Las elecciones del próximo 6 de junio pondrán a prueba a las instituciones electorales, partidos, gobiernos y sociedad. Por el enorme número de cargos que se eligen y la complejidad técnica y política que involucran, estará en juego la cooperación y coordinación entre órganos electorales federales y locales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. La capacidad de los partidos para procesar las ambiciones de las y los aspirantes a los cargos en disputa, evitando rupturas, los colocará en múltiples encrucijadas para cumplir con sus propias normas internas y las electorales; mientras que los gobernadores y presidentes municipales principalmente tendrán que resistir la tentación de usar los recursos a su disposición para favorecer a los partidos de los que emanan y a los candidatos que buscan cobijar. Los ciudadanos estaremos a prueba para consolidar las elecciones como proceso de rendición de cuentas y como el instrumento para castigar o premiar a los gobernantes por su desempeño. A final de cuentas, lo que está en juego es la calidad de nuestras elecciones, no su carácter democrático.
Existe un acuerdo general en la literatura sobre la importancia de las elecciones para la democracia, pero fue Robert Dahl quien puso el acento en el tipo de elecciones al señalar que “si aceptamos la conveniencia de la igualdad política, entonces todo ciudadano debe tener una oportunidad igual y efectiva de votar; y todos los votos deben contarse como iguales” (Dahl, 1999:110). De lo anterior se deriva que, si bien no son sinónimos de democracia, las elecciones libres —no cualquier elección— constituyen uno de sus requisitos fundamentales. Así, la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos; el piso de cualquier democracia son las elecciones libres, limpias, justas, transparentes e íntegras, de ahí su relevancia.
Ilustración: Jonathan Rosas
La expansión del número de democracias en el mundo, o la transición hacia ella —como fue el caso de México— hizo posible pasar de la preocupación por la celebración de elecciones democráticas a evaluar su calidad. Este es precisamente el propósito del enfoque de integridad.
Para medir la integridad de las elecciones en México, contamos con la Encuesta a expertos de Percepciones de Integridad Electoral a nivel subnacional (PEI Subnacional México). Esta encuesta mide el grado en que “cualquier elección está basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, reflejados en estándares y acuerdos internacionales y que es profesional, imparcial y transparente en su preparación y administración a lo largo de todo el ciclo electoral” (IDEA, Deepening Democracy: a strategy for improving the integrity of elections worldwide, 2012).
La Gráfica 1 compara la percepción en cuanto a los niveles de integridad de las elecciones federales de 2012 y 2015 con las de gobernadores entre 2015 y 2017. Según se observa, la percepción de la calidad de las elecciones locales está siempre por debajo de las federales en todas las etapas. Al observar los indicadores específicos, entre los mejor evaluados —sobre todo a nivel federal— está el conteo de votos en primer lugar, seguido del padrón electoral y, en tercer lugar, los procedimientos electorales. Esto es resultado de la consolidación de los órganos electorales en México que se ha traducido, sin duda, en una alta profesionalización y fuerte capacidad para garantizar que más de 96 millones de ciudadanos estén en posibilidad de acudir a las urnas el próximo 6 de junio, en un proceso pacífico, bien organizado y, sobre todo, confiable.
El reto organizativo a nivel local es, sin embargo, mayor. El enorme número de cargos a elegir, que incluye 15 gubernaturas, y congresos locales, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, hará muy compleja la coordinación entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales a la que están obligados por ley desde la reforma política de 2014. Las disputas y desacuerdos entre estos dos niveles de órganos electorales, por vacíos en la ley o sobrerregulación, tendrá que dar paso a acuerdos funcionales que privilegien los principios democráticos. Lo que dificulta este proceso es el cuestionamiento aún muy presente de la legitimidad de los órganos electorales locales. Como muestra la misma gráfica, el nivel de integridad de las autoridades electorales locales está mal valorado, con una calificación de 45 puntos porcentuales en promedio, frente a la calificación promedio de 70 % del INE en las dos elecciones (en una escala 0-100 %).
Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Integridad Electoral a nivel subnacional en México https://www.electoralintegrityproject.com/. Nota: escala de 0-100 %.
