Abisinia, como se le conocía antiguamente a Etiopía, se ubica en la parte fértil del Cuerno de África, debajo del Sahel. Es un país mayoritariamente cristiano (ortodoxo) en una región predominantemente islámica. Aunque fue conquistado por Italia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es, junto con Liberia, el único país que no fue colonizado por ninguna potencia europea. Esa condición histórica de excepcionalidad explica que, por ejemplo, Addis Abeba sea la sede de la Unión Africana y de otros organismos internacionales, como la Comisión Económica para África de la Organización de las Naciones Unidas. Existe una cierta veneración a Etiopía por su espíritu anticolonialista y su visión panafricana. Incluso, Etiopía es considerada por muchos como la madre patria o la nación originaria africana.
La creación del Estado etíope comenzó apenas en el siglo XIX, cuando los cristianos ortodoxos de habla amárico (lo que hoy es Eritrea y las regiones etíopes de Tigray, Afar y Amhara) comenzaron a dominar al resto del territorio dentro de sus actuales fronteras. El grupo dominante desarrolló una “idea de nación multinacional”, aunque con un claro predominio de su nación, su religión y su idioma. En un país profundamente multiétnico, pluricultural y con una enorme diversidad lingüística, la idea de “la unificación nacional” explica, en parte, la dominación del país por una minoría: los cristianos ortodoxos. Esta hegemonía se consolidó con el último de los emperadores: Haile Selassie, considerado el padre fundador de la Etiopía moderna.
Selassie gobernó con estabilidad por un largo periodo hasta que —durante la convulsionada África de revoluciones de independencia y gobiernos militares de los setentas— fue depuesto por un golpe de Estado en 1974. Durante la Guerra Fría, Etiopía fue gobernada por la Derg, la junta militar, que proclamó a Etiopía una república popular democrática alineada con Moscú. Convencido de la unificación etíope, el dictador Mengistu Halei Mariam reprimió todos los movimientos regionales, aunque es recordado por haber invadido Somalia y haber declarado la guerra a Eritrea. Durante la dictadura de Mariam surgió una docena de frentes de liberación que lograrían liberar al país del yugo militar, pero permanecerían como fuente de conflicto hasta la actualidad.
En 1991, con la caída de la URSS, también cayó el régimen comunista etíope del Derg, que gobernó por casi dos décadas el país. En la transición democrática, dos organizaciones paramilitares asumieron el poder: el Frente Popular de Liberación de Eritrea y el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, una coalición de grupos insurgentes, dentro del cual predominaba el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Ambos frentes de liberación buscaban la secesión de sus regiones, pero sólo Eritrea logró la independencia, dejando a Etiopía sin salida al mar.
En 1994 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en Etiopía, en las que triunfó la coalición política liderada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que a la postre se convertiría en el partido hegemónico. Un año después, en 1995, fue aprobada una nueva Constitución que introdujo la innovadora idea de un “federalismo étnico”: un arreglo federal que reconocía no sólo la diversidad regional, sino la pluralidad étnica y tribal del país. Con la nueva Constitución etíope se redibujó el mapa político-administrativo, que dio lugar a nueve estados regionales, llamados kililes, que correspondían a las etnias dominantes en cada territorio. Además de dos ciudades con estatus federal especial: Addis Abeba, la capital, y Harare, un enclave histórico sui géneris. Así fue proclamada la República Democrática Federal de Etiopía.
La coalición gobernante, liderada por el Partido del Frente de Liberación del Tigray, se mantuvo en el poder por casi un cuarto de siglo, hasta que en las elecciones de 2018 se produjo el primer gobierno de alternancia: Abiy Ahmed Ali, actual primer ministro, triunfó en las elecciones de ese año. El nuevo gobierno, integrado por una coalición multiétnica, promovió una serie de reformas que provocaron resistencias, sobre todo entre los grupos políticos desplazados. Sin embargo, un año después, en 2019, el primer ministro Abiy fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por haber logrado un acuerdo de pacificación que puso fin a dos décadas de conflicto bélico con Eritrea.
