La definición de corrupción ha sido construida como un concepto paraguas, en el cual se agrupan una serie de prácticas diversas entre sí. La definición “universal” es el uso de bienes públicos para ganancias privadas.1 Sin embargo, esta definición es simple, y limita la comprensión del fenómeno.2 En esa conceptualización se equiparán prácticas como la malversación, el fraude, el capitalismo de amigos, el favoritismo, el nepotismo o el soborno.
El soborno es la práctica más frecuente y sobre la que se han construido mediciones internacionales como el Índice de Percepción de Transparencia Internacional. No obstante, esta medición es limitada, no sólo porque está basada en la percepción, sino porque no refleja las variaciones en las prácticas de corrupción, entre los distintos niveles de gobierno y en los distintos sectores de gobierno.3 En esa línea, Andersson4 analiza las diferencias entre los niveles de corrupción a nivel nacional y municipal en Suecia. En este análisis demuestra cómo existen diferencias significativas entre los gobiernos y los sectores de política, y señala que a nivel federal y en los procesos de contratación pública es donde puede encontrarse un mayor nivel de corrupción, específicamente el conflicto de interés. Curiosamente, las conclusiones de su estudio contradicen la percepción generalizada de la población sueca, que consideraba que en los gobiernos municipales es donde existía mayor corrupción.
En ese sentido, vale la pena revisar las variaciones entre las distintas prácticas más comunes presentes en los gobiernos estatales, así como una aproximación sobre los niveles de normalización que reflejen la prevalencia de corrupción en los estados. Una aproximación a la normalización es mediante el nivel de escandalización de casos de corrupción reportados en medios de comunicación.5 El nivel de escandalización puede definirse como el rechazo o tolerancia que genera un caso de corrupción en la opinión pública. Al respecto, Heindenheimer plantea la siguiente clasificación: corrupción negra, que consiste en aquellos actos que se consideran corruptos, por lo que son rechazados ampliamente al punto de que deben ser definitivamente sancionados; la corrupción gris, son actos que algunos consideran corruptos y otros no, por lo que no se perciben como asuntos graves; finalmente, la corrupción blanca implica prácticas socialmente aceptadas, de modo que son tolerables.6 En ese sentido, los grados de escandalización reflejan el funcionamiento normal, más que patológico de los sistemas políticos.7
Al respecto, Meza y Pérez-Chiqués8 exponen las redes de corrupción y cómo a través de éstas se institucionaliza en normas y dinámicas organizacionales. De este modo, algunas prácticas corruptas están tan internalizadas que incluso pueden no considerarse corrupción al interior de las organizaciones. Un ejemplo es el estudio realizado por Arellano-Gault, Hernández, Álvarez y Zamudio,9 en el que a través de grupos de enfoque con funcionarios públicos y empresarios demostraron la normalización de las palancas. Estos mecanismos de corrupción colusiva fungen no sólo como lógicas de intercambio informal, sino que también son justificadas debido a que sirven para movilizar trámites y reducir las cargas administrativas. De tal forma, las palancas se asumen como prácticas negativas pero necesarias para transitar en una organización rígida que impide las funciones de sus miembros.
La corrupción, entonces, es un problema de acción colectiva que agrega una dificultad adicional en su observación y control.10 De tal forma, el grado de escandalización tampoco es una aproximación precisa sobre el nivel de corrupción “real” en un gobierno. Sin embargo, ofrece un primer vistazo sobre la costumbre y manifestaciones de la corrupción a nivel estatal.
Aquí examinamos notas periodísticas de medios estatales y nacionales, así como portales de comunicación social de los gobiernos de los estados, asociadas a casos de corrupción por parte de políticos y servidores públicos de dichos gobiernos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2022. A partir de esta primera revisión se puede comprobar si existen diferencias en las prácticas de corrupción que ocurren a nivel estatal, por ejemplo, la frecuencia en casos de conflicto de interés, favoritismo, nepotismo, desvío de recursos, tráfico de influencia, entre otros. Posteriormente, se ofrece un análisis sobre las prácticas de corrupción, con lo que pueden diseñarse estrategias concretas de políticas anticorrupción. Finalmente, se presentan reflexiones sobre la utilidad y relevancia de este primer esbozo.
