Campeche: sin dineros ni soberanía

El estado de Campeche no existiría sin el peculiar arreglo federal mexicano, pues es de los estados soberanos que dependen casi por completo de los recursos del gobierno central. Su incorporación oficial al simulacro de pacto federal se dio en abril de 1863, cuando el gobierno de Juárez ya estaba a punto de salir de la capital rumbo al norte, ante la inminente entrada de las tropas francesas. De hecho, la declaratoria de incorporación del nuevo estado se dio en la última sesión del Congreso de la Unión antes de la caída de la república.

Aunque la historia oficial establece como fecha fundacional el 7 de agosto de 1857, cuando fue proclamada la independencia de Yucatán por un grupo de políticos de la ciudad de Campeche, enfrentados a los de Mérida, en realidad la autonomía campechana no se hubiera concretado sin el cálculo del presidente Juárez de que la creación de la nueva entidad debilitaría las aspiraciones independentistas de Yucatán, que de hecho había estado separado de la Unión entre 1843 y 1848, cuando los yucatecos se vieron obligados a solicitar su reincorporación para conseguir apoyo del gobierno de México contra la rebelión maya que se conoce como la Guerra de Castas.

En 1847, las autoridades de la sedicente República de Yucatán, encabezadas por Santiago Méndez, gobernador oriundo de Campeche, se declararon neutrales en la guerra entre México y los Estados Unidos y cuando estalló la rebelión indígena clamaron por ayuda a los propios norteamericanos y a las autoridades coloniales españolas de Cuba, antes de recular y, contritas, pedir la intervención del ejército de Santa Anna para que reprimiera a los enardecidos mayas, rebelados contra el intento del gobierno yucateco de imponerles contribuciones personales.

Durante la época del Yucatán independiente y después, ya reincorporada la provincia a México, buena parte de los conflictos políticos locales se dieron entre los grupos de Mérida y los de la ciudad de Campeche, las dos principales del estado. En el conflicto entre liberales y conservadores que marcó los tiempos posteriores a la guerra con los Estados Unidos, los campechanos tendieron más a identificarse con el liberalismo, mientras la fuerte influencia clerical en Mérida marcó la mayor afinidad de sus élites con el conservadurismo, aunque las fronteras entre los grupos eran difusas y las lealtades políticas mutables.

La digresión histórica viene a cuento para decir que Campeche nunca hubiera existido como estado soberano de la República Mexicana si Yucatán no hubiera sido un integrante levantisco y separatista. Solo la decisión de Juárez de debilitar aquel independentismo recurrente consolidó la escisión, una más de las muchas que ocurrían en distintas regiones del país y de las que pocas concluyeron en nuevas fundaciones. No se entiende de otra manera que se reconociera como integrante de la Federación con personalidad propia a un territorio casi despoblado, de alrededor de 50 mil kilómetros cuadrados, la mayoría selváticos y con pocos medios para subsistir por sí mismo.

Ilustración: Víctor Solís

Desde la conquista de su autonomía, el estado libre y soberano de Campeche ha sido extraordinariamente dependiente del gobierno central. Si bien ha tenido auges económicos cíclicos, siempre dependientes de actividades extractivas —el chicle en la primera mitad del siglo pasado, el camarón entre las décadas de 1950 y 1970, el petróleo a partir de 1979— y ha tenido ciclos de producción agrícola próspera, como cuando durante la década de 1970 alcanzó el primer lugar nacional en la producción de arroz, buena parte de la población urbana del estado depende de las rentas estatales y se dedica a actividades improductivas.

El boom petrolero, que comenzó con la explotación del yacimiento Cantarell —nombrado por el apellido del pescador que lo descubrió—, tuvo mucho de maldición para el estado. Significó la depredación de la Laguna de Términos, reservorio de diversidad biológica de gran importancia, la destrucción de la pesca del camarón, anterior fuente de bonanza económica y base de la precaria industria congeladora local, y propició una entrada de recursos que fue utilizada para obras inútiles y destructivas, como la continuación del relleno de la costa de la ciudad de Campeche, que había comenzado durante la ola desarrollista de los años 50 y 60 del siglo XX. Al final de los años setenta, se reactivó el relleno que alejó la ciudad antigua de alto valor patrimonial del mar, para emprender un constructivismo degradante y horrible en la rivera, solo salvado por el enorme malecón que resultó.

Desde finales de la década de 1970, la economía de Campeche se volvió casi totalmente dependiente de la renta petrolera, al grado de que el 80.9 % del PIB estatal proviene de las transferencias de Pemex. Así, la fuerte caída de la producción petrolera llevó a una grave recesión al estado. Si bien en 2016 el PIB per cápita de la entidad era el más alto de todo México —lo cual no se refleja en los niveles de vida de la población—, sólo alcanzaba el 45 % de su valor en 2003, lo que equivale a una caída anual promedio de aproximadamente 6 %.¹ El comportamiento petrolero se refleja en el Ramo 28, ya que estos recursos se entregan a los estados de acuerdo con su actividad económica y a la recaudación y no tienen destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Sin embargo, si bien la actividad petrolera tiene lugar en territorio de Campeche, no depende de los incentivos económicos existentes en el estado, sino de la casualidad geográfica. De hecho, fue un acuerdo político el que permitió al estado que esos ingresos se contabilizaran en su haber.