Con el apoyo de la coalición multiétnica, pero bajo un discurso pronacionalista y panetíope, el gobierno de Abiy aprobó diversas reformas centralistas que provocaron el dislocamiento de los frágiles equilibrios regionales. El Frente de Liberación de Tigray, otrora partido gobernante, no sólo se opuso a las reformas, sino que decidió celebrar elecciones regionales a pesar de que habían sido pospuestas por la situación sanitaria. En respuesta, el gobierno central desconoció los resultados electorales y congeló los presupuestos regionales. Acto seguido, grupos militares tigreños atacaron una base militar, lo que provocó que el 4 de noviembre de 2020, el gobierno federal anunciara una ofensiva militar en contra del gobierno regional de Tigray. Así estalló la guerra civil que, a pesar de la tregua vigente, sigue latente.
Las reformas aprobadas, que provocaron la rebelión de las regiones, anulan de facto el “federalismo étnico” que había sido uno de los arreglos institucionales determinantes de la exitosa transición etíope a la democracia. A partir de la Constitución de 1995, los estados regionales habían adquirido autonomía, que ahora las reformas pretenden cancelar en nombre de una supuesta identidad nacional etíope que nunca ha existido. Por el contrario: una de las mayores virtudes constitucionales de la transición es el reconocimiento de un Estado multiétnico que, como resultado del arreglo federal, ha logrado mantenerse relativamente cohesionado.
Desde el comienzo de la guerra civil, cientos de miles de personas han sido desplazadas no sólo en la región de Tigray, sino en otros estados afectados, como Afar. Incluso decenas de miles de etíopes han tenido que refugiarse en Eritrea y Sudán, cuando históricamente había sido a la inversa: miles de sudaneses aún se refugian en Etiopía por la partición de Sudán en dos, y miles de eritreos siguen asilados en Etiopía por la dictadura eritrea de Isaías Afwerki. A esta situación habría que añadir el terrorismo de Estado en Somalia, que también ha provocado tensiones con la región etíope al este del país. El “éxodo cruzado de refugiados” en todas las direcciones cardinales, incluida Kenia, al sur, amenaza con desestabilizar a toda la región del Cuerno de África. Etiopía, que había sido un factor de estabilidad, ahora es el país más inestable de la región.
El dislocamiento de los frágiles equilibrios regionales también ha producido conflictos en los dos estados más poblados: Oromía y Amhara donde, según reportes de Amnistía Internacional, ocurrieron genocidios hace pocas semanas. En regiones donde ambas etnias habían coexistido en relativa armonía por décadas, incluso siglos, ahora han surgido tensiones que el “federalismo étnico” ya no es capaz de catalizar: se ha detonado una serie de rivalidades étnico-políticas que podrían derivar en la profundización del conflicto interno, haciendo estallar una guerra civil en todo el territorio etíope.
Uno de los conflictos étnicos más añejos es justamente el de la región de Oromía, que desde la década de 1970 se ha sublevado en contra de los gobiernos de Addis Abeba. El Frente de Liberación Oromo —que se transformó en partido político como todos los demás frentes de liberación— formó parte de la coalición que ganó en las elecciones pasadas de 2018. Sin embargo, la ruptura de la coalición multiétnica provocó que el Frente se escindiera, surgiendo así el Ejército de Liberación de Oromo, que hace unos meses se sublevó contra el gobierno de Abiy, el primer ministro oromo. No deja de ser paradójico que un brazo armado de su propia etnia lo haya desafiado abiertamente. Otro de los conflictos más complejos está en la región de Somalí, donde el Frente de Liberación Nacional de Ogaden está reagrupándose militarmente. La presencia de grupos islamistas, vinculados a Al-Shabab, se explica porque histórica y étnicamente esta región está más vinculada a Somalia que a la propia Etiopía.
El gobierno del primer ministro Abyi mantiene una cantidad insostenible de frentes abiertos dentro de su país. Su agenda “asimilacionista” se traduce en la anulación de facto del federalismo constitucional que ha permitido la coexistencia pacífica de las etnias, tribus, religiones, lenguas y otros clivajes culturales en Etiopía. La reciente alianza política entre el gobernante Partido de la Prosperidad y el recientemente creado Partido de Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social, que se opone al arreglo federal multinacional, es un indicio de una posible reforma constitucional regresiva que promueve el “centralismo democrático” en detrimento del “federalismo étnico”. La oposición ha acusado al primer ministro Abyi de tener aspiraciones imperiales ante el fracaso de su gobierno para restablecer la paz. El majestuoso mosaico etíope de la reina de Saba amenaza con balcanizarse. La única manera de que el “país más africano” no se fracture es preservando su federalismo étnico, único en el mundo.
Addis Abeba, Etiopía, 24 de julio
David Gómez-Álvarez
Académico de la Universidad de Guadalajara