Variaciones de la corrupción: factores de la normalización
El análisis incluye la identificación de seis categorías que ayudan a entender la dinámica de cada estado y enmarcan a las prácticas anteriormente mencionadas en la discusión de Pérez-Chiqués y Meza;11 de hecho, las primeras cuatro fueron retomadas de su trabajo: redes de corrupción, mecanismos de integración organizacional que favorecen la institucionalización de la corrupción, opacidad, y pesos y contrapesos débiles. Se proponen otras dos que aluden al contexto político y social en el que ocurren los casos y que, si bien no explican la forma en la que los componentes organizacionales de la administración pública se reordenan para llevar a cabo actos irregulares o ilícitos, sí contribuyen a su visibilidad.
Se trata de la alternancia política y la inseguridad; la primera es relevante porque se observó que los cambios de administración, independientemente del cambio de partido, suelen motivar la investigación o judicialización de casos ocurridos en gobiernos anteriores, además de la contradicción original que consiste en que difícilmente los actores que se benefician de la corrupción emprendan acciones para cambiar el sistema corrupto.12 La segunda, porque se advirtió que la corrupción está relacionada con la falta de capacidades de los gobiernos para perseguir y sancionar actividades criminales,13 así como por la sospecha, en algunos de casos, de colusión, encubrimiento de redes criminales y protección de las clientelas.14
Como ejercicio de aproximación, se calculó un índice de escandalización (IE), que provisionalmente resulta de dividir el número de categorías identificadas entre el número de categorías totales. Así pues, las entidades con mayor nivel de escandalización (1) serían Baja California, San Luis Potosí y Sinaloa, mientras que Querétaro y Quintana Roo serían los estados con menor nivel (0.16). En torno a la mediana del índice (0.5) están Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Los estados con un índice igual a 1 presentan problemas de corrupción heredados de administraciones anteriores y, cuando menos en el caso de Baja California y Sinaloa, estos son atribuidos a los exgobernadores Jaime Bonilla (Morena) y Quirino Ordaz (PRI); mientras que, en San Luis Potosí, las irregularidades se presentaron en la Secretaría de Salud del Estado y en la gestión de la deuda pública. En los estados donde el nivel de escandalización es igual o menor a 0.33, la poca visibilidad de casos de corrupción puede deberse a una insuficiente cobertura noticiosa, como lo sugieren los casos de Guerrero, Querétaro y Quintana Roo; a una percepción positiva de la gestión de los gobiernos locales, como ocurre en Ciudad de México, Nuevo León Querétaro y Quintana Roo; o a una focalización periodística en tipos de corrupción notables, como sucede en Ciudad de México, Durango y el Estado de México.
Las redes de corrupción son la categoría más visible al presentarse en 29 entidades. Su recurrencia está relacionada con la participación de servidores públicos en actividades como la malversación de recursos, la corrupción policial, el cohecho en la prestación de servicios públicos, y la participación en esquemas de contratación en los que existe conflicto de interés o en la que participaron empresas fantasma. Los mecanismos de integración organizacional fueron reportados en 18 estados; nuevamente, se vinculan con la participación de servidores públicos en esquemas de uso indebido de recursos públicos o corrupción en la prestación de servicios públicos, con la particularidad de que están relacionados con el empeoramiento de la percepción ciudadana en materia de anticorrupción o son percibidos como un problema habitual en la operación de las organizaciones gubernamentales. El problema de la opacidad suele acompañar a estas dos categorías con más frecuencia en estados donde el índice es mayor a 0.5.
