En febrero de 2019, el gobierno federal anunció que, como parte de sus acciones en materia de política social, modificaría el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras (PEI). De ser un subsidio al funcionamiento y costo de guarderías para menores, se convirtió en un programa de transferencias monetarias incondicionadas. En su momento la decisión desató fuertes reacciones, pues las estancias cubrían necesidades de cuidado infantil para la población sin seguridad social, facilitaban la inserción laboral femenina, y promovían cierta corresponsabilidad en las labores de cuidado. A un año del cambio, ¿qué ha pasado con las mujeres que hacían uso de estos espacios?
Ilustración: Estelí Meza
La modificación de las Estancias Infantiles
Las estancias infantiles surgieron en 2007 con la finalidad de facilitar el cuidado de menores de cuatro años para mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social. Por un lado, el programa aumentaba el número de espacios de cuidado disponibles, subsidiando su funcionamiento; por el otro, incrementaba la demanda de estos servicios al cubrir gran parte de su costo. En un país donde el 56.5 % de las mujeres económicamente activas no tiene acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca servicios de cuidado infantil,1 el PEI llenaba un verdadero vacío.
Rápidamente se convirtió en un pilar de los servicios públicos de cuidado: para 2008 había sobrepasado al IMSS como principal proveedor de servicios de guardería y en 2017 atendía al 24 % de la población que recibía estos servicios públicos en el país (incluyendo en guarderías del IMSS e ISSSTE, escuelas preescolares, DIFs, entre otros). Si bien es cierto que el programa tenía estándares más bajos que el IMSS en cuanto a la calidad del cuidado, sí logró aumentar la probabilidad de que una beneficiaria estuviera empleada, incrementar el número de horas laboradas a la semana y, en menor medida, reducir el tiempo que las mujeres dedicaban al trabajo de cuidados.2
A pesar de esto, a inicios del año pasado, el presidente López Obrador anunció que, en aras de erradicar la corrupción e irregularidades en el funcionamiento del PEI, cambiaría su operación para, en efecto, convertirlo en un programa distinto. En línea con el tipo de programa que ha caracterizado su política social, el presidente anunció que anularía el subsidio a las guarderías. El dinero que antes se utilizaba para subsidiar el costo de atender a las mismas ahora “se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios” a las beneficiarias, para que ellas decidieran si querían seguir haciendo uso de las estancias, si preferían buscar cuidado por otras vías, o si asumían el cuidado dentro del hogar y utilizaban el dinero para cubrir otras necesidades.
Reacciones ante el cambio
El cambio, sin duda, tiene posibles beneficios. Facilita el desembolso de recursos y la administración del programa, pues ya no se tienen que inspeccionar estancias ni asegurar que el dinero se esté utilizando específicamente para los cuidados. Además, otorgar el dinero a las familias, sin condiciones para su uso, les puede permitir tomar decisiones que se ajusten mejor a sus necesidades particulares. Sin embargo, en un país en el que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras y donde suelen tener menores salarios y trabajos más precarios, es probable que la decisión de cómo utilizar este dinero no vaya dirigida a sostener la participación de las madres en el mercado laboral ni a mejorar la calidad de los cuidados para la primera infancia.
Las críticas llovieron. Algunas, denunciaban la austeridad machista de una medida que, por ahorrar dinero, deslindaba al Estado de sus responsabilidades de proveer protección social a la población y circunscribía el cuidado infantil a donde se le ha querido mantener: con las mujeres, en el hogar. En otras críticas, se resaltaba que el programa no sólo cumplía una función necesaria al ofrecer servicios de cuidado a mujeres que no tenían acceso a ellos, sino que además lo hacía para poblaciones desaventajadas económicamente y más desiguales en la distribución de trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. Se ponía en duda, pues, el compromiso del presidente de poner primero a los pobres.
A un año del cambio, ¿qué ha pasado con las beneficiarias?
El retiro de los subsidios que sostenían la operación de las estancias ha resultado en el cierre de muchas de ellas, con consecuencias palpables para la vida cotidiana de las mujeres y menores que antes las utilizaban. Incluso para quienes siguen recibiendo el beneficio, estos cierres han aumentado la dificultad de encontrar una guardería asequible. Sin embargo, fuera de casos anecdóticos, sabemos poco sobre lo que efectivamente ha ocurrido con el programa.
Una comparación entre los padrones de beneficiarias de diciembre 2018 y octubre 2019 muestra una reducción drástica en el número de madres apoyadas por el gobierno. Es decir, no sólo ha cambiado la forma de otorgar el beneficio, como se explicó en su momento, sino también el alcance y cobertura del mismo.
En la gráfica 1 se muestra que, en el último año, se redujo el número de municipios cubiertos por el programa en 23 de los 32 estados de la república y no se incorporó a un solo municipio nuevo. El estado de México, por ejemplo, perdió cobertura en 13 % de los municipios que antes recibían el programa; en Oaxaca, uno de los estados con menor cobertura para empezar, 23 municipios dejaron de recibir cualquier apoyo.
Para los municipios que sí siguieron en el programa, su cobertura disminuyó en más de la mitad. Mientras que, a finales de 2018, se atendía a un total de 321 726 mujeres a nivel nacional, 10 meses después eran sólo 169 742 beneficiarias. Esto implica más de 156 000 menores de cuatro años que ya no se sabe si —o cómo— están siendo cuidados.3 Evidentemente, esta reducción es mucho mayor a la que se daría naturalmente como resultado de que las niñas y los niños cumplan los cuatro años y dejen de ser elegibles para el beneficio. Además, es un recorte que se extendió a lo largo del país.
