En México y varios países del mundo, la pandemia ha evidenciado la necesidad de contar con mejores esquemas de protección social que amortigüen la pérdida de empleo (o ingreso) provocada por las medidas sanitarias requeridas. Estos esquemas de protección social tienen como objetivo reducir riesgos económicos, así como atender las situaciones de vulnerabilidad o pobreza. Por un lado, algunos de estos esquemas de protección social ya existían y han servido ante las afectaciones de la pandemia, como los seguros de desempleo —que apoyaron a la población que generalmente perdió su trabajo formal—, o los programas de transferencias monetarias —que llegaron a quienes tenían menores ingresos, sobre todo cuando eran focalizados—. Por otro lado, también hay esquemas que fueron creados durante la pandemia: como el subsidio temporal de salarios o la implementación de bonos extraordinarios.
México destaca por ser un país que no contaba con un seguro de desempleo —si bien el retiro de fondos de ahorro puede ser equivalente—, y en el que los programas sociales tenían una cobertura más amplia que la media en América Latina y el Caribe. En cuanto a las medidas nuevas, el gobierno federal adelantó los pagos de algunos programas sociales existentes, otorgó microcréditos y, recientemente, anunció apoyos a familiares de personas fallecidas por covid-19. Todas las anteriores son medidas necesarias, pero insuficientes para aminorar el efecto económico de la crisis. Por su parte, 26 entidades del país adaptaron o crearon 126 programas de apoyos económicos —aunque, de una tercera parte, la información sobre sus montos, entre otras características, no era pública.
Los mecanismos de protección social en el país —en su combinación de seguridad social contributiva asociada al empleo y de programas de asistencia social (como la pensión para personas adultas mayores)— no tienden a variar tanto entre entidades, pero sí lo hacen sus coberturas (tanto sobre la población en general como sobre la población con mayores carencias sociales). En esta entrada analizo la trayectoria de la cobertura de protección social que tenía la población ocupada antes de la pandemia en las entidades y, posteriormente, comparo esta información con los aumentos de la pobreza laboral en el tercer trimestre de 2020. Este contraste permite argumentar que es necesario continuar atendiendo los rezagos estructurales en entidades del país con alta prevalencia de pobreza (como Chiapas, Guerrero y Oaxaca), pero también las nuevas afectaciones que han surgido tras la pandemia: en especial, a las personas que quizá antes no vivían en pobreza, pero que estaban en vulnerabilidad ante una afectación económica como la que vive el país y que no cuentan con esquemas de protección social (como parece estar pasando en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala).
Ilustración: Daniela Martín del Campo
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La población ocupada del país, que es la que tiene un empleo remunerado o trabajo independiente, ha sido especialmente afectada por la crisis: ha tenido que dejar de trabajar por no poder acudir a sus centros laborales, por tener que realizar actividades de cuidado ante el cierre de escuelas y guarderías, o hacerlo por menos tiempo ante las limitaciones de aforo, así como por cambios en el consumo de las personas. Esto ha disminuido la cantidad de personas que forman parte de la población ocupada (4.2 millones menos en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el tercer trimestre de 2019). Ahora bien, la población ocupada puede acceder a dos esquemas principales de protección social. Por un lado, uno vinculado a la seguridad social contributiva en la que, entre otros beneficios, hay una aportación a fondos de ahorro que pueden ser dispuestos en caso de desempleo. Este sector, no obstante, no ha sido tan afectado durante la pandemia pues la disminución de la población ocupada ha sido mayoritariamente en las personas que no tenían seguridad social; por ejemplo, del tercer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020, hay 11.42% menos personas ocupadas sin seguridad social vs. 0.98% menos personas ocupadas con seguridad social. Por otro lado, la población ocupada puede ser beneficiaria de algún programa social, como los de transferencias monetarias (protección conocida como no contributiva, financiada con impuestos o asistencia social). Aunque la población ocupada puede no ser la que reciba el programa directamente, alguien más en su hogar puede hacerlo y, con ello, tener un ingreso asegurado ante afectaciones económicas como las de la pandemia. Algunas personas de la población ocupada podrían tener ambos esquemas, mientras que otras podrían no tener ninguno.
Con datos trimestrales de la ENOE que realiza el INEGI, que es la principal fuente de información sobre el mercado laboral, la gráfica 1 muestra qué porcentaje de la población ocupada estaba en cada una de las cuatro categorías anteriores en el primer trimestre de cada año en el periodo de 2013 a 2020. En la mayoría de las entidades (veinticinco), lo más común era que la población ocupada no contara con algún esquema de protección social; en el resto (siete), lo más frecuente era tener un empleo con seguridad social. Por su parte, Chiapas, Guerrero y Oaxaca habían tenido una ampliación de beneficios (directos o indirectos) a la población ocupada a través de la asistencia social, pero habían disminuido su cobertura a inicios de 2020 (si bien los montos podrían ser mayores o estar mejor focalizados). Además de estas tres entidades, otras ocho habían aumentado la proporción de la población ocupada sin algún esquema de protección en el periodo de 2013 a 2020. Con la excepción de Coahuila, la pandemia llegó a entidades en las que al menos una de cada tres personas ocupadas no contaba con protección social de ningún tipo (la mayor cifra estaba en Morelos con el 57.5%). Aunque la protección social todavía estaba lejos de los niveles deseables en todas las entidades del país (tanto en cobertura como en suficiencia), también es cierto que hay entidades que notoriamente estaban todavía más lejos de alcanzarlos.