El problema de los pesos y contrapesos débiles fue identificado en 14 estados en los que el congreso, los órganos superiores de fiscalización, las fiscalías anticorrupción y los cuerpos policiales han sido inefectivos en investigar, perseguir, sancionar o prevenir la corrupción.15 En casos como Baja California, Durango, Jalisco, Puebla o Sinaloa, las instituciones encargadas de combatir la corrupción son inestables, ineficientes o carentes de capacidades para hacerlo; o bien, sus funcionarios incurren en prácticas de corrupción. Uno de los rasgos más visibles de esta categoría es la dificultad de algunos estados, como Baja California, México, Durango y Zacatecas para tramitar o judicializar las carpetas de investigación abiertas por casos de corrupción; otro, es la existencia de una política específica pero incipiente o ineficiente en materia de anticorrupción, como es el caso de Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
La alternancia política fue un factor importante para 17 estados. La primera forma de leer el significado de esta categoría es como una mayor demanda en el esclarecimiento de actos de corrupción después de un cambio de partido en el poder, como fue el caso de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas en 2021; mención aparte es el Estado de México, cuya LXI Legislatura (2021-2024) tiene mayoría morenista, aunque el gobernador es priista. La segunda forma es como una herramienta de revancha política en estados que no cambiaron de partido, pero en los que aun así la sospecha de corrupción es considerable, tal es el caso de Baja California y Chihuahua.16 Por último, se admite una tercera lectura en la que el interés por el combate a la corrupción reproduce discursivamente las intenciones del gobierno federal y se ancla a la promesa de fortalecer las instituciones estatales para alcanzar buenos resultados;17 así ocurre en general en los gobiernos morenistas antes y después de las elecciones de 2021, pero también en Querétaro, bajo el panista Mauricio Kuri.
La inseguridad fue observada en 14 estados con un índice mayor a 0.5. Aunque en todas esas entidades el problema es persistente y tiene una larga historia, las preocupaciones transmitidas por los medios de comunicación son diversas. En Morelos, Jalisco y Sinaloa se señala a los gobernadores como colaboradores o encubridores de líderes y grupos del crimen organizado, en Nayarit se señaló incluso que el gobierno estaba bajo el control del Cartel de los Beltrán Leyva. En estados como Baja California, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, la corrupción es señalada como una causa importante de la incapacidad estatal para combatir al crimen organizado y reducir la incidencia delictiva. Chiapas y Coahuila son entidades en las que la violación a los derechos humanos de migrantes y periodistas se vinculan fuertemente al clima de corrupción en las instituciones. Finalmente, en Hidalgo, México, Coahuila y Veracruz preocupa la corrupción en las corporaciones policiales y su participación en conductas ilícitas contra la ciudadanía, especialmente los sobornos.
Reflexiones finales
Esta primera revisión muestra una imagen heterogénea del espectro visible de la corrupción estatal en México a partir del nivel de escandalización que genera en los medios de comunicación locales. Al referir esta cobertura en el marco de las seis categorías propuestas y perfilar un índice para clasificar a los estados según la frecuencia de los actos que ocurren en ellos, planteamos algunos hallazgos que invitan a la investigación futura. El primero es que no todos los tipos de corrupción son igualmente importantes para la prensa de todos los estados, pues sólo en tres son visibles todas las categorías aquí propuestas y sólo en 12 son visibles más de tres. El segundo es que las redes de corrupción fueron la manifestación más frecuente del problema, pero incluso en los 29 estados donde se presenta, no se documenta en el mismo nivel la existencia de mecanismos de integración organizacional, aun cuando ambos tipos de actos suelen estar relacionados, lo cual es congruente con la hipótesis de que la corrupción puede estar tan internalizada en la sociedad que deja de ser percibida como tal, lo que supone la institucionalización de esas prácticas de corrupción.
El tercer hallazgo es que el papel de las instituciones diseñadas para ser pesos y contrapesos es documentando en menos de la mitad de los estados, y aun cuando se parte del supuesto de que estas son débiles y del hecho que algunas entidades emprenden políticas para fortalecerlas, su participación en el combate a la corrupción es poco visible para los medios de comunicación. El cuarto es que hay estados en los que la corrupción es noticia únicamente cuando se vuelve parte del discurso político de nuevos gobiernos. En ese sentido, estas menciones aparecen más bien como una muestra de revanchismo político. Sin embargo, resulta alarmante que en dos estados sólo se hable del problema porque es parte de la agenda política de sus gobernadores. El quinto, a riesgo de sonar a perogrullada, es que se pueden verificar relaciones consabidas entre corrupción y otras dificultades sociales, como el debilitamiento de las instituciones, la inseguridad, o la normalización de la imagen del gobierno como botín político y económico de los gobernantes y sus amigos.