Sin las transferencias y las participaciones federales, Campeche no sobreviviría. Baste ver que de los poco más de 21 000 millones de pesos de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019, 20 000 provenían de recursos transferidos por la Federación y sólo algo más de 1000 millones fueron producto de la recaudación propia. Prácticamente la única actividad económica no agrícola del estado es la construcción, en buena parte dependiente de los contratos para obra pública, la cual suele ser de ornato, como lo prueban las reiteradas ampliaciones y embellecimientos del malecón de la capital el cual, por cierto, es muy bello.

Sólo en los últimos tiempos el turismo ha adquirido cierta relevancia. Carente de playas del nivel de las del otro lado de la península de Yucatán, sólo a partir de la declaratoria de la ciudad de Campeche y la reserva de la biosfera de Calakmul como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en la última década del siglo pasado, y de las obras de rescate arquitectónico del centro y los barrios históricos y de reconstrucción de la muralla y las fortificaciones virreinales de la capital, a costa de transformar una ciudad viva en una maqueta, ha comenzado a llegar turismo a la entidad. Ahora, los contratistas y los incipientes empresarios turísticos ven con esperanza la obra del Tren Maya, mientras las comunidades indígenas están divididas entre las que se resisten a ver depredadas sus selvas y las que apoyan el proyecto.

La política campechana es una muestra superviviente de la tradición priista de los tiempos clásicos. Una burocracia clientelista, típico sistema de botín, y el reparto de las rentas estatales como mecanismo de apaciguamiento son sus rasgos más notables. Las redes de clientelas han mantenido el control del PRI en la mayor parte de la entidad. De manera paradójica, un estado sin industria fue durante años una de las cuotas electorales del sector obrero, por lo que entre 1985 y 1991 el gobernador fue el líder de la Federación de Trabajadores del estado de Campeche, Abelardo Carrillo Zavala, que provenía del Sindicato de Filarmónicos, pues había sido cantante de una sonora local.

A pesar de la marginalidad del estado, los políticos campechanos han sido importantes en el PRI nacional, pues tres de sus gobernadores han presidido el CEN del partido: Carlos Sansores Pérez, Rafael Rodríguez Barrera y, ahora, Alejandro Moreno Cárdenas. Leales y disciplinados como aprendieron a ser desde sus pininos políticos, los gobernadores campechanos nunca han estado al frente de ninguna rebelión local y han sabido acomodarse a los cambios nacionales de los últimos veinte años, al grado de que el ahora presidente nacional del PRI, gobernador de Campeche con licencia, ha sido acusado por sus propios correligionarios de condescendencia extrema con el actual presidente de la República y ha sido apodado "Amlito", modificación sarcástica del hipocorístico Alito, con el que se le conoce en su terruño.

Los cambios políticos vividos en el país durante el último cuarto de siglo se han reflejado en Campeche de manera meramente cosmética. Se han creado órganos autónomos sólo como trasuntos de los que se han desarrollado en el ámbito nacional, pero claramente subordinados al gobernador en turno y la pluralidad partidista es más aparente que real. Baste ver cómo antes de las elecciones de 2018 casi todas las dirigencias de los partidos distintos al PRI estaban controladas por leales del gobernador; los casos más notables fueron los del Partido Verde y del Partido Encuentro Social, aliados electorales en los comicios federales de López Obrador, pero que en Campeche eran dirigidos por personeros del ejecutivo local y postularon a priistas de toda la vida muy cercanos al gobernador en los primeros lugares de sus listas al Congreso local.

A pesar del férreo control tradicional de la política local por los gobiernos del PRI, partido que nunca ha perdido la elección de gobernador, el PAN ha ganado ya varias veces la alcaldía de Ciudad del Carmen y el actual alcalde de la capital proviene de Movimiento Ciudadano, postulado en coalición con el PAN y el PRD. Moreno Cárdenas logró, en 2018, mantener apenas la mayoría priista en el Congreso del estado, pero también Campeche se sacudió con el cataclismo electoral de entonces y Morena estuvo a punto de tener la mayoría de las diputaciones. Para las elecciones de 2021, cuando se dará una renovación completa de los poderes locales y los ayuntamientos, Morena lidera las encuestas para gobernador, aunque aún no está claro quién encabezará la candidatura. Es posible que la ungida sea Layda Sansores, hija del cacique estatal de los años setenta, Carlos Sansores Pérez. La hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, en Ciudad de México, fue por primera vez candidata al gobierno local aupada por López Obrador cuando éste acababa de llegar a la presidencia del PRD, en 1997 y le sacó un buen susto al PRI, partido por el que era senadora y que acababa de abandonar. Ahora iría por el cuarto intento, pero en los mentideros políticos locales se dice que la superdelegada del gobierno federal, Katia Meave, que no es de por ahí y no puede aspirar ella misma a la candidatura, está operando contra el regreso de la hija pródiga.

En las arduas batallas entre centralistas y federalistas de la primera mitad del siglo XIX se dice que Lucas Alamán sentenció: "dejémosles a los estados su soberanía, quedémonos con los dineros". La soberanía política de Campeche ha sido históricamente tan ficticia como su independencia fiscal.

Jorge Javier Romero Vadillo
Profesor-investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
Campechano.

¹ Barrios, D., et al., 2018. Campeche: Diagnóstico de Crecimiento.