Mucho se ha hablado sobre las deficiencias que en materia de salud vivimos en México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha mostrado que más de 30 millones de mexicanos y mexicanas se quedaron sin acceso a los servicios de salud entre 2018 y 2022. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2023 (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documenta cómo el gasto de las familias para atender su salud creció 32 % durante el mismo período. Y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 arroja evidencia sobre el aumento en el uso de los servicios privados de salud.
Pese a esta evidencia, poco se ha escrito sobre los recursos en salud que como nación tenemos, y mucho menos sobre aquellos con los que cuenta cada una de las entidades federativas para atender la salud de su población. Cuando se habla de recursos en salud, debemos pensar en el personal de salud, las camas disponibles y los quirófanos. Una primera aproximación a estas variables en las 32 entidades federativas muestra una desigualdad alarmante. Mientras algunas gozan de una amplia infraestructura médica y personal de salud suficiente, otras luchan con recursos limitados y una falta significativa de instalaciones adecuadas para brindar la atención médica que demandan sus habitantes.
Comencemos con lo elemental, el personal de salud. Aquí se incluyen básicamente a los médicos generales, especialistas y personal de enfermería disponible. A nivel nacional, de acuerdo con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, hay 4.2 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes; el promedio de los países más desarrollados del mundo, integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es de 12.4.
Sin embargo, eso sólo se trata de un promedio nacional. Al desagregar los datos por entidad federativa podemos observar que la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de personal de salud en todo el país, seguida por Colima, Baja California Sur, Nayarit y Aguascalientes. En cambio, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Baja California y San Luis Potosí cuentan con sólo 3 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes o, si queremos verlo de otra manera, apenas tienen una cuarta parte de lo que tienen los países más desarrollados del mundo.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud
Otra variable fundamental para evaluar lo suficiente de un sistema de salud es el número de camas con las que cuentan, esto sobre todo en hospitales que atienden necesidades que obligan a los pacientes a estar internados mientras curan sus problemas de salud. En este rubro, México tienen un total de 3.3 camas por cada 10 000 habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 13.2. Es decir, por cada cama hospitalaria que hay en México, dichos países tienen cuatro.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud
Al observar estos datos en cada una de las entidades federativas, la Ciudad de México se coloca como la entidad con mayores recursos de este tipo con 6.8 camas hospitalarias por cada 10 000 habitantes, más del doble que el promedio nacional. Le siguen Campeche, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y Colima. En contraparte, el estado de Nuevo León tiene sólo 1.4 camas por cada 10 000 habitantes, la mitad del promedio nacional, seguida de Baja California, Estado de México, Coahuila y Morelos.
Los quirófanos, definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las salas o habitaciones habilitadas para realizar cirugías u operaciones, son fundamentales para brindar atención de segundo nivel, o algo tan básico como la atención de un parto. En nuestro país, sólo hay 1.5 quirófanos por cada 10 000 habitantes cuando el promedio de los países más desarrollados es de 8.3. Sin embargo, esa desigualdad es aún más pronunciada entre entidades federativas. Nuevamente, la Ciudad de México muestra los mejores números, con 3.4 quirófanos por cada 10 000 habitantes, seguida por Tabasco, Colima, San Luis Potosí, Campeche y Durango. En cambio, Nuevo León, Baja California y el Estado de México ni siquiera cuentan con un quirófano por cada 10 000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud
Hablar de los recursos sanitarios disponibles en las entidades federativas es fundamental. Sobre todo en el contexto actual, en donde, de acuerdo con el Acuerdo Nacional para Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Guerrero y Morelos han decidido adherirse al OPD IMSS-Bienestar y transferir la operación de dichos recursos a esa nueva dependencia.
Esta colaboración significa que los estados adheridos tendrán la obligación, por los siguientes 30 años, de realizar las siguientes acciones: en primer lugar, transferir una parte de los recursos que reciben del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) al Fondo de Salud para el Bienestar, gestionado por el OPD IMSS-Bienestar. Este traslado de recursos tiene como objetivo abordar enfermedades que generan gastos catastróficos, así como invertir en infraestructura y adquirir medicamentos. En segundo lugar, renunciar a cualquier ingreso que puedan obtener por la prestación de servicios de salud. En tercer lugar, transferir al OPD IMSS-Bienestar recursos propios previamente asignados en su propio presupuesto para la prestación de servicios de salud, adquisición de medicamentos y otros insumos. Finalmente, en cuarto y último lugar, transferir los recursos humanos y la infraestructura sanitaria al OPD IMSS-Bienestar para que los administre.
En cambio, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Durango, Yucatán, Querétaro y Coahuila no aceptaron formar parte del OPD IMSS-Bienestar, por lo que se encargarán completamente de sus sistemas estatales de salud mantenidos con recursos propios, del Fassa y con algunas claves médicas surtidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Esto significa que el modelo de atención en salud para la población sin seguridad social (más de 70 millones de mexicanos) se partirá en dos. Por un lado, los que cederán recursos económicos, humanos y de infraestructura al OPD IMSS-Bienestar; por otro, aquellos que mantendrán la rectoría dichos recursos.
Esto, además de provocar que la mayoría de las entidades federativas pierdan atribuciones que legalmente les corresponden, podrá dar lugar a la desatención de las necesidades y solicitudes locales. La falta de comprensión de los contextos estatales por parte de una entidad centralizada como el OPD IMSS-Bienestar, incrementará aún más la desigualdad de herramientas disponibles para brindar los servicios de salud. Es esencial que el OPD IMSS-Bienestar defina de manera transparente las directrices para la gestión de los recursos financieros, humanos y de infraestructura de las entidades federativas. También, resulta fundamental que establezca criterios claros para su asignación, así como los procedimientos para su aumento. Además, se requiere un mecanismo claro que permita a los Estados expresar sus necesidades particulares y asegurar que parte de estas asignaciones se ajusten de manera congruente con las demandas de su población.
Los canales de comunicación y colaboración entre el OPD IMSS-Bienestar y las autoridades estatales serán cruciales para abordar estas inquietudes. Mediante ellos podrá implementarse un sistema de retroalimentación que permita ajustar de manera continua las políticas y estrategias, asegurando así una atención más efectiva y adaptada a las realidades específicas de cada región. De no abordarse estos desafíos de manera proactiva, el riesgo de agravar la crisis en el sistema de salud podría persistir, especialmente para aquellos sectores de la población que enfrentan mayores vulnerabilidades.
Los recursos no son suficientes. Ahora, el reto no solo será aumentarlos sino garantizar que se utilicen de manera más eficiente. Veremos si este nuevo viraje administrativo en materia de salud lo permite.
Luis Javier Cortés Adame
Licenciado en Ciencia Política por la UAM y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE
Luis Javier: Saludos desde «La Mejor Frontera de México», Ciudad Juárez, Chih. y en tu extensa colaboración preguntas: ¿Son suficientes los recursos de las entidades federativas en materia de salud?, la respuesta es obvia, cuando menos para este mortal fronterizo ¡claro que no!, date una vueltecita por la hermosa provincia mexicana y vas a ver como veredes Mio Cid, aparte de que el cuento ese de que el próximo año tendremos en México, un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, el diablo que se los crea, pues no de ja de ser sólo una estupidez. Vale.