El rompimiento de la Conago en cuatro actos

Nuestros gobernantes son actores políticos, no sólo por rimbombancia académica, sino por su capacidad de montar verdaderas obras dramáticas. El 7 de septiembre, los 10 gobernadores que conforman la “Alianza Federalista” anunciaron su salida de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago). Para los protagonistas, el acto es, por decir lo menos, una cita con la historia; para los detractores, un berrinche monumental.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y voz principal de los gobernadores renegados, señaló que para nada les mueve el berrinche o antagonizar al presidente, sino “defender la idea de la nación” a través del federalismo. Por su parte, el presidente sólo respondió: “Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño, creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatoria y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad”.

¿Dónde se ubica la línea entre la resistencia y el berrinche? Lejos de las declaraciones tanto de Alfaro como de López Obrador. Es cierto que este gobierno federal ha sido bravucón con los gobiernos estatales, pero también cuesta entender cómo romper una mesa de diálogo fortalece la colaboración.

Ilustración: Belén García Monroy

El montaje

Lo que se manifiesta en el fondo es un montaje que se remonta al inicio de este gobierno –¿alguien recuerda las conspiraciones sobre el presidente y la escasez selectiva de gasolina con el pretexto del combate al huachicol?–. Una obra que ganó intensidad con los rumores de la salida del Pacto Fiscal a través del movimiento en redes sociales #Nortexit. Pero el análisis que nos importa no ocurre de cara a los reflectores, sino tras bambalinas. De entrada, tanto el desplante de los gobernadores como el desdén del presidente al respecto no es sino una estrategia meramente electoral.

Tabla 1: Integrantes de la Alianza Federalista

Casi todos los gobernadores de la Alianza dejarán sus puestos entre 2021 y 2022; es difícil pensar que busquen fortalecer el pacto fiscal para una gestión que ya no encabezarán. Por otro lado, están en el momento de su gestión en que ya no tienen nada que perder. Sea porque su carrera termina —es el caso de Jaime Rodríguez—, o porque necesitan aumentar su aprobación para que sus partidos y grupos mantengan el poder.

Alejandro Moreno publicó en El Financiero un análisis que utiliza la aprobación presidencial como predictor del voto de Morena. En 14 de las 15 entidades que cambian de gubernatura el próximo año el presidente tiene mejores porcentajes que el gobernador, lo que le daría casi un carro completo a su partido. En su escenario más conservador, la encuesta habla de nueve gubernaturas para Morena y seis para otros partidos. Incluso este resultado implicaría que la mitad de los gobernadores sería del partido del presidente.

No obstante, esas estimaciones no garantizan nada para nadie. Después de todo, Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, es de Morena y amigo del presidente –y no tiene empacho en confrontar la estrategia de salud del gobierno federal.

Los gobernadores dicen defender el federalismo; el presidente insinúa que el enojo de los gobernadores se debe a que el gobierno federal ya no se presta a la corrupción. Nosotros insistimos en que lo que todos hacen es montar una obra que gana aplausos: los cuatro gobernadores que más aumentaron su aprobación forman parte del grupo “disidente”. Aunque el ridículo atraviese los hechos, esta obra augura ser más una tragedia que una comedia: está claro que no terminará bien.

El libreto

El libreto de los gobernadores dice que les dan menos dinero del que deberían recibir. Dice, también, que es momento de tomar el toro por los cuernos y administrar el dinero que recaudan. La realidad es que las aportaciones federales a los estados no han incrementado significativamente desde 2016. No es un tema que surgió con López Obrador, pero no le ha preocupado resolverlo. Más aún: ha estirado la liga de esta complicada relación.

Fuentes: Banco de México, Estadísticas Oportunas de la SHCP

De entrada, la política federal de austeridad ha afectado los ingresos de los estados. Por si fuera poco, la pandemia ha golpeado la recaudación de diversos impuestos estatales como la tenencia (si es que aún la tienen), los impuestos sobre la nómina, gravámenes sobre diversiones y espectáculos públicos, y los relativos al servicio de hospedaje.

La falta de apoyos federales por la crisis ha obligado a los estados a implementar sus propias medidas y, por lo tanto, depender de ellos mismos. Es decir, surgió la oportunidad de dejar de ser actores de reparto para volverse antagonistas de un presidente con obsesión de protagonismo.

