La atención a la salud mental: una mirada a las entidades federativas

En el último lustro la salud mental ha adquirido mayor relevancia y se le ha reconocido como un pilar fundamental para gozar de bienestar. Los casos de Simone Biles, quien abandonó la competencia en los pasados juegos olímpicos de Tokio 2020 aludiendo problemas de salud mental; el jugador de futbol americano Aaron Hernández, quien se suicidó en prisión después de cometer un homicidio y cuya autopsia reveló que sufría de una enfermedad llamada Encefalopatía Traumática Crónica (ETC); o recientemente, el de Totto Wolff, jefe y copropietario del equipo Mercedes en la Fórmula 1, quien compartió los problemas de insomnio que padece y cómo esto le obligó a tomar terapias con un psiquiatra, invitan a reflexionar sobre la importancia de una correcta atención a la salud mental.

Ilustración: Kathia Recio
Ilustración: Kathia Recio

Esta última es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de bienestar en el que las personas realizan sus capacidades, hacen frente al estrés normal de la vida, trabajan de forma productiva y contribuyen a su comunidad. Es por ello que se considera como el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. En pocas palabras, se trata de un determinante crucial para nuestro sentir, pensar y actuar en los distintos escenarios de la vida. Una incorrecta salud mental, entre otras cosas, puede provocar depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, alcoholismo o uso de drogas; la más grave de sus consecuencias es la perdida intencionada de la vida, es decir, el suicidio.

Durante 2020 se registró en México la cifra más alta de suicidios desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica estos datos. En dicho año, 7896 personas se quitaron la vida de manera deliberada, cuando de 1994 a 2019 se registraron 4720 suicidios en promedio por año. En las últimas dos décadas este fenómeno aumentó en 203 %, lo que llevó a que seis de cada 100 000 mexicanos mueran por esta terrible causa que, en promedio, ocurre en 21 ocasiones por día. El grupo de edad con mayor incidencia es el de los jóvenes de entre 18 y 29 años, seguido por el grupo de 30 a 59 años, y se presenta con mayor frecuencia entre los hombres.

Gráfica 1. Suicidios registrados en México en el periodo 1994-2020

Gráfica 1. Suicidios registrados en México en el periodo 1994-2020

Elaboración propia con datos de INEGI

Al desagregar los datos de 2020 por entidad federativa, se observa que las tasas más altas de suicidios por cada 100 000 habitantes se presentan en Chihuahua (14), Aguascalientes (11.1), Yucatán (10.2) y Sonora (8.8), mientras que los estados que menores tasas registraron fueron Guerrero (2), Veracruz (3.3), Hidalgo (3.7) y Chiapas (3.8). Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el 45 % de la población de 10 años o más ha pensado en suicidarse alguna vez, esto muestra la necesidad de diagnosticar, prevenir y tratar un problema de salud mental a fin de evitar este tipo de desenlace cada vez más común en nuestro país.

Gráfica 2. Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

Gráfica 2. Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

Elaboración propia con datos de INEGI

Al respecto, la Ley General de Salud estipula en su capítulo VII que, para atender la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes, fomentarán la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención. Dichos servicios deben incluir consulta externa, evaluación diagnóstica integral, tratamientos y rehabilitación psiquiátrica de toda persona que así lo requiera. Pese a esto, los datos de la propia Secretaría de Salud indican que desde 2016 las consultas de salud mental en unidades especializadas han sufrido una caída en más de 51 %; mientras en 2016 se otorgaron un total de 1 882 238 consultas en esta materia, en 2020 sólo se brindaron 925 380. Una tasa de apenas 724 consultas por cada 100 000 habitantes.

Gráfica 3. Consultas de salud mental en México durante el periodo 2016-2020

Gráfica 3. Consultas de salud mental en México durante el periodo 2016-2020

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud

Al desagregar los datos por entidad federativa para determinar la tasa de consultas por cada 100 000 habitantes, se observa que las mayores tasas son las de Colima (6828), Guanajuato (2001), Chiapas (1418) e Hidalgo (1336), mientras que Ciudad de México (61), Chihuahua (153), Nuevo León (196) y Puebla (204) son las que menos brindaron consultas de este tipo. Es importante señalar que las entidades que presentaron mayores tasas de suicidios en 2020 son, a su vez, las que figuran entre las menores tasas de consultas de salud mental; en contraste, las que menores tasas de suicidios presentan son las que más consultas otorgan. Si bien esta correlación no implica causalidad, brinda una hipótesis para explorar la importancia de la atención mental en la prevención de suicidios.

