Por su capacidad para alcanzar a millones de personas mediante cada una de las acciones que despliegan, los gobiernos son un factor crítico para transformar el statu quo en una mejor situación para toda la sociedad. Sin embargo, los problemas públicos que estos actores enfrentan son muy complejos y a menudo requieren de soluciones ágiles. Ante este escenario, ¿qué pueden hacer los gobiernos para actuar adecuadamente y con celeridad?
Una posible salida consiste en proponer una respuesta rápida que, con un poco de suerte, sea la solución buscada. Sin embargo, proceder de esta forma podría traducirse en un dispendio de recursos. Una segunda opción puede ser emprender un largo camino para llegar a la Respuesta —así, con mayúsculas. No obstante, obtener la Respuesta para el problema de ayer podría tomar más tiempo que el que le lleva al problema evolucionar en algo completamente diferente, haciendo obsoleta esta solución.
Ante la disyuntiva entre tomar decisiones a ciegas y la “reinvención de la rueda”, el uso de evidencia rigurosa en la elaboración de políticas públicas abre una tercera vía que permite a los gobiernos conocer acciones que previamente han probado su eficacia e implementarlas con celeridad. Por ello, es necesario tender puentes entre la academia y los tomadores de decisiones.
Un ejemplo de la vinculación entre ambos mundos es la labor del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Desde su fundación en 2003 por los Premios Nobel Abhijit Banerjee y Esther Duflo, junto con Sendhil Mullainathan, la red académica de J-PAL ha realizado más de 1170 evaluaciones de impacto en más de noventa países.1 Estos estudios muestran hallazgos sobre los alcances y la efectividad de programas dedicados a la reducción de las brechas persistentes en el desarrollo agrícola o la participación de las mujeres en el mercado laboral, por mencionar algunos campos.
A través de la metodología insignia de J-PAL —las evaluaciones aleatorizadas—2 las investigadoras y los investigadores de la red someten a escrutinio las innovaciones que buscan resolver los temas más inaplazables, tales como el cambio climático y el acceso a una educación de calidad. Los hallazgos encontrados en las evaluaciones, además de ser útiles para las organizaciones implementadoras, conforman un amplio acervo para orientar la toma de decisiones en otras latitudes para generar nuevas respuestas, y así reducir la pobreza y sus efectos perniciosos.
Por ejemplo, uno de los problemas persistentes en países de ingresos bajos y medios es el bajo desempeño escolar en la educación básica, aun cuando las tasas de asistencia escolar han aumentado en los últimos años. En India, una organización no gubernamental desarrolló el enfoque TaRL (Teaching at the Right Level) para fortalecer las habilidades matemáticas y lectoras a través de la agrupación de las niñas y los niños según su nivel de aprendizaje, en vez de por su edad. Una evaluación hecha en 2001 por miembros de la red académica de J-PAL en los estados de Vadodara y Mumbai demostró que las niñas y los niños participantes en este programa aumentaron entre 4% y 7.7% sus competencias en matemáticas y lenguaje.
Esta intervención fue aplicada en más estados y evaluada en cada iteración durante los últimos quince años, encontrando sistemáticamente mejoras en los resultados educativos de las infancias participantes. La evidencia obtenida a partir de diversas evaluaciones —además de dar a conocer la efectividad de esta aproximación— permitió adaptar el modelo TaRL a otras realidades, mejorando el desempeño escolar de más de 60 millones de niñas y niños en India y África.
Ahora bien, la asimilación de tales hallazgos en la formulación de políticas públicas requiere de un esfuerzo de las instituciones gubernamentales para desarrollar mecanismos y dinámicas para usar la evidencia disponible. La construcción de una cultura de uso de evidencia puede entenderse como un “Ciclo de Aprendizaje” en que se identifican necesidades, se diseñan soluciones basadas en la evidencia, se evalúa su efectividad, y se utiliza lo aprendido para continuar mejorando las políticas públicas.
El Ciclo de Aprendizaje de cada gobierno se apuntala en tres pilares: capacidad técnica, procesos institucionales y datos administrativos. El fortalecimiento de estos elementos contribuye positivamente en la internalización del uso de evidencia en la formulación de políticas públicas: al mismo tiempo que la organización gubernamental genera soluciones sustentadas con rigurosidad científica, construye el conocimiento para replicar el proceso en el tiempo.
En el contexto mexicano, se piensa que la institucionalización del uso de evidencia atañe exclusivamente al gobierno federal, debido a su tamaño y disponibilidad de recursos para destinar a estas tareas. Nada más alejado de la realidad: hoy más que nunca, los gobiernos estatales requieren incorporar la evidencia en su repertorio de herramientas para responder los desafíos actuales.
Así, la pandemia subrayó la desigual distribución de las labores de cuidado, alteró el acceso a la educación de niñas y adolescentes, al mismo tiempo que profundizó la condición de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia. ¿Es posible responder a problemas complejos desde lo local? Sobre esta línea, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y J-PAL se encuentran trabajando conjuntamente para el fortalecimiento de capacidades técnicas y el análisis de datos, con miras a la consecución de un programa preventivo de violencia contra las mujeres, el cual será implementado a partir del segundo trimestre de 2023.
El uso de evidencia para la toma de decisiones va más allá del ámbito de los programas sociales, pues también es una herramienta útil para mejorar las acciones que garantizan los derechos de la población, como el acceso a la justicia pronta y expedita. En esta vena, investigadores afiliados a J-PAL trabajaron con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para evaluar algunas innovaciones para hacer llegar información a quienes tenían expedientes abiertos en materia laboral.
Las intervenciones evaluadas tuvieron resultados positivos tanto para las personas trabajadoras como para la Junta, a consecuencia de que las tasas de acuerdo en casos de despido se duplicaron. En primer lugar, las personas que llegaron a un acuerdo valoraron más lo que obtuvieron por esta vía, en comparación a lo que hubieran recibido de haber participado en un juicio, se mostraron más felices, con menores niveles de estrés y con mayor disposición a encontrar un nuevo empleo. Además, este incremento de la resolución de las causas en la etapa de conciliación se tradujo en la reducción en la carga de trabajo en los juzgados laborales.
Desde la identificación de un problema y el diseño de una intervención para combatirlo, hasta la obtención de resultados que permiten refinar y adaptar estrategias exitosas en otras latitudes, la inclusión de hallazgos científicos en la formulación de políticas públicas mejora las condiciones de vida de millones de personas. Los ejemplos aquí discutidos muestran cómo las colaboraciones estratégicas entre gobierno y organizaciones que promueven el uso de evidencia como J-PAL potencian los efectos de la acción gubernamental, independientemente del tamaño y las condiciones de partida de los gobiernos estatales.
Claudia Macías
Subdirectora ejecutiva de la oficina regional de J-PAL para Latinoamérica y el Caribe
Vianney Fernández
Gerente de políticas públicas de la oficina regional de J-PAL para Latinoamérica y el Caribe
1 Es una metodología rigurosa que se emplea para medir posibles cambios atribuibles a la acción de un programa.
2 Se trata de un tipo de evaluación específico en la cual se emplea un proceso aleatorio para asignar recursos o ejecutar programas. Estas miden el impacto en función de un contrafactual (control), que representa el comportamiento de los individuos en ausencia del programa.