Por último, aunque por diseño el poder explicativo de este ejercicio no va más allá de dibujar una imagen parcial de una realidad cotidiana que tal vez sea subestimada por las ventas, las visitas a los sitios web o la línea editorial de los medios consultados, sí es una excusa para plantearnos preguntas valiosas. Por ejemplo, ¿por qué la corrupción de los estados es tan poco visible en la prensa local?, ¿significa esto que también está ausente de la discusión pública? ¿La corrupción no se reporta por opacidad o porque se intimida a la prensa?, ¿cómo perjudica este déficit informativo a las capacidades sociales y gubernamentales para combatir la corrupción? ¿Por qué los sistemas estatales anticorrupción no funcionan o no tienen mayor visibilidad? ¿Cómo es que se define e interpreta la corrupción? Esto nos remonta a la reflexión inicial de este texto sobre la definición de la corrupción a partir de una conceptualización limitada y general. Para entender los grados de escandalización y normalización, debe reflexionarse previamente sobre la complejidad y diferencias en las prácticas de corrupción. Sabemos por el momento que, aunque no aparezca en primera plana, mañana, cuando despertemos, la corrupción seguirá ahí.
Gabriel Rojas
Profesor asociado de la División de Administración Pública del CIDE
Luis Roberto Vargas
Estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE
Anexo: Nivel de escandalización sobre corrupción
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Estado |
Categorías |
Índice de escandalización |
Ejemplos |
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Baja California |
Todas |
1 |
Una investigación periodística reveló que el estado es la segunda entidad con más carpetas de investigación abiertas por delitos de corrupción, detrás del Estado de México. |
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San Luis Potosí |
Todas |
1 |
El estado fue identificado por el Inegi como uno de los que más actos de corrupción presenta en cuanto a la realización de trámites, pues la solicitud de sobornos para agilizarlos se ha incrementado desde 2016, al pasar de una percepción del 72.2 % de la población, a una de 83.1 %. |
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Sinaloa |
Todas |
1 |
El gobernador es señalado, además, por usar su posición para beneficiar indirectamente a su negocio hotelero y gastar grandes cantidades de dinero en la promoción de su imagen personal. |
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México |
RC, MIO, PCD, AP, I |
0.83 |
La percepción de la corrupción en el estado es latente y comprende a las actividades de todas las organizaciones públicas: gobiernos estatal y municipal, partidos políticos, sindicatos y actores políticos y sociales. |
|
Michoacán |
RC, O, PCD, AP, I |
0.83 |
El exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por actos de corrupción cometidos en su administración, entre los que están irregularidades en adjudicación de contratos, espionaje, fraude, participación en redes de desvío de recursos, afectaciones a la hacienda pública y gastos personales onerosos con cargo al presupuesto estatal. |
|
Puebla |
RC, MIO, O, PCD, AP |
0.83 |
La Universidad Autónoma de Puebla ha sido cuestionada debido al manejo irregular de recursos y participación en negocios ilícitos con el conocimiento de varios gobernadores, uno de los cuales fue rector de la misma |
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Sonora |
RC, MIO, O, AP, I |
0.83 |
La priista Claudia Pavlovich inició su gobierno proponiendo un gobierno de “Honestidad Total” y compromiso con el combate a la corrupción; sin embargo, al cierre de su gestión, es percibida como una gobernadora corrupta, involucrada en la “Operación Safiro” (sic), un esquema de desvío de recursos públicos a campañas del PRI mediante empresas fantasma en el que también estuvo involucrado el exgobernador de Chihuahua César Duarte. |
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Tlaxcala |
RC, MIO, O, I |
0.83 |
Tlaxcala es un estado inseguro y con una notable prevalencia de actos de corrupción, especialmente en trámites y servicios públicos; situación que, de acuerdo con el Inegi, empeoró entre 2013 y 2020. |
|
Zacatecas |
RC, MIO, O, PCD, AP |
0.83 |
Zacatecas también atravesó por un proceso electoral en 2021 en el que el morenista David Monreal sucedió como gobernador al priista Carlos Tello, cuya administración destaca por operaciones y contratos irregulares en la operación del programa de asistencia alimentaria del DIF estatal, esquema denominado “La gran estafa” y en el que figuran como beneficiarios funcionarios y políticos del estado. |
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Baja California Sur |
RC, MIO, O, AP |
0.66 |