Gráfica 4. Tasa de consultas de salud mental por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

Gráfica 4. Tasa de consultas de salud mental por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud

Una explicación para entender estas diferencias en la cantidad de consultas de salud mental otorgadas en los distintos estados de la República es que algunas entidades, como Colima, Guanajuato y Chiapas, han incorporado la salud mental dentro de la atención primaria. Esto facilita la capacidad resolutiva ya que psicólogos o psiquiatras se encuentran presentes en las unidades familiares o clínicas, que son el primer contacto con el paciente. En cambio, en entidades como la Ciudad de México, Chihuahua o Baja California, donde la población y dispersión territorial es mayor, los servicios de salud mental son otorgados en unidades del segundo nivel (como hospitales generales o clínicas especializadas) lo cual, además de dificultar el acceso a los servicios, produce que la salud mental sea tratada bajo un modelo curativo y no preventivo.

El artículo 73 de la Ley General de Salud estipula que las entidades federativas deben fomentar y apoyar la promoción de la salud mental a través de actividades educativas, de comunicación, de oferta de servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos; también establece que deben implementar programas de detección a grupos en riesgo de sufrir trastornos mentales. Sin embargo, no existe una política integral diseñada nacionalmente que permita generar capacidades conforme a los contextos que exige cada entidad federativa, lo cual, aunado a la fragmentación del sistema de salud en varios subsistemas, hace imposible que la atención a la salud se brinde de manera equitativa.

A pesar de la evidente y creciente necesidad de servicios de salud mental, que se ha agudizado aún más durante la pandemia, los recursos disponibles para atender esta problemática no son suficientes. Dado que la salud mental está determinada por factores individuales como gestión de los pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás; y también por factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales como el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad, su atención requiere múltiples acciones, igualmente, multifactoriales. Al respecto, el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS recomienda a los Estados miembros implementar acciones en torno a cuatro objetivos para extender los servicios de salud mental: reforzar el liderazgo gubernamental e involucrar a las partes interesadas en la formulación de políticas y planes; proporcionar servicios completos, integrados y con capacidad de respuesta en el ámbito comunitario; poner en práctica estrategias de promoción y prevención en este campo; y fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre la salud mental. Pese a esto —como reconoce el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones (CNSM)—, en México la disponibilidad de los recursos para salud mental es insuficiente, y los pocos que existen se encuentran mal distribuidos entre los diversos estados del país. La Secretaría de Salud federal y las estatales cuentan con una baja disposición de recursos y bajo acceso a los servicios. En los indicadores disponibles en esta materia, México aparece por debajo de la media del continente americano; por ejemplo, en nuestro país hay 3.8 psiquiatras por cada 100 000 habitantes cuando el promedio en el continente es de 12, hay 24.5 psicólogos por cada 100 000 habitantes mientras que la media en América es de 47.

Por tanto, urge que la salud mental sea considerada como una prioridad en la agenda de la política de salud pública. Es necesario integrarla a la atención primaria de salud, homologar los servicios brindados dentro de los distintos subsistemas de salud, involucrar al sector educativo en la detección temprana de posibles problemas de salud mental, incrementar gradualmente el gasto e inversión hacia la atención de esta problemática y, sobre todo, transitar de un modelo basado en el hospital psiquiátrico a uno basado en la atención integral con alta capacidad resolutiva. Todo ello debe implementarse a través de programas orientados a la recuperación, construidos mediante investigación científica sólida.

La salud mental es crucial para el bienestar y desarrollo de las personas, atenderla correctamente es un derecho que tenemos las mexicanas y los mexicanos como parte de la protección de nuestra salud. Se requiere de una intervención coordinada entre los ámbitos federal y estatal para prevenir los terribles desenlaces que causa esta problemática poco abordada pero que, año con año y de manera silenciosa, cobra cada vez más vidas. 

 

Luis Javier Cortés Adame
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Admistración y Políticas Públicas por el CIDE

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Publicado en: Políticas públicas