Desde que se planteó la idea de someter el tema del pacto fiscal a consulta popular se sabía de antemano el resultado: una abrumadora mayoría votaría por el sí, es decir, a favor de que se revisara.1 Lo que no podía saberse con antelación es que la consulta sería un fracaso en términos de participación ciudadana: apenas votó el 7 % del padrón electoral de Jalisco, muy por debajo del 33 % que se requería para que el resultado fuera vinculante. Como todas las consultas populares hasta ahora realizadas en el país, la consulta popular de Jalisco también fue un fiasco.
Ilustración: Víctor Solís
Aunque oficialmente se anunció que cerca de 450 000 jaliscienses participaron en la consulta, en estricto sentido sólo votaron 388 000 ciudadanos —60 000 fueron menores de edad, por lo que no contaron como votos válidos— de los más de 2 millones que se requerían para que la consulta fuera válida, de acuerdo a la ley electoral local. Si bien es cierto que el gobierno del estado de Jalisco descartó de inicio alcanzar el umbral de validez, también lo fue que se propuso la meta de un millón de votos, que al final tampoco logró. La primera consulta popular en la historia de Jalisco fue un fracaso por diversas razones que vale la pena recapitular para evitar que otros estados repitan los mismos errores en aras de una supuesta democracia participativa.
A pesar de la baja concurrencia ciudadana, la narrativa oficial calificó el ejercicio electoral como un éxito porque superó la participación de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México, que en su momento obtuvo 250 000 votos en Jalisco. Compararse con otra consulta igualmente inútil no es sinónimo de éxito. Por el contrario: confirmó que el abuso de las figuras de democracia directa desde los gobiernos no logra un genuino involucramiento cívico, sino que sólo evidencia la movilización política. El gobierno federal y el gobierno estatal no lograron convencer ni a los suyos de salir a votar, pues ambas consultas nunca respondieron a demandas sociales auténticas, sino que obedecieron a intereses políticos de partido.
Así, Jalisco inauguró la figura de la consulta popular con un asunto inentendible que, lejos de entusiasmar a los ciudadanos para que acudieran a votar, los alejó de las urnas. A pesar del intenso cabildeo del gobierno del estado para convencer a diversos actores y sectores para movilizar el voto, la campaña de la consulta nunca prendió ni entusiasmó: los jaliscienses no hicieron suyo el reclamo federalista. Parte del fracaso de la consulta tuvo que ver con que la revisión del pacto fiscal se percibió como un asunto más asociado a Movimiento Ciudadano que a una causa genuinamente ciudadana.
La consulta popular no fue un ejercicio electoral libre: la movilización del voto —como eufemísticamente se le conoce a la inducción y coacción electoral— fue evidente, por no decir burda. Las presiones sigilosas a los servidores públicos terminaron por ser contraproducentes: evidenciaron que la consulta fue más inducida que apropiada por la burocracia. Hacia fuera, la inducción clientelista no logró movilizar suficientes gremios ni sindicatos como se esperaba. Queda la duda de cuántos jaliscienses realmente habrían votado sin presiones si la consulta se hubiera celebrado en absoluta libertad.
La consulta tampoco fue un ejercicio democrático plural: se trató de un asunto de un solo partido político. Que Movimiento Ciudadano no haya logrado persuadir a suficientes actores políticos y sociales de sumarse al reclamo federalista terminó por partidizar un ejercicio que se suponía que era ciudadano. El legítimo reclamo de someter a revisión el pacto fiscal no logró convertirse en una preocupación social ni en una prioridad de los partidos políticos del estado, sino únicamente del partido gobernante. Ello le restó mucha legitimidad al reclamo federalista que el estado puede hacer frente al centralismo.
No obstante, el hecho mismo de haber realizado la consulta le podría redituar al gobernador al momento de acordar con el presidente, pues le hablará en su mismo idioma: el lenguaje de la consulta popular. Hay que recordar que, cuando el gobernador de Jalisco amagó con salirse del pacto fiscal —algo que después se descartó aunque sí quedó en la pregunta de la consulta—, el presidente lo retó a que primero le consultara a los jaliscienses si lo apoyaban. El gobernador no sólo le tomó la palabra, sino que ya puede presumir que habla el mismo dialecto populista que el presidente.
Aunque la consulta no haya resultado vinculante, el gobernador ha anunciado que acatará el mandato de las urnas, para lo cual anunció una serie de acciones. Es inminente la aprobación de una iniciativa de reforma que establecerá la obligación del Ejecutivo estatal para revisar la conveniencia de permanecer o salir del pacto fiscal, reglamentará la facultad del Legislativo para autorizar al Ejecutivo la salida del estado del pacto fiscal en caso de que así se determine, y creará un sistema tributario local que eventualmente asuma las competencias para el cobro de impuestos estatales concedidos a la Federación. La idea de instrumentar una suerte de “SAT jalisciense” es acaso lo más rescatable de esta iniciativa de ley; si se toma en serio, le permitirá al estado construir capacidades institucionales fiscales.
Aunque la Constitución ya establecía la facultad del estado para revisar el pacto fiscal por medio de la firma de ratificación del convenio de adhesión al sistema de coordinación fiscal, se trata de una iniciativa legislativa que no sólo pretende formalizar el mecanismo institucional para salir del pacto fiscal, sino sobre todo para pavimentar políticamente la precampaña electoral del gobernador. Como lo escribió el periodista Diego Petersen: “Para el gobernador la consulta resultó un mandato para ir a predicar por el país su evangelio federalista […] todos sabíamos que la consulta era una farsa política para que tuviera un asidero para iniciar una campaña a la presidencia”.
Más allá de la retórica federalista del gobernador, para una entidad federativa es poco menos que imposible abandonar el pacto fiscal mexicano, por más boyante que sea su economía. Ningún estado del país puede forzar a la Federación para que revise el acuerdo de coordinación fiscal vigente. La única instancia facultada para convocar a una convención nacional hacendaria —que es el mecanismo constitucional para revisar el pacto fiscal— es el gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda, de suerte que se antoja complicado que un gobernador pueda hacer algo que realmente amerite. Ya se verá.
Hasta antes de que desapareciera la llamada Alianza Federalista existían condiciones mínimas para que el reclamo federalista se hiciera escuchar en México. Tras el triunfo de Morena en la mayoría de las gubernaturas del país, el frente de gobernadores de oposición se desvaneció por completo. Con una abrumadora mayoría oficialista de gobernadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) recuperó su carácter de instancia de representación política de las entidades federativas del país, incluso por encima del Senado de la República. Por alguna razón incomprensible, el gobernador de Jalisco anunció que dejaría de participar en la Conago, aislándose del único espacio de interacción con otros gobernadores. Con esta polémica decisión el gobernador desaprovecha la oportunidad de sumar a otros estados a su causa federalista.
Jalisco, como un estado que históricamente ha reivindicado el federalismo mexicano, cuenta con la legitimidad para proponer que se revisen los términos del arreglo fiscal mexicano. Sin embargo, la aspiración política detrás del reclamo federalista compromete una loable causa que no debería de usarse con fines electorales. El exacerbado centralismo fiscal debería ser razón suficiente para convocar a todos los gobernadores del país, sin importar su filiación partidista. La consulta popular sobre el pacto fiscal fue una buena idea mal implementada.
David Gómez Álvarez
Académico de la Universidad de Guadalajara
1 La consulta popular impulsada por el gobernador del estado de Jalisco se llevó a cabo durante cuatro fines de semana, del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2021. La pregunta fue: “¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del Pacto fiscal?”.