Víctor Castro, gobernador morenista, se refirió en 2021 a los resultados de las auditorías llevadas a cabo por la Contraloría estatal, donde dijo que los funcionarios de la administración anterior fueron muy hábiles “para no dejar huella” de sus actos de corrupción; sin embargo, su gobierno llevaría a cabo acciones contra la corrupción, no simulaciones. |
|
Hidalgo |
RC, MIO, PCD, I |
0.66 |
La Coparmex señaló en 2021 que, a pesar de la inseguridad en el estado, es una de las diez mejores entidades para invertir. Una encuesta levantada por Arias Consultores arrojó que 70 % de los hidalguenses consideran “mala” la estrategia contra la corrupción del gobernador priista Omar Fayad; 67.5 % consideró que la seguridad en la entidad va de mal en peor. |
|
Jalisco |
RC, PCD, AP, I |
0.66 |
El gobernador, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, ha sido señalado por los gastos dispendiosos de su oficina, su injerencia en el proceso de reforma del sistema anticorrupción del estado, el cual también ha sido calificado como débil e ineficaz, y por ser posiblemente ser parte de círculos de corrupción en los que participarían miembros del crimen organizado. |
|
Nayarit |
RC, PCD, AP, I |
0.66 |
En 2021 salió a la luz nueva información del gobierno del priista Roberto Sandoval (2011-2017), quien actualmente se encuentra detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue calificado como corrupto y fuertemente vinculado al cártel de los Beltrán Leyva, hasta que la plaza fue vendida al cártel Jalisco Nueva Generación; esta información atañe a los mecanismos y modalidades de asociación delictuosa del gobernador y su secretario de Gobierno. |
|
Tamaulipas |
RC, MIO, O |
0.66 |
El gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado al caso de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht, mediante la contratación irregular de empresas de energía eólica para operar en el estado. |
|
Yucatán |
RC, MIO, O, PCD |
0.66 |
Yucatán es considerado por el IMCO y el World Justice Project como el estado más transparente y con menos funcionarios corruptos del país. Sin embargo, el gobernador priista, Mauricio Vila, ha sido señalado por sus vínculos con políticos y empresarios corruptos a los cuales ha beneficiado con asignación de contratos y operaciones financieras mediante empresas fantasma. |
|
Aguascalientes |
RC, O, PCD |
0.5 |
Martín Orozco, gobernador por el PAN, pidió que se investiguen las finanzas de la LXIV Legislatura del Estado, de mayoría panista, por irregularidades en el uso de recursos públicos; y al ayuntamiento de Aguascalientes, por la compra de luminarias a sobreprecio en la administración de la también panista Teresa Jiménez. |
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Campeche |
RC, MIO, AP |
0.5 |
Aunque Campeche es considerado el tercer estado menos corrupto del país, la prensa estatal parece ser altamente vigilante de los actos de corrupción. Antes de la gubernatura de la morenista Layla Sansores, la prensa daba cuenta de posibles actos de corrupción cometidos por los dos gobernadores priistas anteriores, Carlos Aysa y Alejandro Moreno, por el uso ilícito de empresas factureras y la asignación irregular de contratos. |
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Chiapas |
RC, O, I |
0.5 |
La visibilidad de actos de corrupción en la prensa es limitada. Una nota de enero de 2022 refiere que el Instituto Nacional de Migración, organismo federal, cesó a varios funcionarios por la pérdida de confianza tras investigar múltiples denuncias de corrupción relacionadas con infracciones a los derechos humanos y al tráfico de indocumentados en el sur de Chiapas. |
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Chihuahua |
RC, MIO, AP |
0.5 |
El tema de corrupción en el estado lleva vigente tres administraciones, primero por los actos cometidos por el priista César Duarte, los intentos de combate a la corrupción emprendidos por el panista Javier Corral, y actualmente por los señalamientos de la también panista Maru Campos en contra de su antecesor por actos de corrupción. |
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Coahuila |
RC, MIO, I |
0.5 |
La entidad cuenta con un historial de corrupción que incluye obras públicas inconclusas, vulneración a los derechos humanos de periodistas que investigan actos de corrupción y exgobernadores detenidos, como es el caso del priista Jorge Torres. |
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Colima |
RC, MIO, AP |
0.5 |
La actual gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, ha impulsado la investigación y sanción de actos de corrupción cometidos por su predecesor, el priista Ignacio Peralta, sobre quien, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, pesan observaciones de fiscalización por 5000 millones de pesos. |
|
Guanajuato |
RC, MIO, PCD |
0.5 |
