Desde hace algunas semanas, el asfalto y las banquetas de las calles donde habito fueron demolidos para renovar su aspecto. Dicha situación, además de caos vial, polvo, reclamos vecinales y una gran cantidad de escombro, me llevó a observar lo complicado que es transitar por calles así, sobre todo para aquellas personas que requieren de una silla de ruedas para trasladarse. Si antes del inicio de estas obras las calles y banquetas complicaban la movilidad de las personas con discapacidad, ahora esa dificultad se multiplicó, por lo menos en mi manzana.
Tras reflexionar sobre si esto era un problema exclusivo de las calles cercanas a mi domicilio, decidí averiguar cómo se encuentra la infraestructura para personas con discapacidad en la Ciudad de México. La evidencia disponible indica que ésta no sólo es insuficiente, sino que es muy desigual entre las diversas alcaldías de la capital del país. Pero vamos por partes.
La Organización Panamericana de la Salud define a las personas con discapacidad, como aquellas que tienen alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de largo plazo, lo que puede obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. En la mayoría de los casos, esta deficiencia impide el desarrollo de una vida autónoma y requiere el apoyo de otras personas para realizar actividades cotidianas, como por ejemplo trasladarse de un sitio a otro. Partiendo de esto, es importante aclarar que lo que aquí se analiza es la infraestructura pública disponible para personas con discapacidad que invariablemente necesitan una silla de ruedas para transitar por las calles de su ciudad.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 8 % de los habitantes de la Ciudad de México, cerca de 800 000 personas, padecen alguna discapacidad. El propio Inegi clasifica a esta población según el tipo de afectación que padecen. Del total de capitalinos con alguna discapacidad, el 41 % tiene que ver con su capacidad motriz, seguido del 26.4 % cuyo problema es visual, el 14.3 % es de carácter auditivo, y el 10.6 % está relacionado con dificultad para recordar.
Porcentaje de población con discapacidad, según tipo
En cuanto la distribución de la población con discapacidad motriz en las distintas alcaldías de la capital del país, se observa que en Iztapalapa habita el 20 % de las personas con deficiencia para moverse, seguida por la Gustavo A. Madero (14.4 %), Alvaro Obregón (7.8 %), Coyoacán (7.4 %) y Tlalpan (7.1 %); es decir, cinco alcaldías concentran cerca del 60 % de la población con este tipo de discapacidad. Las demarcaciones con menos personas en esta condición son: Cuajimalpa (1.4 %), Milpa Alta (1.4 %), Magdalena Contreras (2.7 %) y Miguel Hidalgo (3.8 %).
Distribución de la población con discapacidad motriz en CDMX
Nivel alcaldía
Ahora bien, un indicador disponible para conocer la infraestructura pública para personas con discapacidad motriz es la cantidad de manzanas (superficie delimitada por calles en sus cuatro lados) con rampas para que las sillas de ruedas puedan subir a las banquetas y transitar en el espacio público. Con base en el Inventario Nacional de Viviendas del Inegi, la Ciudad de México tiene un total de 51 077 manzanas de las cuales 28 016 no cuentan con rampas para silla de ruedas. Es decir, el 54.8 % de las calles de esta ciudad no son transitables para las personas cuya discapacidad les dificulta moverse.
Sin embargo, ese sólo es el promedio de la ciudad, pero al desagregar la información por alcaldías la realidad muestra una gran desigualdad entre ellas. En lugares como Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras, más del 80 % de las manzanas no tienen acceso para silla de ruedas y en las alcaldías de Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa apenas disminuye a 70 %. En tanto que, Benito Juárez (3.2 %), Venustiano Carranza (16.4 %), Cuauhtémoc (18.8 %) y Azcapotzalco (23 %) presentan los mejores números en cuanto a este indicador.