El estado de México, una de las entidades más afectadas por este cambio, pasó de tener más de 38 500 beneficiarias a poco menos de 13 900. Esto significó, en cada municipio, que el promedio de beneficiarias pasara de 316 a 114; es decir, se redujo en un 64 %. Incluso en entidades que no sufrieron una reducción en el número de municipios incorporados al programa, como la Ciudad de México, la disminución en el número de beneficiarias fue sustancial: para octubre de 2019, se atendían 7 590 mujeres menos que en diciembre del año anterior; en promedio, 474 mujeres en cada alcaldía se quedaron sin él. Estos son sólo dos ejemplos pero, como se observa en la gráfica 2, el corte fue similarmente tajante en otros lugares: en todas las entidades, se redujo el número de beneficiarias en al menos 25 %.
Finalmente, la figura 1 muestra que el apoyo a las madres ha sido efectivamente retirado. Apenas cinco municipios aumentaron el número de personas beneficiarias y sólo uno de ellos de manera sustantiva —Matamoros, Coahuila, pasó de tener 64 a 124 beneficiarias—. Únicamente 69 municipios se mantuvieron en el mismo rango de beneficiarias. En el resto, el programa disminuyó (86 %) o desapareció (9 %).4
Implicaciones
Las estancias infantiles eran una opción imperfecta: reforzaban el rol de las mujeres como principales cuidadoras al sólo ofrecer sus servicios a ellas, requerían una preparación subestándar por parte de las personas cuidadoras, se encontraban en espacios que no habían sido creados con esa finalidad y que, en algunos casos, habían mostrado corrupción. Empero, cubrían una necesidad concreta para miles de familias. Cuando el presidente anunció que el programa cambiaría de diseño, también se comprometió a seguir entregando los recursos, sólo que, ahora, de forma directa.
Los datos demuestran que esto no fue cierto. No sólo cambió la forma de entregar los recursos, sino también el número de mujeres que los recibían y, por ende, el número de niños y niñas cuyo cuidado era cubierto. Con estos datos, no es posible decir cuál ha sido el efecto de cambiar el subsidio por una transferencia monetaria para quienes hoy siguen siendo beneficiarias. Lo que sí se concluye es que muchas mujeres y menores ya no reciben cuidado infantil por parte del Estado y, como consecuencia, han tenido que distribuir estas responsabilidades de nuevas maneras, probablemente dentro del hogar y en los hombros de madres, niñas o abuelas.
La historia de este programa es muestra de algo mayor: las graves consecuencias de un sistema de seguridad social fragmentado, donde poco más de la mitad de la población tiene una ciudadanía a medias, pues sus derechos los debe recolectar a partir de programas dispersos que, en cualquier momento, le pueden ser retirados. Para realmente cumplir los derechos sociales de la población es imprescindible hacer más que repartir dinero: se necesita invertir en una infraestructura de cuidados que, junto con otros servicios, atienda a toda la población y que redistribuya entre el Estado, las familias y la sociedad la responsabilidad de cuidarnos.5
Natalia Torres
1 Tasa de informalidad laboral 2, Indicadores estratégicos, IV Trimestre 2019, ENOE.
Ver: Gabriela Calderón, “The Effects of Child Care Provision in Mexico”, Banco de México; y Gustavo Ángeles, Paola Gadsden, Sebastián Galiani, Paul Gertier, Andrea Herrera, Patricia Kariger y Enrique Seira, “Evaluación de impacto del programa Estancias Infantiles Para Apoyar a Madres Trabajadoras”, CIEE.
3 Cálculo aproximado con base en el número promedio de menores registrados por beneficiaria en el padrón de diciembre 2018.
4 Cambios en el rango de -5 a 5 % no se consideran como tales, puesto que se pueden deber a la pérdida o tenencia de elegibilidad de un menor.
5 Agradezco mucho a Christian Mendoza por introducirme y guiarme en el tema de los cuidados, por compartirme sus reflexiones y nutrir las mías y por la revisión de este texto.
El porque esa desatinada dirección ?? Porqué AMLO nació en el siglo pasado y su mentalidad ahí se quedó. Soñando con la historia de Morelos, Juárez y Cárdenas y bastante de Mesias y mayoritariamente de Tlatoani Azteca/Priista. Donde se ha metido AMLO ha sido para destruir y dañar quizá pensando que con su sola presencia y voluntad mágicamente se resolverian las cosas en menos de un año y todo mundo feliz y contento….los pozos petroleros se harían el doble de productivos por si solos, los delincuentes se harían buenos, sobrarian medicinas en el sector salud y las madres con niños en estancias infantiles saltarían de contentas por recibir un dinerito en lugar de un lugar donde dejar al retoño para irse a partir el lomo en el trabajo.
El tema de las estancias toma más relevancia hoy y lo hará mañana pero los que queremos vivir en un México mejor y justo para todos no hemos olvidado ese tema para nada y razones personales tengo para maldecir a este gobierno como a ningún otro por este tema en particular. Aqui estan pagando justos por pecadores…la fuerza y la energía del gobierno contra … las instancias infantiles….y abrazos y no balazos para los delincuentes.
Lo peor de todo es que muchas mujeres no se han dado cuenta de que la Caperucita roja que vive en Palacio Nacional es en realidad el Lobo Feroz……
El artículo fue un poco objetivo. Faltó más detalles como las capacitaciones que tenían las responsables, las asistentes por parte de DIF NACIONAL (que de paso sea dicho es un gran ausente en defensa del programa) pero a un año de haberse quitado hemos buscado alternativas para continuar, las que han sobrevivido al embate del gobierno y de los padres, prestando servicio con la misma calidad. La otra parte nunca fue probada la corrupción de las y los responsables y de los servidores públicos que tenían a cargo el sistema.