De acuerdo con un estudio levantado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, Guanajuato tiene una Fiscalía Anticorrupción débil. Entre 2019 y 2020, se iniciaron 47 investigaciones y 37 de ellas siguen en trámite, pero no se ha determinado condena alguna por corrupción. |
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Morelos |
RC, PCD, I |
0.5 |
El gobierno del pesista Cuauhtémoc Blanco es señalado como corrupto y el propio gobernador ha vinculado a miembros del crimen organizado. |
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Oaxaca |
RC, MIO, PCD |
0.5 |
El tratamiento de la corrupción en la prensa oaxaqueña es amplio y temáticamente heterogéneo. Se reporta, por ejemplo, corrupción en la asignación de plazas sindicalizadas en los sectores médico y educativo; el asesinato de periodistas que investigan sobre corrupción; irregularidades en la asignación de recursos públicos a municipios; o corrupción dentro del registro civil.. |
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Tabasco |
RC, MIO, O |
0.5 |
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, Tabasco es percibido por su población como el estado más corrupto del país. Se reporta que los municipios no acatan los códigos de ética anticorrupción, se ha detectado manejo discrecional y conflicto de intereses en el uso de recursos públicos para contrataciones presumiblemente ilícitas en el sector salud. |
|
Veracruz |
RC, MIO, I |
0.5 |
El gobierno del morenista Cuitláhuac García ha sido enfático en la implementación de una política anticorrupción para el estado, con motivo de la cual se ha investigado y encarcelado a varios legisladores de oposición por delitos de homicidio, corrupción, violencia, secuestro o ultrajes a la autoridad. En consecuencia, la oposición ha denunciado al gobernador como autoritario y por usar a las instituciones de justicia de Veracruz como instrumentos políticos para el abuso de poder. |
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Ciudad de México |
RC, AP |
0.33 |
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mantiene un discurso en contra de la corrupción muy cercano al del presidente López Obrador, probablemente con el objetivo de fortalecer su imagen como posible sucesora. Se le ha criticado por no investigar redes de corrupción ligadas al colapso de una parte de la Línea 12 del Metro, construida bajo la administración del hoy canciller Marcelo Ebrard. |
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Durango |
RC, MIO |
0.33 |
En agosto de 2021, el Congreso del Estado destituyó al presidente de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa por uso indebido de funciones. En noviembre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango abrió carpetas de investigación en contra de 483 servidores públicos por actos de corrupción, pero hasta entonces, ya había 74 carpetas judicializadas y 15 funcionarios sancionados. |
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Guerrero |
MIO, AP |
0.33 |
Tras asumir el cargo de gobernadora, la morenista Evelyn Salgado ha sostenido que en su gobierno no se permitirán actos de corrupción. En noviembre, el sitio web del gobierno de Guerrero fue hackeado para denunciar a los funcionarios de la administración de Salgado, y a la propia gobernadora, como corruptos. |
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Nuevo León |
RC, AP |
0.33 |
La administración del emecista Samuel García recibió muestras de aprobación en sus primeros 100 días debido, entre otros temas, a su política de combate a la corrupción, cuya carta más fuerte parece ser la investigación y sanción de actos de corrupción cometidos por su predecesor, el independiente Jaime Rodríguez, y su gabinete, aunque esto también puede catalogarse como una persecución con fines políticos. |
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Querétaro |
AP |
0.16 |
Querétaro se ostenta como el estado menos corrupto del país e incluso la política anticorrupción de su gobernador, el panista Mauricio Kuri, ha sido reconocida por el propio Andrés Manuel López Obrador. La base de esta política es cero tolerancia a los actos de corrupción dentro del gobierno y a la impunidad. El estado es el único que promueve una declaración 5 de 5 para todos sus servidores públicos, que consiste en una declaración patrimonial, una de conflictos de interés, una de ingresos, una de antecedentes penales y un examen toxicológico. |
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Quintana Roo |
AP |
0.16 |
El estado fue reconocido en 2021 por la Secretaría de Hacienda como el más transparente en el uso de sus recursos públicos. El gobierno del perredista Carlos Joaquín se ha destacado por impulsar una política que contiene una estrategia explícita de promoción de la transparencia y combate a la corrupción. |
Fuente: elaboración propia.
