva élite política nacional (si Sheinbaum se convierte en presidenta, por supuesto). Se requiere también que Morena tenga el ánimo de ceder Guadalajara —la joya de la corona en Jalisco— a Hagamos, una decisión que ya demostró ser costosa, por ejemplo, en Zapopan, con la designación de Kumamoto y el desplazamiento de liderazgos guindas con mayor trayectoria dentro del partido.
Los matices son relevantes, y hay que decir que la mayoría de los integrantes de la universidad justifican la alianza con Morena, no por ideología como Robles, sino como pura protección frente Alfaro: un mal menor para resguardar la autonomía universitaria ante los ataques oficialistas. Empero, si la autonomía presupuestaria queda plasmada en la constitución local, este argumento caducará pronto. La Universidad batalló tanto y tan intensamente contra Alfaro que pareciera que la animadversión ante el gobernador ya es pura inercia, por no hablar de costumbre.
Voces disidentes dentro de la Universidad temen que la casa de estudios sea colonizada ya no por Alfaro sino por el Ejecutivo federal: que la autonomía jurídica, presupuestaria y, sobre todo, política que no cedieron frente a Alfaro, se conceda progresivamente y sin mayor resistencia a Sheinbaum debido a esta muletilla antialfarista que la comunidad universitaria conserva de forma mayoritaria.
El conflicto con Alfaro está enterrado, pero empujar a la Universidad a un escenario conflictivo por excelencia —las elecciones— abre, paradójicamente, el riesgo de una multiplicidad de nuevos frentes, tal vez incluso algunos que todavía no han sido previstos por los tomadores de decisiones dentro del Grupo Universidad.
David Gómez-Álvarez
Académico de la Universidad de Guadalajara
David Ricardo F. González Ruiz
Analista político
Para una comprensión más detallada del proceso político descrito puede consultarse nuestro capítulo “Autonomía universitaria frente al poder político: una tensa relación”, dentro del libro Jalisco a medio camino: Volumen II (Editorial Universidad de Guadalajara, 2023).