Pero el detalle es que se trata de “rescatar” a los estados de la “indolencia” federal nada más. Cuando hablamos de recaudar dinero de los contribuyentes, esperamos garantías de que sabrán gastarlo con responsabilidad y transparencia. Es ahí donde el guión pega de lleno con la realidad.

El guión contra la realidad

Desde el mes pasado Baja California es el conejillo de indias de esta idea. El congreso de ese estado aprobó el dictamen 53, con el que se creó el Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda estatal. Esta aventura fiscal nace con muchos problemas. En principio, parece ser que el congreso del estado tomó atribuciones que no le competen dada la posible doble fiscalización de los contribuyentes y las funciones punitivas del organismo. Más aún: horroriza como ciudadano que los estados creen estos SAT locales sin mecanismos reales de transparencia. Así como a nivel federal existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), debería establecerse un organismo similar a nivel estatal. En la actualidad no existe ninguna discusión en Baja California sobre su creación.

También existe la posibilidad de que este nuevo organismo firme contratos con empresas privadas para recaudar. Durante 2020 el gobierno estatal ha auditado a distintas empresas y organismos federales, específicamente al Grupo Aeroportuario, por adeudos con el estado. De acuerdo a declaraciones del gobernador, se han recaudado 737 237 298 pesos como resultado de las auditorías a más de 400 empresas por sus adeudos de agua con el estado.

Estas auditorías no han sido realizadas por el estado, sino por la empresa privada Fisamex o Romafan S.A. de C.V.; su  contrato fue otorgado por el gobierno estatal mediante adjudicación directa. De lo recaudado, se estima que Fisamex obtuvo una ganancia de 147 447 459.00 pesos. Su contrato con el gobierno de Baja California tiene una vigencia por lo que resta del año. No es inaudito pensar que la misma empresa proveerá sus servicios al nuevo órgano.

El choque entre responsabilidades federales y estatales en materias ejecutivas y judiciales nos hace pensar que las entidades no están listas para cobrar impuestos. No lo decimos sólo por el caso de Baja California —aunque sí ejemplifica los enjuagues a nivel estatal. De llegar a romperse el pacto fiscal entre los estados y la Federación, los congresos locales tendrían que tomarse en serio fiscalizar a los gobernadores. Sin embargo, los hechos muestran que su vocación es más bien de utilería.

En los últimos años, la volatilidad y falta de escrutinio han provocado que  existan múltiples investigaciones y órdenes de aprehensión contra mandatarios anteriores. La aprobación de deuda sin el contrapeso de comisiones de responsabilidad fiscal y el desvío de fondos mediante adjudicaciones directas a empresas fantasma han demostrado que los congresos locales no son mejores que el gobierno federal para el manejo de los recursos públicos. Abrir sin más la puerta a la autonomía fiscal de los estados parece abrir la puerta a la corrupción de siempre, pero con menos trabas.

Ahora bien, en los diálogos de los gobernadores no sólo hay berrinches: hay un subtexto que resuena en la ciudadanía. Éste tiene que ver con la inercia del abandono federal –acentuado por la crisis sanitaria. Echar en saco roto estas quejas porque el gobierno federal lo puede todo traerá consigo un problema político: la radicalización de las posturas.

Colofón

El mal funcionamiento del gobierno, en sus distintos niveles, ha traído consigo un incremento de la polarización: así lo muestra un análisis de los últimos 20 años publicado por El Financiero. Al no haber soluciones institucionales,  termina instaurándose una dictadura del cansancio donde la ciudadanía alterna de gobernantes pero los resultados deficientes son constantes. Esto trae consigo una frustración que amplifica movimientos de verdadero rompimiento con federalismo, como el Partido de Baja California (PBC) o la República del Río Grande.

En cada elección se ofrecen las boletas como entradas a distintas obras de teatro —pero hace mucho tiempo que ninguna nos entusiasma, ni siquiera nos entretiene. Con las elecciones de 2021 a la vuelta de la esquina, parece que nuestros gobernantes, montados en la tarima, no escuchan los abucheos de una ciudadanía harta de teatro.

Luis Mendoza Ovando
Estudiante de la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas en el CIDE. Coeditor en la revista regiomontana Contextual MX.

Alberto I. Fragoso
Economista por el ITESM.