Abreviaturas. RC: Redes de corrupción; MIO: Mecanismos de integración organizacional; O: Opacidad; PCD: Pesos y contrapesos débiles; AP: Alternancia política; I: Inseguridad.
1 Ver: Polzer, T., “Corruption: Deconstructing the World Bank Discourse” Working Paper No. 01-18, Development Studies Institute, LSE, 2001; Wolfensohn, J., Discurso del Sr. JAMES D. WOLFENSOHN, ante la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial, en las deliberaciones anuales conjuntas”. Comunicado de prensa No. 4(S) del Banco Mundial, 1997.
2 Arellano-Gault, D., Corruption in Latin America, Routledge, Nueva York, 2020.
3 Ver: Arellano-Gault, D., ¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance. México, CIDE, 2019; Andersson, S., “Beyond Unidimensional Measurement of Corruption”, Public Integrity, 19(1), 2016, pp. 58–76; Andersson, S. y Anechiarico, F., Corruption and corruption control, Routledge, Nueva York, Cap. 3, 2019.
4 Andersson, ob. cit.
5 Heidenheimer, A. J., “The topography of corruption: explorations in a comparative perspective” International Social Science Journal, 48(149), 1996, pp. 337–347.
6 Ver: Heindenheimer, A.J., “Perspectives on the Perception of Corruption”, en Political Corruption: A. Handbook, Heidenheimer, A.J., Johnston, M. y Levine, V.T. (Eds), Transaction, New Brunswick, Canada, 1989; Orrego, C., Corrupción y modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2000.
7 Blankenburg, E., Staudhammer, R.y Steinert, H., “Political Scandals and Corruption Issues in West Germany”, en Political Corruption: A Handbook, Heidenheimer, A.J., Johnston, M. y le Vine, V. (eds.), Transaction, New Brunswick, 1989, pp. 913–32.
8 Meza, O., y Pérez-Chiqués, E., “Corruption consolidation in local governments: A grounded analytical framework”, Public Administration, 99(3), 2021, pp. 530-546.
9 Arellano-Gault, D., Hernández, J., Álvarez, D. y Zamudio, E., “Estudio semiológico de la palanca en México: Un primer acercamiento empírico”, en La resbaladilla de la corrupción. Estudios sobre los procesos sociales y organizacionales de la corrupción colusiva en el sector público, Arellano-Gault, D. y Castillo, M. (eds.), México, CIDE, 2019.
10 Persson, A., Rothstein, B., y Teorell, J., “Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem”, Governance, 26(3), 2013, pp. 449–447.
11 Pérez-Chiqués, E., y Meza, O., “Trust‐based corruption networks: A comparative analysis of two municipal governments”, Governance, 34(4), 2021b, pp. 1039-1056.
12 Arellano-Gault, D. y Rojas, G., “Dealing with the ‘original contradiction’ in fighting corruption in countries with systemic corruption: A critique of the cases of Brazil and Mexico and their multiorganizational strategies”, en The Politics of Anti-Corruption Agencies in Latin America, Pozsgai-Alvarez, J. (ed.), Routledge, Nueva York, 2021.
13 Arellano-Gault, D., ob. cit.
14 Ver: Della Porta, D., “A judges’ revolution? Political corruption and the judiciary in Italy”, European Journal of Political Research, 39(1), 2001, pp. 1-21; Ortner, J., y Chassang, S., “Making corruption harder: Asymmetric information, collusion, and crime”, Journal of Political Economy, 126(5), 2018, pp. 2108-2133.