Manzanas sin rampas para silla de ruedas
Nivel alcaldía
Por otro lado, y tomando en cuenta que la infraestructura en las manzanas es apenas el primer paso para que las personas con discapacidad puedan trasladarse, es importante considerar que según datos del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad), el Sistema de Transporte Colectivo Metro (medio de transporte más utilizado en el área metropolitana del Valle de México) apenas tiene 52 estaciones habilitadas para acceder con silla de ruedas, de las 195 existentes. Es decir, sólo el 26 % de la red de metro es incluyente para personas con discapacidad motriz. La Línea 12 es la única con infraestructura para dicho efecto en todas sus estaciones. Considerando que, hasta febrero de 2023, once de las veinte estaciones de esa ruta se encuentran cerradas, el porcentaje de estaciones totales para acceder con silla de ruedas desciende a 21 %.
Accesibilidad para personas vulnerables a las instalaciones del S. T. C.
Como se muestra, el diseño de la mayoría de las calles y del principal medio de transporte de la Ciudad de México no contempló para su uso a las personas con alguna dificultad motora. El único transporte construido con esta perspectiva dentro de la ciudad fue el metrobús, ya que todas sus estaciones cuentan con infraestructura disponible para las personas con deficiencias físicas; el resto del transporte público, ya sea los trolebuses o el concesionado, tienen escasas herramientas de acceso para esta población orillando a que su traslado sea través de medios privados.
Estos obstáculos contravienen lo estipulado en el artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que obliga a tener infraestructura básica y equipamiento del entorno urbano con un carácter universal, obligatorio y adaptado para todas las personas. Incluso, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México indica, en su artículo 4, que la infraestructura para las personas con discapacidad debe aplicar para el transporte, la información y las comunicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.
El Indiscapacidad es el órgano encargado de articular y diseñar políticas públicas en materia de discapacidad dentro de la capital del país y, aunque entre sus atribuciones está la elaboración de propuestas, estas no son vinculantes para las alcaldías, quienes son las encargadas de remodelar y acondicionar las calles para brindar accesibilidad a todas las personas y permitir así su desarrollo. Si bien los obstáculos enfrentados por discapacidad son multifactoriales, y a pesar de que actualmente se otorga un apoyo económico bimestral de 2800 pesos mediante el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la infraestructura disponible sigue siendo una pilar esencial en cualquier política que pretenda contribuir a crear mejores condiciones de vida para esta población.
Como se observa, existe una marcada desigualdad entre alcaldías en cuanto a accesibilidad para las personas con discapacidad motora, sin profundizar en la que debería existir para asistir al resto de discapacidades presentes en la población. Por ello, es importante crear estrategias, con financiamientos claros, con el fin de hacer más incluyentes tanto las calles como el transporte de la Ciudad de México. Sólo así, verdaderamente, todos los capitalinos podrán ejercer el derecho a la movilidad, establecido recientemente en la Carta Magna de nuestro país, crucial para acceder a otros derechos como la salud, la educación o la alimentación.
Luis Javier Cortés Adame
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE
Mi hija de 40 años es discapacitada desde hace 13 años, por un accidente: un tablón que cayó de una obra en construcción le rompió la médula espinal. Aún así se graduó por Bellas Artes como licenciada en Diseño. La problemática del discapacitado no se constriñe a las calles, igual es en los edificios públicos y privados, las casas habitación, los lugares de recreo y cultura: cines, teatros, foros de espectáculos, en donde no hay condiciones de acceso; igual pasa con escuelas y universidades. No se diga el transporte público. Las autoridades no han establecido normas para que los arquitectos diseñen sus obras, por obligación, considerando las necesidades de la comunidad discapacitada. Lo mismo pasa con las autoridades que deberían normar los accesos públicos para que los discapacitados puedan movilizarse.
Hay una «discapacidad» social que impide que autoridades y sociedad volteen a ver a los discapacitados, quienes hacen 10 veces más esfuerzo que el común de la sociedad para sobrevivir: acceso a viajar, educación, salud, trabajo dignos. Urge atender a nuestra gente discapacitada; volteemos a verlos. Mi hija les puede hacer propuestas viables.