“Siempre agradecida, presidente, por los beneficios que trae a Sonora. Y ahí le encargo, si se puede, para Cajeme algún recurso. Y lo que se pueda para mis setenta municipios: ahí, poquito porque son chiquitos. Lo que caiga es bueno. Pero sí es importante. Una obrita por ahí, la que ustedes decidan. Siempre son bienvenidas.”, dijo Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, durante un evento realizado el pasado 4 de octubre.
La inconformidad en contra del tono empleado por la titular del Ejecutivo local brotó como reclamos en redes sociales y reseñas poco halagadoras en medios de comunicación digitales. Un día después, vía Twitter, Pavlovich comunicó: “Lo cortés no quita lo valiente. Aunque ayer en lo público hice una solicitud de forma coloquial que reconozco no estuvo a la altura de los sonorenses y por lo cual ofrezco una disculpa a quienes se sintieron ofendidos, quiero precisar lo siguiente…”. Y, como se dice en esa red, abrió hilo y refirió un documento entregado al presidente, con más de ciento setenta proyectos equivalentes a más de 3000 millones de pesos (si fueran todos apoyados, por supuesto).
En Sonora, la renovación de la gubernatura está a la vuelta del año. Se presentará en un contexto económico estrecho, después de un quinto año gubernamental enfrentando la pandemia y el incremento en la percepción de inseguridad. Así, pareciera que acá en Sonora el federalismo se define pensando en los votos que llenarán las urnas.
Ilustración: Raquel Moreno
La actual administración viene de las filas del partido tricolor y sucedió al mandato del panista Guillermo Padrés. Simplificando, este gobierno es un espacio local recuperado por el PRI algún tiempo después de que recuperara la Presidencia de la República. Y recuperó la entidad con la bandera de la lucha contra la corrupción de la administración que le antecedía.
Hace unos cinco años, parecía que Sonora aportaría a la orquesta nacional precisamente en esos rubros: la transparencia, el combate a la corrupción, la integridad. Algunos primeros trazos comenzaron a tomar color y se armaron algunas comisiones internas; en febrero de 2016, la titular del Ejecutivo asumió, en la Conago, la coordinación de la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas. Pero de aquel tambor de batalla poco se escucha ahora.
En estos años de administración, la corrupción que entonces parecía tan clara, contundente y reprochable, fue quedando —como suele suceder— al fondo de la bandeja de pendientes. Puede que se haya transformado en algunas carpetas de investigación, pero definitivamente en pocas sentencias. Se diluyó aquello, y la pandemia clausuró las posibilidades de repuntes.
El quinto año de gobierno estatal —donde la maquinaria debe estar ya bien acoplada y “se echa toda la carne al asador” como último gran esfuerzo para colocar las piezas en el tablero de la transición— fue el año del covid. Además del dolor de las muertes causadas por el virus, y las diversas consecuencias del contagio, ya no hubo demasiado margen de maniobra para lo electoral y lo que vendrá después. El gobierno local, como todos en el mundo, improvisó para resolver lo inmediato y urgente; sobrevivió, salió a flote. Por tanto, ¿qué puede aportarse en la discusión centro-periferia?
Por supuesto que la situación no se reduce a lo monocromático. Hay matices. Y, como suele suceder, dependiendo a quién se le pregunte podrá valorar más o menos los realizado en la arena gubernamental. Quienes están a favor, claro está, señalan premios, menciones, victorias.
Como sucedió en muchos otros estados, la ola de Morena saturó los escaños del congreso local en las elecciones de 2018. Se apostaba doble contra sencillo que la Legislatura sería un claro contrapeso del Ejecutivo y que la agenda para la segunda mitad del mandato sería marcada por quienes elaboran las leyes.
En aquel momento, incluso la estrategia de la clase política dominante se tradujo en una serie de reformas constitucionales presentadas, acordadas y aprobadas apresuradamente en el verano de 2018. Si bien en la exposición de motivos se argumentó la adopción de buenas prácticas, o el interés por ser una referencia nacional, lo obvio es que el grueso del contenido estructuró mecanismos para asegurar el predominio del Ejecutivo. En mi lectura, ahí se ensayó una estrategia que los gobiernos locales enfrentados con una línea presidencial trazada por un Legislativo local afín podrían implementar. Esa pudo ser una aportación a la reconfiguración federal.
Pero el tiempo alcanzó. Sea por labores finas de conciliación y acuerdo que escaparon a la vista del ciudadano, o por la clara falta de experiencia y pericia de quienes se hicieron de una curul más por una tendencia nacional que por el esfuerzo individual, el ritmo local siguió marcándolo la gubernatura. Para quienes así lo quieren ver, aquí hay una victoria.
Sin embargo, el experimento tampoco resultó demasiado exitoso. No aportó en el tema de la reconfiguración de balances, ni en el de la transparencia. Como botón de muestra, téngase en claro que dentro de la serie de reformas constitucionales se modificó el mecanismo para la integración del Pleno del órgano garante del acceso a la información. Ya que parecía salirse de lo pautado por la constitución nacional, el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. En términos prácticos, la innovación normativa ha atascado la renovación de quienes debieran apuntalar la transparencia de la entidad, en detrimento de su legitimidad. Así la actualización del tambor batiente, la bandera de llegada de la presente administración.
En el mismo tema, ese que encierra el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, otras son claras buenas noticias. En mayo, Sonora destacó por tener la única instancia de fiscalización en el país que realizó cuatro auditorías en tiempo real vinculadas a los gastos derivados de la atención al covid-19. A petición del gobierno del estado, el ISAF (siglas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización) implementó estos ejercicios a Servicios de Salud de Sonora, la Secretaría de Desarrollo Social, la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo. Todo se sabe por un estudio de Transparencia Mexicana.
Hay quienes dicen que la lista puede ampliarse: un par de reconocimientos del INAI, algunos escaños en algún ranking de importancia. Pero hay voces críticas que ven a un gobierno como cualquier otro, logrando apenas terminar. Estas voces, por ejemplo, explican aquello de “lo que se pueda para mis municipios […] lo que caiga es bueno” no como una expresión coloquial, sino como un intento extremo por allanar el camino y adquirir tranquilidad para lo que venga.
El presidente ha visitado Sonora unas diez ocasiones. Si lo comparamos con otras entidades, la cantidad puede no ser muy llamativa; pero acá, entre los (muy seguros) contendientes a la gubernatura, se cuenta además a un ex secretario del Gobierno Federal. Y no cualquiera, o alguno encargado de un tema menor: el de Seguridad. ¿Será una presencia orquestada?
Sonora cerró el año pasado con los terribles acontecimientos de la familia LeBarón, en la Sierra Madre Occidental cerca del límite con Chihuahua. Este año, la inseguridad de Caborca, municipio al noroeste de la entidad, repuntó de manera significativa; Cajeme, municipio céntrico y claro peso específico en la entidad, ha visto cómo se deteriora su ya crónica inseguridad. En todos lados el común denominador es el crimen organizado. En este tema, ¿puede más un gobernador que un secretario federal? Si el puesto queda en la misma persona, podremos configurar una respuesta.
Total, aquí el federalismo parece estar por detrás de lo que implica la próxima elección. Y no es que quiera interpretar en términos superlativos lo que comienza a ser la llamada Alianza Federalista —pero algo eventualmente cambiará. Y en esa historia Sonora no parece tener la tranquilidad ni la posición para comprarse un lugar protagónico. Al tiempo.
Victor S. Peña
Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.