15 Ver: Boeta Madera, V., “Señales de corrupción en Yucatán: desviarían 10 % de recursos públicos cada año”, Diario de Yucatán, 22 de febrero, 2021; Castro, J., “El gobierno de Tello encubrió corrupción: SFP”, El Sol de Zacatecas, 12 de octubre, 2021; Cervantes, J., “El Sistema Anticorrupción de BC incomoda al gobernador” Proceso, 21 de julio, 2021; Congreso de Durango, “Destituirá Congreso a Magistrado por actos de corrupción”, 13 de agosto, 2021; Congreso de San Luis Potosí, “Se elige a persona titular de Fiscalía Anticorrupción”, 6 de mayo, 2021; El Informador, “Fiscalía Anticorrupción logra sólo tres sentencias”, 11 de diciembre, 2021; Forbes Staff, “Gallardo acusa de desvíos en Salud, inseguridad y deuda de 20,000 mdp en SLP”, Forbes México, 26 de septiembre, 2021; Gandara, S. R., “La FGR pide a la Función Pública informes sobre el Gobierno Aureoles en Michoacán”, Sin embargo, 16 de enero, 2022; Guillén Reyes, A. Anatomía de la corrupción en Puebla, Puebla contra la corrupción y la impunidad; Gudiño, A., “Fiscalía Anticorrupción investiga a más de 400 servidores públicos de Durango”, Excélsior, 9 de noviembre, 2021; Heras, A., “Renuncia fiscal general de BC; su gestión concluía en 2024”, La Jornada, 8 de diciembre, 2021; Iniciativa Sinaloa, “Propuesta ciudadana de agenda mínima en el combate a la corrupción en Sinaloa”, 7 de octubre, 2021; López, M., “Edomex, líder indiscutible por casos de corrupción”, Basta!, 10 de diciembre, 2021; Martínez Macías, D. G., “Estudio señala poca eficiencia de la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato”, Círculo AM, 6 de enero, 2022; Muñetón, K., “Se une Tlaxcala para erradicar corrupción”, El Sol de Tlaxcala, 10 de diciembre, 2021; Ortiz, A., “Corrupción en México: hay 58 mil investigaciones y solo 183 casos sancionados”, La Lista, 5 de enero, 2022; Quiroz Carrillo, L., “Balazo al corazón del Sistema Anticorrupción de Oaxaca”, Coparmex, 3 de agosto, 2021; Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, Política Estatal Anticorrupción de Veracruz, aprobada por el Comité Coordinador del SEA Veracruz, 10 de junio, 2021.
16 Ver: De León, N., “Próximo Gabinete Estatal firma acuerdo contra corrupción”, El imparcial, 29 de octubre, 2021; Gallego, E., “Empiezan a auditar Cecyte y prisiones; investigan corrupción” La Voz de la Frontera, 11 de noviembre, 2021; Infobae, “‘La corrupción va atada a la mentira’: Javier Corral respondió a Maru Campos tras acusaciones”, 20 de septiembre, 2021; Navarro Bello, A., “Acabar con la impunidad y castigar la corrupción”, Zeta de Tijuana, 5 de noviembre, 2021; Rivas, V., “Deja Corral déficit de 8 mil millones de pesos”, El Heraldo de Chihuahua, 7 de agosto, 2021; Rivas, V., “Deuda y corrupción es herencia de Corral: Maru Campos”, El Heraldo de Chihuahua, 11 de octubre, 2021; Villa, E., “Exhibe Gobernadora corrupción en renta de inmueble para Centro de Conciliación”, Zeta de Tijuana, 2 de diciembre, 2021; Wong, A. L., “La Fiscalía deberá investigar a Pérez Rico, dice Gobernadora de BC”, Cadena Noticias, 11 de noviembre, 2021.
17 Ver: El Financiero, “Durazo: ‘Sonora pasó de un gobierno del despilfarro a uno que combate a la corrupción’”, 12 de noviembre, 2021; Flores Contreras, E., “AMLO niega nexos gobierno-delincuencia en Veracruz” Proceso, 7 de enero. 2022; Gobierno de Zacatecas, “En Zacatecas el combate a la corrupción será permanente, frontal y sin tregua: Gobernador David Monreal Ávila”, 6 de diciembre, 2021; Hernández, J. R., “Hay que ser radicales contra la corrupción y los privilegios: Sheinbaum”, Basta!, 10 de enero, 2022; Villa y Caña, P., “AMLO apoya a Mauricio Kuri en su lucha contra la corrupción en Querétaro”, El Universal Querétaro.