Gráfica 1. Protección social de la población ocupada en México al primer trimestre del año, 2013-2020
A diciembre de 2020, todavía no es posible conocer el impacto que ha tenido la pandemia sobre la población ocupada que contaba con asistencia social; por tanto, aún no es posible conocer en qué categoría estaban las personas que perdieron su empleo u ocupación, así como la medida en que ha cambiado la composición de la población ocupada por su protección social. No obstante, sí es posible conocer en qué entidades hay mayor pobreza laboral; es decir, en qué entidades hay un mayor aumento en la “proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo”. Para ello, la gráfica 2 visualiza el aumento en puntos porcentuales de la pobreza laboral en el tercer trimestre de 2020 con respecto al tercer trimestre de 2019, y lo compara con el porcentaje de la población ocupada que no contaba con algún esquema de protección social (la línea rosa de la gráfica 1) en el primer trimestre de 2020. Asimismo, esta gráfica agrupa a las entidades en cuartiles de pobreza laboral en el tercer trimestre de 2020 (cada color/tamaño de los círculos contiene al 25% de las entidades, ordenadas de menor a mayor pobreza). Si la población que no contaba con protección social (la mayoría de la población ocupada) y sus hogares son quienes ahora están en pobreza laboral, no habrían sido beneficiadas con algún esquema que compensara la pérdida de sus ingresos.
Aunque cada entidad es una historia diferente en términos de protección social y afectación económica laboral por la pandemia, es posible dividirlas en cuatro grupos. El primer cuadrante, el superior derecho, está conformado por las entidades con una proporción de la población ocupada sin protección social por encima de la media, así como por ser de las entidades que tuvieron los mayores aumentos en pobreza laboral (de forma clara: el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala). Estas entidades tenían una gran parte de la población en situación de vulnerabilidad y, lamentablemente, han tenido un aumento más grande de la pobreza laboral. Estas entidades requieren fuertemente de algún esquema que compense ingresos de la población, máxime por ser algunos de ellos estados en los que vive una gran parte de la población del país y por tener de las mayores proporciones de población en pobreza laboral.
El segundo cuadrante (el superior derecho) está integrado por entidades que tenían una proporción de la población ocupada sin protección social por debajo de la media (es decir, una mayor protección social), pero que han tenido un aumento de la pobreza laboral por encima de la media. En este grupo están las entidades más afectadas en términos de ingresos laborales (Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora). Si bien estas entidades contaban con mejores coberturas de protección social, aún así hay una gran parte de la población ocupada que no contaba con ella. Si estas personas y sus hogares son las que entraron en pobreza laboral, no habrían sido beneficiadas de estos esquemas que ayudarían ante la pérdida de ingresos. El caso de Quintana Roo es preocupante pues es la entidad con el mayor aumento de la pobreza laboral y ya forma parte del tercer cuartil con la mayor proporción.
En el tercer cuadrante (inferior izquierdo) están las entidades con mejores coberturas de protección social de la población ocupada con respecto al resto, así como con un menor aumento de la pobreza laboral. Son el grupo de entidades que tenían una mejor situación antes de la pandemia y que no han sido tan afectadas en cuestión de ingresos laborales. Finalmente, en el cuarto cuadrante (inferior derecho), están las entidades con bajas coberturas de protección social de la población ocupada y con menor aumento de la pobreza laboral. En este grupo incluso hay cuatro entidades con menor pobreza laboral (Michoacán, Morelos, Oaxaca y Zacatecas).
Gráfica 2. Población ocupada sin protección social y (aumento de la) pobreza laboral
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La diversidad de las coberturas de protección social y necesidades concentradas en las entidades del país vuelve necesario diseñar e implementar intervenciones que tengan en consideración estas diferencias para otorgar mayor presupuesto, disminuir requisitos o comenzar programas nacionales. Como lo muestra la gráfica 1, algunas expansiones de protección social previas a la pandemia claramente tuvieron como objetivo lo anterior al llegar con mayor prioridad a personas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. No obstante, la pandemia parece estar afectando principalmente a otras entidades (quizá por su tipo de economía o la intensidad con la que la han vivido). Esto requiere continuar con las intervenciones que atiendan los problemas de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad estructurales en las tres anteriores entidades, pero también comenzar a atender las nuevas afectaciones que está creando la pandemia.
Si bien podría ser deseable la consolidación de esquemas amplios, universales y suficientes para la población, hay restricciones en todo momento que hacen necesario priorizar. Hoy en día, hay un porcentaje de la población que ha disminuido sus ingresos por la pandemia y que requieren de un apoyo gubernamental que les permita mantener niveles dignos de vida. Asimismo, hay algunas entidades que, por la forma en la que ha impactado la pandemia, requieren con mayor urgencia estas medidas. Algunas de ellas son el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como Quintana Roo. Con vacunas que aún están a meses de llegar a la mayor parte de la población, y con una reactivación económica que no sucede del todo por las limitaciones a la movilidad todavía existentes, no es tarde para considerar alguna intervención de protección social —como un programa de transferencias—: máxime al haber poblaciones que lo requieren de manera urgente, así como entidades con mayor apuro ante el aumento de la pobreza laboral.
Pablo de los Cobos
Investigador asociado del CIDE.