La gráfica también muestra los procesos con mayor déficit de integridad. El financiamiento de campañas es la fase peor evaluada por los expertos, con una calificación de tan solo 29 puntos porcentuales en las elecciones locales de gobernador 2015-2016. Entre los aspectos críticos de esta etapa sobresale el uso de recursos públicos, que a nivel subnacional suele ser muy común. Las mediciones muestran que este tipo de malas prácticas electorales fue particularmente pronunciado en Chiapas, Estado de México y Nuevo León. Otro aspecto mal evaluado es el de las finanzas partidistas, que suelen ser muy poco transparentes.
Desafortunadamente, las malas prácticas electorales, entendidas como la manipulación de los procesos y resultados electorales con el fin de sustituir el interés público por el beneficio personal o partidista (Birch, 2011: 14), suelen ser el resultado del cálculo que se realiza entre costos y beneficios. La manipulación electoral está moldeada por las alternativas que tienen los actores: los recursos disponibles, la efectividad de las alternativas y los costos directos (financieros y organizacionales) e indirectos (políticos, reputacionales y sanciones formales). Si los costos de violar la ley son bajos, y no hay castigos ni formales ni informales, y los beneficios son altos y efectivos, los actores optarán por la manipulación. La compra de votos y coacción de votantes, alteración del registro de votantes, uso de recursos públicos, y recursos de procedencia ilícita, e influencia del crimen organizado, son sólo algunas de las malas prácticas electorales más comunes a nivel subnacional en México.
Así, es difícil esperar que los partidos y gobiernos no opten por incurrir en malas prácticas electorales en las contiendas de 2021, pues la actual Ley General de Delitos Electorales abarata en muchos sentidos el costo de manipular las elecciones. Pese a que incorpora castigos de cárcel y pecuniarios altos para una multiplicidad de delitos, dichos castigos no afectan en lo sustantivo el desarrollo de las campañas. En la mayoría de los casos, las denuncias ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales siguen su propio camino judicial, esto es, mientras corre la investigación, los partidos y candidatos pueden seguir en la contienda.
Otra etapa crítica del proceso electoral es la cobertura de medios de comunicación. Según los datos de la Encuesta PEI Subnacional México, el nivel de integridad electoral de esta fase es de 38 % a nivel subnacional, y de 57 % a nivel federal. Los expertos han señalado problemas serios a nivel local en la falta de cobertura balanceada de los periódicos, y el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación, así como sesgos en la cobertura televisiva en favor del partido del gobernador.
Los datos más recientes de integridad electoral 2018 confirman las tendencias antes descritas. Esto es, mayor calidad en las elecciones federales que en las locales. Las etapas críticas siguen siendo las mismas, aunque en algunos estados se registraron avances en el índice general de integridad electoral respecto de las elecciones locales previas. Así sucedió en el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Nuevo León que se acercan o rebasan los 65 puntos porcentuales, frente a los 60 de la elección federal presidencial.
El próximo año será decisivo para la consolidación de las elecciones como instrumento privilegiado de rendición de cuentas a nivel subnacional. Estará en juego la capacidad de todos los actores —gobiernos, partidos, autoridades electorales y votantes— para hacer de este llamado “piso básico de la democracia” la punta de lanza en la consolidación de este sistema político en todos los rincones del territorio. Los obstáculos no son menores y la fuerza de la costumbre pesa en contra de los buenos propósitos. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y hacer de esa jornada un ejemplo de civilidad e integridad.
Irma Méndez de Hoyos
Profesora-Investigadora Flacso México
Coordinadora de la Encuesta de Integridad Electoral subnacional en México
Referencias
Birch, Sarah (2011). Electoral Malpractice, Oxford, Oxford University Press.
Dahl, Robert. 1998. La democracia. Una guía para los ciudadanos; España: Ed. Taurus.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2012). Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide, Ginebra, IDEA-Kofi Annan Foundation
Encuesta a expertos de Percepciones de Integridad Electoral a nivel subnacional en México https://www.electoralintegrityproject.com/ .