Nayarit vive una coyuntura política interesante. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero concentra un poder importante, derivado de la mayoría que su partido —Morena— tiene en el Congreso del estado, lo que le permite promover cambios en el Poder Judicial local sin oposición. La falta de contrapesos en lo local parece encontrar un límite cuando entra en conflicto con la línea política que se dicta desde el ámbito federal, en este caso, a través de una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El caso ejemplifica que la división de poderes es casi inexistente en la mayoría de las entidades federativas y lo que prevalece es la imbricación de un poder sumamente concentrado en los gobernadores, quienes generalmente mantienen el control de los Poderes Legislativo y Judicial, y sólo enfrentan límites desde la Federación.
Miguel Ángel Navarro es un político con más de tres décadas en la escena local. Con una larga trayectoria en el PRI, dejó el partido en 2005 al perder la candidatura a la gubernatura contra Ney González, hijo del exgobernador y líder de la CTM Emilio González Parra. Aunque contendió en esa elección abanderado por el PRD, perdió y desde entonces mantuvo pugnas contra el ya exgobernador, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia por investigaciones abiertas durante la actual administración. Desde entonces, Navarro militó en el PRD, contendió por la alcaldía de Tepic en 2008, la cual perdió frente a Roberto Sandoval Castañeda, quien sería gobernador entre 2011 y 2017, actualmente preso en el Penal de Tepic. En 2017 contendió de nuevo por la gubernatura de Nayarit, ya como parte de Morena. A pesar de perder de nuevo, Navarro quedó perfilado como figura política predominante del partido en la entidad.
En 2018 resultó electo como senador por Nayarit y, aunque se especulaba que sería el delegado federal de programas de desarrollo, se mantuvo en el escaño legislativo hasta el inicio del proceso electoral de 2021. Luego de ganar la elección para gobernador después de tres intentos, Navarro Quintero emprendió una operación política tendiente a concentrar los poderes del estado y, con la bandera anticorrupción, emprendió procesos legales contra funcionarios de administraciones anteriores y líderes sindicales.
El conflicto con el Poder Judicial local inició cuando, al inicio del sexenio, fueron filtrados datos sobre presunta corrupción y conflicto de intereses del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ismael González Parra. Entre otros delitos, se le acusó de proteger a funcionarios señalados por corrupción y peculado de la anterior administración, del panista Antonio Echevarría García, durante la cual fue nombrado en el cargo. Cabe señalar que González Parra obtuvo el cargo, presuntamente por vínculos con la familia Montenegro, líderes de la Sección 20 del SNTE, con quienes Navarro mantiene un fuerte conflicto desde el inicio de su gobierno.
Luego de fuertes presiones, González Parra renunció a su puesto en el Poder Judicial y, en mayo de 2022, fue nombrada en su lugar la magistrada Rocío Esther González García, con quien el gobernador Navarro mantuvo una relación cordial. Sin embargo, durante los primeros días de junio de 2023 se especuló con la renuncia de Juan Echeagaray Becerra a la secretaría general de gobierno, la cual se confirmó el miércoles 21 de junio. Los rumores sobre el motivo de su separación y sobre quién sería su sucesor fueron disipados dos días después con el nombramiento de González García, quien dejó su cargo como magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Con una amplia carrera en el Poder Judicial local, González García pasó a dirigir la política interna del estado a pocos meses de concluir su periodo como magistrada.
La salida de Juan Echeagaray Becerra de la secretaría general de gobierno tiene como objetivo explícito lograr una de las magistraturas en el Poder Judicial estatal que quedarán vacantes en septiembre, así como su presidencia. Esta operación de enroque político inició en el Congreso local, donde la mayoría de Morena (15 de 30 legisladores, más aliados) modificó la Constitución local. La reforma al artículo 83, fracción VI, redujo el requisito de no haber desempeñado cargo público en un periodo de un año a tres meses para quien aspire a ser magistrado del Poder Judicial estatal.
La desavenencia con el poder federal se dio por intervención directa de un organismo autónomo, cuando el 19 de julio pasado la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, promovió una Acción de Inconstitucionalidad contra la reforma a la Constitución de Nayarit, al transgredir el artículo 116, fracc. III, párrafo tercero de la Constitución General, mismo que deberá resolver el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este recurso pareciera tratarse de un manotazo presidencial contra las intenciones del gobernador Navarro, tanto por el poder acumulado en el estado, como por sus abiertas simpatías por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en sus aspiraciones presidenciales. No solamente es clara la inclinación del presidente de la República por Claudia Sheinbaum, sino que los ataques de operadores políticos y periodistas afines Navarro a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México en sus visitas a Nayarit pueden leerse como un desafío al Ejecutivo federal.
Asimismo, desde el inicio de su administración Navarro Quintero ha emprendido una serie de procesos legales contra líderes sindicales y exfuncionarios de las anteriores administraciones, para lo cual requiere la participación activa de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial y el Congreso local. A pesar de que el fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, fue nombrado durante la administración de Antonio Echevarría García, luego de la captura de Edgar Veytia en Estados Unidos por narcotráfico, todavía siendo gobernador electo, Navarro Quintero lo “ratificó” en el cargo a pesar de ser un organismo autónomo cuyo titular es nombrado por el Congreso local.
Otro frente abierto del gobernador es su pugna contra algunos sindicatos en la entidad. Con el control de los poderes del estado y un apoyo irrestricto de la Fiscalía, emprendió una serie de reformas legales en la entidad a la seguridad social que violentan los derechos de los trabajadores, principalmente de los maestros afiliados a las Secciones 20 y 49 del SNTE. Además, se emprendió una reforma a la Ley Burocrática estatal con la que se afecta principalmente los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM).
Además, en clara confrontación con los líderes sindicales, principalmente de la Sección 20 del SNTE y del SUTSEM, se eliminó la retención automática vía nómina de la cuota sindical a todos los trabajadores sindicalizados. Las resistencias, vía manifestaciones y otros recursos promovidos por los afectados han desatado una persecución contra líderes sindicales, mismos que son investigados por la Fiscalía del Estado.
Finalmente, también se encuentra abierto un proceso legal contra el exgobernador Ney González, quien se encuentra prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción durante su mandato que finalizó en 2011. Al parecer, Navarro está cobrando viejas facturas, producto de sus derrotas pasadas. Miguel Ángel Navarro muestra talante cada vez más autoritario, sin contrapesos en lo local, por lo que se infiere que el episodio con la CNDH fue más que nada un freno por parte del Ejecutivo federal. No obstante, las decisiones de intercambio entre puestos de primer nivel entre los poderes del estado parecen no resultar escandalosas, en una entidad que tiende a naturalizar estas prácticas de concentración de poder en la figura del gobernador en turno.
Oscar Rodríguez Mercado
Egresado de la maestría en sociología política del Instituto Mora